Todo puede comenzar con una pregunta, uno de los caminos más firmes para llegar a esbozar una respuesta. ¿Quién gana y quién pierde con las cárceles llenas?
Está la tentación de decir que pierden los que “caen”, muchas veces víctimas y victimarios. Eso es verdad y hay cantidad de argumentos criminológicos, sociológicos y culturales para sostener esa postura.
Podemos decir que gana la sociedad, que vive tranquila porque “el que las hace las paga” y porque además es un espejo en el que no tenemos que mirarnos demasiado. Simplemente dormimos tranquilos porque detrás de los muros están los responsables de lo mal que lo pasamos.
Pero cuando se mira que en los últimos años se multiplicaron los detenidos en la Argentina, con o sin condena, y la llamada “inseguridad” no se detiene, es necesario una mirada más profunda que despeje mitos y falacias, que trabaje con seriedad sobre los datos y se vuelva preguntar: ¿quién gana con las cárceles?
Mitos y verdades sobre las cárceles argentinas
Un sistema penal, que abarca diferentes etapas, tiene en la ejecución de la pena su último eslabón. Por lo tanto, cuando se llega a eso es que de alguna manera se cumplimentaron los pasos previos: desde la comisión de un delito, el accionar de las fuerzas policiales, la intervención de la Justicia y eventualmente la condena.
Cada vez más sobreplobadas y con condiciones que violan la propia Constitución Nacional, la cantidad de detenidos en las cárceles del país no para de crecer.
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) dio a conocer en febrero los datos correspondientes a 2024 respecto a la población carcelaria, alojada en dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El estudio reveló un aumento del 3,4% de personas detenidas en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 11.696 presos. Se trata del crecimiento más grande de los últimos cinco años.
Si se le suman los penales que dependen de las provincias y las detenciones que se registran en comisarías y alcaidías, el dato del crecimiento va en la misma y preocupante dirección.
Son datos que se desprenden del último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNNEP), que consigna cifras a diciembre de 2023 y marcaba que en ese momento había 125.041 personas privadas de su libertad, un incremento del 6% respecto al año anterior.
- Aumento de Detenidos: En 2023, el número de detenidos alcanzó los 125.041, frente a los 117.810 de 2022.
- Sobrepoblación: Las cárceles argentinas presentan una sobrepoblación del 20,5%, un aumento del 2% respecto al 18,5% de 2022.
- Distribución: La mayoría de los detenidos se encuentran en cárceles (111.967), seguidos por comisarías (13.074) y prisión domiciliaria (11.990).
- Perfil de los Detenidos: El 94% son de nacionalidad argentina y el 96% son hombres.
El informe revela que el 58,3% de los detenidos tienen condena, consolidando una tendencia que comenzó en 2016, donde la mayoría de los detenidos eran procesados sin condena. Los delitos más comunes imputados son robos, abuso sexual, homicidios y delitos relacionados con estupefacientes.
Solo el 17% de los detenidos participaron en programas de capacitación laboral, mientras que el 48% participó en programas educativos. Estos datos subrayan la necesidad de mejorar las oportunidades de reinserción social dentro del sistema penitenciario.
En 2023, 70 mujeres vivían con sus hijos en prisión, una cifra que se mantuvo estable en los últimos años, marcando un descenso significativo respecto a períodos anteriores.
Datos comparativos de cárceles en otros países
Con una tasa de 240 detenidos cada 100.000 habitantes, Argentina se sitúa cerca del promedio de la mayoría de las naciones que informan, bastante alejada de la elevada tasa de Estados Unidos (531) y de la baja tasa de Japón (33).
Al evaluar las condiciones de las cárceles en el país en comparación con otros sistemas penitenciarios de la región, el recorrido por informes oficiales indica que no existen cogobiernos ni autogobiernos controlados por bandas o pandillas. Los motines son relativamente infrecuentes, y aunque el nivel de violencia interna es significativo, resulta comparativamente menor en relación con otros países.
Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia y la vuelta de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad se puso de relieve el modelo de El Salvador. La ministra viajó a ver la experiencia de primera mano y los sectores que defienden el punitivismo y la mano dura, ven en la figura del presidente salvadoreño Nayib Bukele un referente en la materia.
