La Justicia avanza en dos causas que incomodan al gobierno: la criptoestafa $LIBRA y la vinculada al último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con el cual busca endeudarse al país nuevamente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La fiscalía federal que comanda Eduardo Taiano solicitó investigar el patrimonio de Javier Milei tras su promoción al token $LIBRA que dejó damnificados por todo el mundo. En paralelo a la misma causa, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó una reconstrucción de las transacciones de las billeteras digitales con relación a la criptomoneda.
Por otro lado, y a partir de denuncias penales, la Justicia le solicitó explicaciones al Poder Ejecutivo sobre las razones para promulgar el DNU que habilita la toma de deuda con el FMI. En este sentido, y posteriormente al pedido de respuestas, el Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció ayer que el monto del acuerdo con el FMI sería de 20 millones de dólares.
Pero en sintonía con un Gobierno sin explicaciones acertadas ni cuentas claras, la propia vocera del Fondo aseguró que el monto no está definido y que podría entregarse en cuotas. Un nuevo síntoma del «des-gobierno».
La Justicia investiga el patrimonio de Javier y Karina Milei
Lejos de terminarse, el caso de la criptoestafa promocionada por Javier Milei tiene avances, que de ir a fondo, preocupan al gobierno. Como se sabe, la causa está en medio de una disputa de jurisdicción entre la jueza federal de Buenos Aires, María Servini y su par de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
En ambos ámbitos, avanza la causa con distintas medidas. Por un lado, Eduardo Taiano, a quien la propia Servini le asignó la investigación, ordenó indagar sobre el patrimonio de Javeir Milei pero también de los involucrados como su hermana Karina, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.
Para ello, Taiano le solicitó asistencia a la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) para analizar la evolución en los patrimonios de los investigados por la criptoestafa. Se seguirán los sus movimientos financieros desde 2023.
Por otra parte, la jueza federal de San Isidro, Arroyo Salgado, avanzó con nuevas medidas pese a la todavía vigente disputa por la causa. Esta semana, ordenó que se realice una reconstrucción de las transacciones de las billeteras digitales con vínculos a $LIBRA, cuya tarea queda en manos de la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina.
El objetivo es rastrear el dinero vinculado a la criptomoneda y determinar si esos fondos se transfieren a plataformas de compra y venta criptoactivos, a fines de poder congelarlos para una potencial recuperación de los mismos.
Si bien el puntapié del escándalo tuvo lugar el 14 de febrero, con la promoción de Milei en X, tres días después, el propio Presidente volvió a involucrarse, en este caso a través de un reposteo a Darío Epstein, donde este último recomendaba como adquirir la criptomoneda.
Tras el reposteo, la cripto se revaloró nuevamente y Milei terminó por eliminarlo una hora más tarde. En conclusión, Arroyo Salgado plantea en su dictamen que el caso $LIBRA podría tratarse de una “estrategia de fraude cripto”, con las tácticas de “rug pull” y “pump and dump”.
Avanzan las denuncias por la toma de deuda vía DNU
El juez del fuero Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, le solicitó al Gobierno que se justifique dentro de los próximos cinco días, con toda la documentación que crean conveniente, sobre la toma de deuda con el FMI por DNU.
Se trata de una denuncia impulsada por el economista Claudio Lozano; el fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo; el abogado Marcos Zelaya; y la fundadora del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis.
El objetivo de la denuncia es que se “declare la nulidad absoluta e insanable y la inconstitucionalidad del DNU 179/2025 y de cada uno de los actos que deriven de su vigencia o llevados a cabo en su cumplimiento”.
En los fundamentos de la denuncia, se destaca en primer lugar que el gobierno se atribuyó “facultades legislativas” para aprobar “operaciones de crédito público futuras con el FMI sin especificar el contenido del programa ni establecer límites o bases para la negociación”. Según aclaran, ello queda prohibido por los artículos 4, 75 incisos 4 y 7 y 76, de la Constitución Nacional.
En segundo lugar, agregan que el DNU tampoco es “sobre materias determinadas de administración o emergencia pública”, lo que atenta contra el artículo 76 de la Constitución.
En tercer término, aclaran en la denuncia ante la justicia que “no justifica la necesidad y urgencia (del DNU) para obviar el trámite legislativo ordinario, ya que el Congreso se encuentra en sesiones”. Esta acción, aseguran que va contra el artículo 99 inciso 3 de la Constitución.
Vale recordar que Javier Milei decidió ir por un DNU en vez de hacer sesionar al Congreso Nacional como marca la regla. De ese modo, se le facilitó la aprobación de la toma de deuda con tan solo la aprobación de la Cámara de Diputados.
Como cuarto y último argumento, señalan que el gobierno al otorgarse las facultades legislativas para tomar deuda “se arroga una supremacía que podría poner en riesgo la fortuna de los argentinos”, lo que marcan como una posible transgresión al artículo 29 de la Constitución Argentina.