El golpe a una conquista colectiva
El 25 de marzo de 2025, el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, firmó la resolución 372/2025. En el primer artículo prohíbe el funcionamiento de centros de estudiantes en las cárceles federales. En el segundo, restringe el uso de espacios educativos fuera del horario de clases asignado.
El impacto fue inmediato: estudiantes, docentes, universidades, organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales expresaron su rechazo. En Devoto, las personas detenidas se manifiestan colectivamente en defensa del derecho a estudiar, aunque la medida fue presentada por algunos medios de comunicación como un “motín”.
La educación, otra vez en disputa
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó un habeas corpus colectivo en favor de los centros de estudiantes de Ezeiza y Devoto. El juez Mariano Iturralde, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°16, resolvió parcialmente a favor.
Sin embargo, en las aulas la realidad es otra: talleres con pocos asistentes, restricciones de movimiento, falta de materiales. Docentes y talleristas denuncian que la medida vulnera derechos adquiridos, invisibiliza el trabajo educativo en cárceles y desmonta espacios que promueven inclusión, contención y transformación.
Historia de una construcción
Los centros de estudiantes en cárceles no son una improvisación reciente. Nacieron con el Programa UBA XXII, en 1985, una iniciativa pionera en América Latina que permitió el acceso a la educación universitaria a personas privadas de libertad.
A partir de allí, surgieron espacios de organización estudiantil en unidades penales, sobre todo en Devoto y Ezeiza. Con el tiempo, se multiplicaron en cárceles federales y provinciales, articulando con distintas universidades nacionales.
Lejos de ser simbólicos, los centros cumplen funciones vitales:
- Organizan a estudiantes en contextos de encierro.
- Median ante autoridades penitenciarias por traslados, materiales, y condiciones de estudio.
- Articulan con proyectos de extensión, universidades y organismos de derechos humanos.
- Generan espacios democráticos dentro de contextos autoritarios.
- Replican dinámicas universitarias, con asambleas, representantes y actividades culturales.
Estudiar en la cárcel no es un privilegio, es un derecho y una herramienta concreta de reinserción: solo el 3% de quienes acceden a educación universitaria en prisión reincide, frente al 25% entre quienes no estudian.
Universidades que sostienen, incluso entre rejas
Distintas universidades nacionales tejieron redes de trabajo sostenido con personas privadas de libertad.
Universidad de Buenos Aires (UBA)
Desde 1985, el Programa UBA XXII brinda carreras de grado dentro del Servicio Penitenciario Federal. Institucionalizó al “estudiante preso” como sujeto político y académico.
Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
Con el Programa PAECE, presente desde 2002 en unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, ofrece tutorías, materiales, acompañamiento interdisciplinario y actividades de extensión.
Universidad Nacional de Rosario (UNR)
A través del Programa de Educación en Cárceles, la UNR brinda carreras como Letras, Historia y Ciencias de la Educación. Forma docentes y produce investigaciones desde y con las unidades penales.
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)
En 2021 se impulsa un programa de alfabetización y formación de educadores populares, a cargo del Licenciado Daniel Carceglia, educador popular. En la Unidad 31 de Florencio Varela con un enfoque horizontal y participativo, 12 estudiantes se formaron como educadores y enseñan a sus pares.
La UNQ también ofrece tres tecnicaturas y dos diplomaturas en las unidades 23, 31, 32, 34 y 54 del complejo penitenciario de Varela. Combina clases presenciales y virtuales, brinda acompañamiento y extensión universitaria. Desde 2022 integra la Red Universitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro (REDUNECE) con el proyecto “Trazar puentes”. Participa brindando talleres y diversas actividades de extensión universitaria. Hoy, 150 estudiantes acceden a carreras en cárceles gracias a esta labor. Y ya se entregaron diplomas a las primeras cohortes de estudiantes.
En noviembre de 2024, la Universidad Nacional de Quilmes fue sede del XI Encuentro Nacional de la Red.
Organizaciones que no sueltan la mano
Numerosas organizaciones sociales, académicas, religiosas y de Derechos Humanos trabajan en cárceles. Algunas de ellas:
Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) – Controla condiciones de detención y promueve derechos.
Atrapamuros – Colectivo pedagógico que desde 2007 trabaja en unidades del SPB con educación popular y organización interna.
Mateando Libertades – Proyecto educativo y artístico que combina debate político, arte y contención.
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Defensa legal y monitoreo de violaciones a los derechos humanos.
ACIFAD – Acompaña a familiares de personas detenidas.
Xumek (Mendoza) – Asistencia jurídica y promoción de derechos.
Fundación IPA – Formación en derechos y acceso a justicia.
La Cantora – Espacios culturales y educativos en cárceles.
Colectiva de Intervención Ante las Violencias – Trabajo con mujeres y disidencias.
Pastoral Penitenciaria Católica, SERPAJ, voluntarios laicos y evangélicos – Acompañamiento espiritual, emocional y talleres.
Una pared llena de libros
Este sábado 12 de abril a las 12, diversas organizaciones convocan a una acción simbólica frente a la cárcel de Devoto: llenar sus muros de libros. Un gesto que no es sólo poético, sino también político, pedagógico y profundamente humano. Los libros como trinchera frente al olvido. Como puente frente al encierro. Como afirmación de que ningún derecho debe ser revocado, ni siquiera tras las rejas.
Defender los centros de estudiantes en cárceles no es solo defender el derecho a estudiar, es defender el derecho a imaginar otro destino, a ejercer ciudadanía aún entre muros. Es recordar que la educación transforma, y que sin ella no hay justicia, ni futuro.