
El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su política de desguace estatal al iniciar la privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA), una empresa clave para el control y desarrollo del sistema energético nacional.
Bajo el decreto 286/2025 publicado en el Boletín Oficial, se habilita la venta total de sus acciones en CITELEC, controlante de la red de alta tensión Transener y principal operadora de transmisión eléctrica del país.
Esta operación se realizará mediante un concurso público nacional e internacional, marcando un fuerte avance en la entrega de activos estratégicos al sector privado, en un acto que genera preocupación por el impacto en la soberanía energética y el acceso equitativo a los servicios públicos.
El Gobierno argumenta que la privatización busca mejorar el servicio, fomentar la competencia y garantizar precios reales y sostenibles para todos los argentinos. Sin embargo, la medida despertó críticas por parte de expertos y exfuncionarios del sector energético.
Federico Basualdo, exsubsecretario de Energía Eléctrica, advirtió que la privatización de ENARSA implica que el Estado pierda activos estratégicos y la capacidad de regular mercados fundamentales, como el del gas y la energía eléctrica.
Además, destacó que la empresa fue fundamental en garantizar el autoabastecimiento de gas natural para la industria nacional y el conjunto de la economía argentina, especialmente con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.
El Gobierno justifica la medida a partir de los datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, según los cuales ENARSA presentó en 2023 un déficit operativo de $713.415 millones, en gran parte debido a la compra de gas importado, que luego se vende a un precio inferior al del mercado, con la diferencia cubierta por subsidios estatales.
Este nuevo proceso de privatización se enmarca en una política más amplia del Gobierno de Milei, que busca reducir el tamaño del Estado mediante la venta de empresas públicas. Sin ir más lejos en el tiempo, en enero de 2025, el Gobierno ya había iniciado la privatización de la metalúrgica IMPSA.