Este lunes 7 de abril a las 18 horas, la sede de la Asociación Judicial Bonaerense de Mar del Plata (Sarmiento 2670) será el escenario de una presentación clave. Allí, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) dará a conocer un informe especial que detalla la violencia estatal desplegada por el gobierno del Partido de General Pueyrredón contra personas en situación de calle y quienes desarrollan tareas de subsistencia como cuidacoches y “trapitos”.
El documento, fruto de meses de trabajo como Mecanismo local de prevención de la tortura, fue elaborado con testimonios directos, material de prensa y registros judiciales. En él se describe un entramado represivo “violento, expulsivo y discriminatorio”, que criminaliza la pobreza y vulnera derechos fundamentales.
Denuncias de abusos, amenazas y operativos encubiertos
El informe señala que el Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Guillermo Montenegro, ha implementado prácticas que violan la normativa vigente. Según el documento, se delegaron funciones policiales a funcionarios municipales sin competencia legal, habilitándolos incluso a portar armas menos letales prohibidas para ese personal.
La CPM detectó delitos como privaciones ilegales de la libertad, agresiones físicas y verbales, amenazas, robos de pertenencias y expulsiones forzadas del espacio público. Las víctimas reportan operativos nocturnos realizados por entre 15 y 20 agentes municipales, a veces encapuchados, en vehículos sin identificación, que actúan con violencia y sin ofrecer información sobre su identidad o autoridad.
Una de las personas afectadas relató:
“Eran morrudos y municipales. Nos empezaron a sacar a todos para afuera, nos empezaron a sacar todo y nos cagaron a palos y nos dijeron que nos vayamos. Fuimos a buscar otro lugar para dormir y también fueron y nos cagaron a palos, los mismos. Y así hasta ahora.”
Voluntarios que brindan asistencia humanitaria en la calle también dieron testimonio del accionar violento de estas patrullas desde julio de 2024. “Si te agarramos a la noche la vas a pasar mal, te vamos a hacer desaparecer”, fue una de las amenazas registradas en el informe.
Una estrategia oficial basada en discursos de odio
La CPM acusa al intendente Montenegro de no solo avalar estas prácticas, sino de difundir y defender públicamente el accionar represivo. “La política desplegada por el municipio se asienta en discursos de odio que promueven e incitan a la hostilidad hacia determinados grupos especialmente vulnerables”, afirma el informe.
Además, advierten que estos hechos pueden acarrear consecuencias a nivel internacional para el Estado argentino, por violar tratados de derechos humanos a los que el país adhiere.
Medidas judiciales y una denuncia penal en curso
Frente a este escenario, la CPM, junto a la regional Mar del Plata de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), presentó una denuncia penal contra el intendente Montenegro y funcionarios de la Secretaría de Seguridad. La causa tramita en la Fiscalía N°12 del Departamento Judicial marplatense. En paralelo, también se interpuso un habeas corpus colectivo preventivo para que se ordene el cese de los operativos lesivos a los derechos de las personas en situación de calle.
Actualmente, se encuentran en curso al menos otras cuatro investigaciones judiciales sobre los presuntos delitos cometidos por este cuerpo municipal.
Una presentación para visibilizar y exigir respuestas
La CPM no solo presentará el informe, sino que también realizará en Mar del Plata su reunión ejecutiva mensual, con la presencia de todos sus integrantes. La decisión tiene un fuerte contenido simbólico: busca dar una señal clara frente a estas violaciones de derechos humanos y exigir que el Estado municipal rinda cuentas.