Un nuevo accionar represivo durante la manifestación por los jubilados frente al Congreso Nacional dejó como saldo a un trabajador de prensa herido, intensificando las críticas hacia el Gobierno de Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El incidente se suma a una serie de agresiones que ponen en jaque la libertad de prensa en nuestro país.
Este míercoles, durante la concentración pacífica de jubilados, quienes vienen reclamando mejoras en sus haberes jubilatorios (el mínimo ronda los 355 mil), algunas pancartas con mensajes como «Los jubilados no aflojan», «El Pami es de los jubilados», y «Jubilaciones dignas» reflejaron los sentimientos y deseos de este sector desprotegido por el Estado.
Con el Congreso Nacional como escenario (en donde los Diputados y Senadores, en contraposición a los Jubilados, cobran entre 3 y 7 millones neto), el fotoperiodista Diego Gómez, de 30 años, fue atropellado por una moto de la Policía Federal al momento de descomprimir la convocatoria. El impacto le provocó una fractura en la pierna, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía para recibir atención médica.
Este hecho ocurre pocas semanas después de que otro fotoperiodista, Pablo Grillo, resultara gravemente herido en circunstancias similares. Grillo sufrió una fractura de cráneo tras ser impactado por una cápsula de gas lacrimógeno disparada por la Gendarmería durante una protesta de jubilados el 12 de marzo. Actualmente, el joven se encuentra en terapia intensiva en el mismo nosocomio, aunque su estado muestra signos de mejoría.
La prensa, en alerta contra la violencia institucional
Como viene ocurriendo en las últimas semanas, Organismos de Derechos Humanos y asociaciones periodísticas como ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), elevaron su preocupación ante lo que consideran un patrón de conducta represiva por parte del Gobierno de Milei. La reiteración de estos episodios genera un clima de tensión y temor entre los profesionales de la comunicación.
El padre de Pablo Grillo, en declaraciones recientes, manifestó su indignación por la falta de comunicación y apoyo por parte de las autoridades nacionales. «Es vergonzoso, esto demuestra la catadura moral que tienen», expresó, resaltando la ausencia de gestos solidarios desde el Gobierno hacia su familia.
Además, manifestó con bronca continuar con estas luchas: “Es necesario no solo por los jubilados, sino por todos los reclamos sociales. Quedó demostrado en la historia que las luchas provocan mejoras sociales. No puede ser que esta gente esté avasallando a los trabajadores y jubilados de esta forma y encima les peguen”.
Lejos de achicar la brecha, la ministra Patricia Bullrich continúa defendiendo el accionar de las fuerzas de seguridad, argumentando que se actúa «en cumplimiento del deber y para mantener el orden público». Sin embargo, estas justificaciones son contínuamente cuestionadas por diversos sectores de la sociedad.
La comunidad internacional también ha puesto la mira en estos acontecimientos. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras le han solicitado al Gobierno argentino que garantice la seguridad de los periodistas y respete la libertad de prensa, pilares fundamentales de cualquier Democracia.
Mientras tanto, los jubilados continúan con sus reclamos legítimos en busca de condiciones de vida dignas, aunque lejos de ser escuchados por nuestros representantes en el Congreso. La respuesta represiva del Estado no solo vulnera sus derechos, sino que también atenta contra la labor periodística, esencial para la construcción de una sociedad informada y crítica, cada vez más golpeada por la realidad.