Las imágenes con que El Salvador difunde y promociona su modelo de seguridad se basan en un contexto muy diferente al de la Argentina y extrapolar experiencias de manera mecánica no solo es peligroso, sino que no trae resultados positivos.
Si se toman los homicidios como referencia, en 2014 El Salvador estaba segundo en el listado de América Latina, con 70,2 homicidios cada 100 mil habitantes, que es la tasa de referencia que se utiliza a nivel mundial para medir ese delito. Argentina se encontraba ese año en el puesto 87 a nivel global, en una lista de 194 países, con una tasa de 5,5.
En el otro extremo había países como Japón y Suiza, con menos de un homicidio cada 100 mil habitantes. En el recorrido global se destaca el caso de Países Bajos, que cierra cárceles por falta de ocupantes. La contracara con El Salvador es llamativa, como se repasa en esta nota.
Los últimos datos completos datan del año 2023 y marcan que Argentina mantiene porcentajes similares, inclusive con un ligero descenso en la tasa de homicidios. En el caso de El Salvador, el modelo Bukele mostró una brusca caída hasta llevarla prácticamente a 2 homicidios cada 100 mil habitantes. Esos resultados se basaron centralmente en encarcelamientos masivos y en el estado de excepción, apuntando a desarticular el fenómeno de las maras o pandillas, organizaciones delictivas que explicaban en sus disputas la mayoría de los crímenes.
Trabajo, educación, inclusión deportiva y pantallas
En octubre del año pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación, junto al Servicio Penitenciario Federal, anunció el programa Manos a la Obra, con el objetivo de que “todos los presos trabajen en las cárceles”.
En la Ley de Ejecución Penal no está previsto un sueldo o prestación por estar en prisión, sino que establece el “derecho y el deber” del interno de trabajar. Ese trabajo debe ser remunerado, no puede imponerse como castigo y debe respetar la legislación laboral.
De todos modos, los últimos datos oficiales revelan que alrededor de un 70% del total de la población penal del Servicio Penitenciario Federal tiene un trabajo remunerado.
En cuanto a los imaginarios creados en torno a las cárceles, ese espejo en el que la sociedad no siempre quiere mirarse, una buena pista la otorga la ficción sobre el tema.
“La prisión aparece como el lugar donde se cumple una sanción y se restaura un orden social alterado”, sostiene Analía Coliva en esta Edición Especial de Nota al Pie.
En una de las notas que forman parte de este recorrido, asegura que la cárcel contiene una “potencia como espacio narrativo”, que la autora define en “la condensación de tensiones: encierro y control; violencia y redención; justicia y castigo”.
Por otra parte, Franco Mercado, desde las historias de la Fundación Espartanos y Cuida La Bocha, muestra el rol transformador del deporte. Estas ONGs “buscan, a través del rugby y del hockey, ayudar a que las personas privadas de su libertad puedan reinsertarse de otra manera en la sociedad”.
Entre los testimonios que la nota destaca hay uno que resume con claridad la idea de estas iniciativas: “El deporte es transformador en ese sentido porque nos pone a todos de igual a igual”.
En términos de educación en las cárceles, Daniela Alaimo traza un recorrido por los espacios de formación intramuros. A partir de una reciente resolución de Bullrich, con la prohibición de la actividad de los centros de estudiantes en las cárceles, repasa la importancia de la formación, clave por ejemplo, para garantizar la baja de la reincidencia. “Los libros como trinchera frente al olvido. Como puente frente al encierro”, se afirma en el texto y esa es una de las claves del asunto.
Este recorrido muestra la necesidad urgente de abordar la sobrepoblación carcelaria y mejorar las condiciones de detención en Argentina. La creciente población penitenciaria y la falta de capacidad en las instituciones penales subrayan la importancia de implementar políticas efectivas para la reinserción social y la mejora de las condiciones de vida dentro de las cárceles.
Hablar, y ocuparse, de las cárceles es una tarea de la sociedad. Aunque sea ese espejo que no queremos mirar, porque de alguna manera nos devuelve la imagen de lo que somos y de lo que no supimos construir.
En ese sentido, no mirar es no asumirnos con todas las complejidades que genera un sistema injusto, excluyente y que tiene en la oscuridad que hay tras las rejas, no solo el lugar de castigo para los que delinquen o están acusados de haberlo hecho, sino también el ejemplo final de lo que espera a los que se rebelan, a los que no aceptan lo dado.