Este jueves, el bloque del Frente de Todos (FdT), que integra la Cámara de Diputados de la Nación consiguió aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Esto facilitará la apertura de un sumario para acumular las pruebas que sustenten la acusación contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El partido oficialista de la Cámara Baja sumó 16 votos para avanzar en la acusación a los jueces por mal desempeño de sus funciones, entre otras cuestiones. Por su lado, Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal reunieron 15 diputades que plantearon la inadmisibilidad en dos expedientes diferenciados.
Ahora, el proceso continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los cuatro jueces, en un trámite que se desarrollaría durante los próximos tres meses.
En caso afirmativo, los proyectos estarían en condiciones de ser analizados por el plenario de la Cámara. Esta es una instancia que el oficialismo por el momento no arriesgaría, ya que no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación: dos tercios de los miembros de la Cámara presentes en ese momento. Esto significa 172 diputades, si la asistencia de los 257 integrantes del cuerpo fuera perfecta.
¿Cuál fue el pedido del Frente de Todos?
Los representantes del bloque del FdT propusieron en la resolución que finalmente se impuso admitir proceso a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los 14 expedientes que se tramitan en la comisión.
En el escrito de 12 páginas leído por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), se enumeraron los 14 expedientes. Estos “solicitan el juicio político respecto de los ministros de la Corte, ya sea en forma individual o concurrente por las causales de mal desempeño y/o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”.
Para contradecir esta exposición, el interbloque JxC presentó su propuesta de inadmisibilidad. Allí, se señaló que “el mal desempeño o la mala conducta no requieren de comisión de un delito sino que, para separar a un magistrado, solo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen. No es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez”.
Los antecedentes del juicio a la Corte Suprema
El pasado 2 de febrero, 12 expositores pronunciaron su postura acerca de las más de 60 denuncias que poseen los jueces implicados.
Algunes de les presentes en esa reunión fueron el diputado oficialista Eduardo Valdés. Éste sostuvo que los cuatro magistrados “distribuyeron recursos públicos violando la Constitución Nacional”, en alusión al fallo por coparticipación que benefició a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También estuvieron denunciantes particulares. Por ejemplo, Patricia Isasa expuso sus fundamentos en contra del juez Rosatti, a quien acusa de haber encubierto a su torturador durante la última dictadura cívico-militar.
A su vez, Pablo Llonto también lo denunció pero por inacción, por no haber convocado a la Comisión de Interpoderes para evaluar delitos de lesa humanidad.
Los 14 proyectos que se encuadran en la iniciativa Solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son motivados por cuatro causales presentados por legisladores y particulares.
Los motivos son el fallo de la Coparticipación y del Consejo de la Magistratura. Por otro lado, se incluyeron los pedidos de juicio político por el fallo del “2×1” que pretendió beneficiar represores y también por “mal manejo de la obra social”.
El 2×1 fue un polémico fallo de la Corte que existió en Argentina entre 1994 y 2001 con el objetivo de reducir la población carcelaria, compuesta en gran parte por personas con prisión preventiva y sin condena firme. Fue cuestionada por aplicarse a culpables de crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, el miércoles 3 de mayo de 2017, la Corte Suprema decidió que esa ley debía aplicarse en el caso de Luis Muiña. Fue quien durante la dictadura militar (1976-1983) secuestró, torturó y asesinó a trabajadores del hospital Posadas, uno de los más grandes de Buenos Aires.