El pasado 9 de febrero, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) decidió revisar el estatus jurídico de los embriones criopreservados. El máximo organismo del Poder Judicial alegó un “vacío legal” sobre los mismos, una decisión que volvió a abrir el debate sobre el aborto legal en Argentina.
Ante tal decisión, la respuesta de los movimientos feministas y disidentes no tardó en llegar. Por eso, es importante reflexionar acerca de la importancia de que la Justicia sea alcanzada por la perspectiva de género, la lucha social de los movimientos feministas y las necesidades de la sociedad actual.
Nota al Pie se puso en contacto con Sofía Amarillo de Proyecto Generar para dialogar sobre la temática. Si bien la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada y puesta al servicio de la sociedad, aún es cuestionada por ciertos sectores. Es por ello que desde los feminismos luchan por una reforma judicial feminista.
Para Sofía, poder cuestionar este fallo es importante porque “lo que se esconde detrás es una respuesta directa que hace la Corte Suprema a los movimientos feministas”.
Días antes de esta decisión, Proyecto Generar y otras 235 organizaciones feministas de todo el país dieron su apoyo al juicio político a la Corte. Se trata de “una nota a la Comisión de juicio político de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación apoyando a que se dé curso a ese proceso”.
En este sentido, agregó: “creemos que esta Corte es la cabeza de un Poder Judicial sumamente patriarcal, sumamente clasista y misógino que no responde a nuestras demandas”.
¿Por qué se discute desechar embriones criopreservados?
El argumento de la Justicia alega un “vacío legal” respecto a interrumpir la conservación de embriones no implantados. Sin embargo, un debate social que inició en 2018 terminó convirtiéndo en ley una necesidad para las mujeres y cuerpos gestantes a fines de 2020.
El caso en concreto es el de una pareja separada que decidió dar paso a interrumpir la preservación de tres embriones congelados: es decir, aún no están implantados. La institución clínica les pidió una solicitud judicial para poder hacerlo, por lo que no pueden dar marcha atrás con la decisión de terminar la criopreservación de los embriones.
Los hechos ocurrieron en el año 2015, aunque la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo que regula el aborto hasta la semana 14 se aprobó recién en 2020. Sin embargo, la jueza de primera instancia rechazó el pedido de les demandantes. Lo cierto es que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un embrión tiene derecho a su preservación una vez implantado, pero no antes como en el caso en cuestión.
Esto es fundamental porque “pueden sentar un precedente que sea contrario a la Ley 27.610 que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo, es un ataque directo y pone en riesgo el derecho de todas las personas gestantes a abortar”, remarcó Sofia.
Para ahondar un poco más, explicó que esta discusión ya fue resuelta con la aprobación de la Ley, pero mucho antes lo hicieron los tratados internacionales “en el fallo Artavia Murillo, donde se cuestionaba también dónde empezaba el derecho de la vida que estaba garantizado por el artículo 4 de la Convención de Derechos Humanos”, sostuvo.
Ese fallo fue importante porque se sentó un precedente donde relativiza la protección que debía dársele a los embriones que hasta tanto no fueran implantados, y toma aún más relevancia teniendo en cuenta que los tratados internacionales, incluida la Convención de Derechos Humanos, tienen carácter constitucional en nuestro país.
De esta forma, como explicó Amarillo, tomando en cuenta ese antecedente y junto a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, la discusión no debería existir. “Es volver a poner en debate todo lo que discutimos en el año 2018 y poniendo en riesgo, el derecho al aborto”, remarcó.
Hacia una reforma judicial feminista
Desde el Centro de Estudios y Usina para el Desarrollo con Igualdad, Proyectos Generar trabaja por una perspectiva de género para la sociedad. “Creemos que el camino es siempre construir mayor organización, mayor alianza y sobretodo creemos en la potencia del movimiento feminista”, destacó Sofía.
Uno de los temas que trabajan es acerca de la reforma judicial feminista que hace años vienen discutiendo los movimientos. Sobre este tema, la entrevistada explicó que han realizado “un foro federal donde participaron más de 6.000 mujeres y diversidades respecto a la consigna de la reforma judicial feminista”.
La problemática fue tratada en el libro “Poder Judicial. La última trampa del patriarcado”, en donde recopilan experiencias sobre las falencias de la Justicia. El estudio da cuenta de todas las trabas que se encuentran a la hora de acudir a este sistema.
“Estamos trabajando duramente en eso produciendo conocimiento, pero sobre todo apostando a construir mayores niveles de organización para para defender nuestros derechos”, sostuvo la entrevistada.
Desde el Proyecto Generar están realizando una encuesta para que todas las personas de manera anónima, puedan decir cuál es su visión del Poder Judicial, aunque también buscan experiencias de cómo fue la atención del sistema judicial para resolver algún conflicto. Se puede participar haciendo click aquí.