El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, oficializaron la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal mediante el Decreto 234/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Los recursos del fondo, que hasta ahora se destinaban a financiar obras de transporte de electricidad en alta tensión en todo el país, pasarán a ser administrados por el Ministerio de Economía.
El Fondo se financiaba con un recargo del 0,0006% por kilovatio-hora en la compra de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista. Al 31 de diciembre de 2024, el fondo registraba un superávit de 61.300 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda. Además, contaba con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de hasta 200 millones de dólares, aprobado en 2022, para el “Programa Federal de Transporte de Energía Eléctrica”.
El FFTEF fue constituido en 1999 por la Secretaría de Energía del entonces Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos con el objetivo de financiar proyectos de infraestructura en el sector eléctrico, en particular, ampliaciones del sistema de transporte en alta tensión destinadas al abastecimiento de la demanda.
Luego de una serie de observaciones realizadas por organismos como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía, que cuestionaron la eficacia y la gestión del fondo, el Poder Ejecutivo determinó avanzar con la medida, a través del Decreto 234/2025.
A pesar de la eliminación del fondo, el recargo del 0,0006% por kilovatio-hora se seguirá cobrando, aunque el destino de esos fondos ahora dependerá de la administración del Ministerio de Economía.
Un ministerio, comandado por el todavía funcionario Luis Caputo, que parece solo concentrado en lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le permita sostener el movimiento especulativo y postergar con esos fondos una inevitable devaluaciòn.
La medida se enmarca en la política del Gobierno de «reducción y reorganización de estructuras estatales», aunque genera interrogantes sobre el financiamiento futuro de las obras de infraestructura eléctrica en el país.