Ante la grave crisis que atraviesa el sector de la discapacidad en Argentina, el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convoca a un acto para este martes 8 de abril a las 10 en el Anexo A de la Cámara de Diputados (Av. Rivadavia 1841, CABA). Ahí entregarán notas a los 257 diputados nacionales solicitando su apoyo al proyecto de ley que propone declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
A través de un comunicado, el Foro expresó su apoyo a la iniciativa presentada por el diputado Daniel Arroyo y remarcó que la misma “cuenta con el acompañamiento de legisladores de distintos bloques y ya ha sido aprobado por las Comisiones de Discapacidad y de Acción y Desarrollo Social de la Honorable Cámara de Diputados”.
Con el proyecto se busca dar respuesta a la grave situación que atraviesa el área de la discapacidad, la cual se agravó en el último tiempo. En ese sentido, desde el Foro mencionaron que uno de los puntos críticos “es la revisión en curso de las pensiones no contributivas, cuyos titulares son personas con discapacidad”. Además, señalaron que la “aplicación del criterio de incapacidad laboral, en lugar del criterio más amplio de discapacidad en contexto de vulnerabilidad social, podría dejar a muchas personas sin acceso a derechos esenciales como la educación, la salud, la rehabilitación, el transporte, entre otros”. “Por ello, el proyecto propone la creación de una Pensión por Discapacidad para Protección Social”, explicaron.
Por otra parte, resaltaron el desfasaje entre los aranceles de las prestaciones y el aumento
de los costos de vida, que se viene arrastrando desde 2023 y que se profundizó con el actual gobierno. Según detallaron, esta situación provocó el cierre de numerosos servicios,
el endeudamiento de instituciones con trabajadores y el Estado, y dejó a muchos profesionales independientes sin ingresos dignos. “El proyecto plantea una compensación de emergencia, una actualización mensual basada en el IPC, y un estudio de costos anual que permita ajustar los aranceles de manera realista, garantizando así la continuidad de los servicios previstos en la Ley 24.901 con la calidad y eficiencia necesarias”.
A su vez, la iniciativa contempla la actualización de la asignación mensual estímulo para los
trabajadores del Empleo Protegido, que no se actualiza desde febrero de 2023.
Una realidad insostenible
Desde el Foro enumeraron una serie de datos que dan cuenta de la crítica situación y sostuvieron que lejos de ofrecer soluciones, el Poder Ejecutivo lanzó una campaña de estigmatización contra el colectivo, persiguiendo y recortando las Pensiones No Contributivas.
Entre los problemas se detalla que el atraso en los valores de los aranceles prestacionales (enero 2025) supera el 64%; 150.000 puestos de trabajo están en riesgo; 250.000 personas con discapacidad pueden perder sus prestaciones; y el 52,9% de la población está sumida en la pobreza, y las personas con discapacidad no escapan de esta realidad.
En este contexto, los integrantes del Foro instaron a los legisladores a acompañar con su voto el proyecto en pos de sostener “la inclusión y la calidad de vida de las personas con discapacidad, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad social”.