En el marco de un Operativo denominado “Julio Argentino Roca”, el Gobierno argentino autorizó a les militares a detener civiles en delitos de flagrancia, poniendo en marcha el plan para introducir a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad interior. Fue oficializado el 15 de abril y respaldado por el Decreto 1112/2024. Tres ex ministros de Defensa criticaron la medida por ilegal y peligrosa para les conscriptes.
La resolución explica que su objetivo es “restringir el uso de la fuerza a acciones que el personal militar deba desarrollar circunscribiéndolo a su defensa y a la de terceros en caso de agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida, la integridad física o del cumplimiento del deber”. El operativo comenzó la semana pasada con el despliegue de 1300 efectivos a Salta. Desde el Gobierno proyectan la movilización de 10.000 soldados antes de fin de año, aproximadamente un 25% de las fuerzas operativas del Ejército.
Críticas
Luis Petri, ministro de Defensa, justificó la medida porque, según él, “la ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la Nación”. A su vez, el Gobierno demostró -una vez más- que sus principales medidas las realiza mirando hacía arriba, dado que en “X” preguntó: “¿EE.UU lo acaba de anunciar en enero, porque acá algunos se escandalizan?”.
Agustín Rossi, ministro de Defensa entre 2013-2015 y 2019-2021, utilizó la misma plataforma para responderle a Petri. Él se refirió a la medida como “ilegal” y aseguró que “el personal militar que acate estas órdenes está absolutamente desprotegido legalmente, lo obligan a hacer tareas que corresponden a las fuerzas de seguridad y que están taxativamente prohibidas por las leyes vigentes”. “Inoportuno porque en un mundo con conflictos bélicos, en donde todas las Naciones fortalecen a sus FFAA, a Petri y a Bullrich, se les ocurre debilitarlas, convirtiéndolas en policías”, desarrolló Rossi.
También respondieron otros dos ex ministros de Defensa, en una nota de Clarín, Ricardo López Murphy (entre 1999 y 2001) y Horacio Jaunarena (1986-1989, 2001 y 2002-2003). Ambos coinciden con Rossi en que los soldados “no tienen protección jurídica suficiente”. “La Ley de Seguridad Interior impide el empleo de las Fuerzas Armadas en este tipo de misiones”, explicó López Murphy y luego agregó que “una ley tiene jerarquía superior a un decreto y a una resolución”.
Mientras que Jaunarena señaló que “una resolución ministerial, como en este caso, no es suficiente para modificar el texto de una ley, si ella determina algunas prescripciones”. No obstante, solicitó que “nuestro gobierno, junto con los legisladores, sean oficialistas u opositores, se aboquen a modernizar el plexo normativo, mediante los consensos necesarios para procurar, entre otras necesidades, un adecuado control y vigilancia de nuestras fronteras”
También criticaron la medida desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En una conversación con Página 12, Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad, precisó que “son tareas que las Fuerzas Armadas no saben hacer”. “La fuerza que tracciona el corrimiento del límite es Patricia Bullrich, esto no es algo que viene por iniciativa de los propios militares, es más, a muchos no les genera ninguna simpatía este tipo de medidas o tener que cumplir este tipo de rol”, exclamó Tufró.
Quien también analizó la medida fue el abogado especialista en seguridad social Facundo Fernández Pastor en «X»: «Es una violación a la ley de seguridad interior, dictada en consecuencia de la Constitución Nacional, no una “controversia” entre los que defienden a los narcos y los que no. Están los que defendemos la Constitución y las leyes siempre, y los que las violan porque se creen superiores a esas leyes. Los últimos que pusieron a los milicos en las calles se creían superiores a la Constitución, y a eso le dijimos NUNCA MÁS y para siempre el 30 de octubre de 1983″.
Otras controversias
Son varias las polémicas que vienen rodeando y generando el ministerio de Defensa. El «Operativo Roca» generó críticas por la supuesta ilegalidad y por la secretividad de las reglas de empeñamiento. La intromisión de las fuerzas militares en la seguridad interior, a su vez, habría generado problemas dentro de la misma fuerza, que no está del todo de acuerdo con esta decisión.
La Armada Argentina ya está realizando entrenamientos antidisturbios con una violencia tal que llevó a la internación de Brisa Páez, marinera segunda de la Armada de tan solo 21 años. Ella colapsó durante un entrenamiento antidisturbios en la Escuela de Técnicas y Tácticas Navales en Vicente López. Estuvo dos semanas en coma inducido, porque los doctores no podían parar las convulsiones tras recibir una patada voladora de uno de los instructores de la Armada.
No fue la única víctima en estos entrenamientos. Según la reconstrucción de Irina Hauser en Página 12, “una decena de jóvenes que participaron del mismo ejercicio militar dieron su testimonio ante la jueza Sandra Arroyo Salgado y la mayoría dejó en evidencia que habían sufrido lesiones indisimulables, además de que les dijeron que debían mentir al respecto”. La periodista relató que, hasta el momento, ni el Ministerio de Defensa ni la Armada presentaron explicación clara de porqué estaban realizando este tipo de entrenamientos.
A su vez, a principios de abril, desde las redes sociales, publicaron un mensaje donde elogiaron a “Las Rodillas Negras”, el personal del Regimiento de Infantería de Monte 28 en Salta, que serían uno de los regimientos que llevaría adelante el “Operativo Güemes”.
La problemática se encuentra cuando se busca la historia del regimiento. El nombre surge porque obligaban a recorrer a sus conscriptos cientos de metros arrodillados durante la última dictadura militar. La Justicia llegó a la conclusión de que el jefe del Regimiento estaba a cargo del área represiva 322-1. Se sabe que “Las Rodillas Negras” recorría el norte de la provincia entre los campamentos de YPF hasta Orán, donde detuvieron obreros y militantes sociales y políticos.