Amnistía Internacional envió una carta al titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina, Max Alier, en el marco de las negociaciones para un nuevo préstamo del organismo al Estado argentino.
En el documento, la organización expresa su preocupación por el impacto devastador de las políticas de ajuste fiscal, especialmente en los sectores más vulnerables como las personas mayores, las mujeres, niñas y niños; y cómo el nuevo acuerdo puede profundizar la crisis que ya enfrenta el país.
Argentina desde hace años atraviesa una crisis económica y social que afecta gravemente el derecho de acceso a un nivel de vida adecuado a toda la población, sin discriminación. El FMI, como agencia especializada de las Naciones Unidas, también tiene obligaciones en materia de derechos humanos.
Por ello, debe abstenerse de financiar y aplicar programas que directa o indirectamente contravengan el disfrute de derechos básicos como la salud, educación, trabajo y alimentación.
Además, debe asegurarse de que los Estados prestatarios siguen siendo capaces de hacer frente a la deuda externa sin comprometer su capacidad para cumplir sus obligaciones internacionales. Los derechos de las personas deben estar en el centro de las negociaciones entre el gobierno argentino y el FMI.
«Las políticas de ajuste estructural no pueden implementarse a costa del bienestar de las personas que habitan la Argentina. Si bien los Estados siguen siendo los principales responsables de garantizar los derechos humanos, las instituciones financieras internacionales también pueden ser responsables de su complicidad a la hora de prescribir políticas con repercusiones sobre el trabajo, la educación, la salud de las personas», afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Y sostuvo:“Es fundamental que el FMI incorpore una perspectiva de derechos humanos en sus negociaciones con el gobierno nacional y que asegure la transparencia en los acuerdos económicos, a fin de permitir el escrutinio público”.
Ajuste económico y derechos
El gobierno nacional ha presumido local e internacionalmente un histórico superávit que no sucedía desde hace 16 años. Para ello, ha llevado adelante un fuerte ajuste fiscal, que es parte de los acuerdos con el FMI. Sin embargo, éste ha tenido un elevado costo sobre la población y, principalmente, sobre los más vulnerables.
Los recortes presupuestarios han impactado especialmente en sectores esenciales como la salud, la educación, la seguridad social y la asistencia para la violencia de género. Las jubilaciones fueron las más afectadas, con una reducción del gasto del 19% en 2024, lo que ha dejado a más del 60% de los adultos mayores por debajo de la línea de pobreza.
Además, el gobierno decidió no prolongar la moratoria previsional, que permitió a miles de personas en situación de vulnerabilidad acceder a una jubilación mínima. Sin moratorias, el 69% de las mujeres y el 50% de los varones no podrán jubilarse a los 60 o 65 años.
Asimismo, se han eliminado partidas clave para la prevención de la violencia de género y el embarazo no intencional en la adolescencia (ENIA), una política clave para revertir la pobreza intergeneracional.
Ante este escenario, Amnistía Internacional exhorta al FMI a que en caso de avanzar con las negociaciones:
- Garantice que las políticas económicas negociadas con Argentina respeten los derechos humanos y protejan a los sectores más vulnerables.
- Asegure la transparencia en los acuerdos económicos y permitar el escrutinio público de sus términos y condiciones.
- Se abstenga de incluir en los programas de reforma económica condiciones que puedan menoscabar la capacidad del gobierno para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales
- Implementer evaluaciones de impacto en derechos humanos antes, durante y después de la aplicación de programas de asistencia financiera.
- Evite que las condiciones de los programas de ajuste recaigan desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras y los sectores de menores ingresos.
- Incorpore mecanismos de participación efectiva de la sociedad civil en el diseño y monitoreo de las medidas económicas.