El Gobierno de la Nación aprovechó el aniversario 49 del último golpe militar para avanzar con su agenda negacionista y anunciar una desclasificación de archivos sobre el accionar de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983, pese a que desmantelaron las áreas del Estado que se dedicaban a esa tarea.
El anuncio de los nuevos archivos no brindó detalles, y se especula con que se trate de material ya revelado con anterioridad. En tanto, Javier Milei confirmó que irán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que los crímenes de la guerrilla sean tipificados como de “lesa humanidad”, en defensa de Humberto Viola, un capitán de la dictadura que murió por un atentado del ERP.
En contraparte, y respecto a los presuntos nuevos archivos por desclasificar, la ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el mandato de Alberto Fernández, Cristina Caamaño, aseguró que no existe tal material por revelarse.
En tanto, organismo de Derechos Humanos alertan que el gobierno busca la impunidad de los genocidas.
La provocación de un gobierno negacionista
El 24 de marzo, mientras miles de personas en todo el país se manifestaron por Memoria, Verdad y Justicia con una Plaza de Mayo colmada, el gobierno de Javier Milei intentó hacer ruido con anuncios negacionistas.
Horas antes de la gran movilización, el gobierno difundió un video institucional en el que reclama por una “memoria completa”. El mismo, realizado por el libertario de ultra derecha Agustín Laje, planteó una suerte de responsabilidad compartida en el contexto de “una guerra”, lo que remite a la vieja teoría de los dos demonios.
En el video de unos 20 minutos, hace especial énfasis en organizaciones como Montoneros y el ERP por realizar “los más horrendos crímenes”, por sobre el propio accionar genocida del Estado militar. Además, criticó la cifra de los 30.000 desaparecidos y atacó a las organizaciones de Derechos Humanos.
Más tarde, fue el momento del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien a través de un video grabado con anterioridad, salió a la luz ayer a las 11.
En el mismo anunció la “desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las fuerzas armadas durante el período de 1976 y 1983. Así como toda otra documentación producida en otro período, pero relacionada con el accionar de las fuerzas”.
Y añadió que ello implica el traspaso de estos archivos en manos de la SIDE a la órbita del Archivo General de la Nación.
Allí radica la primera contradicción, debido a que hace un año el propio gobierno desmanteló un área del Ministerio de Defensa que se ocupaba de los archivos de las Fuerzas Armadas.
En este sentido, el 27 de marzo de 2024, desde ATE Nacional denunciaban que entre las áreas con mayor cantidad de despidos estaban los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de Archivos de las Fuerzas Armadas y el Equipo del Sistema de Archivos para la Defensa, dependientes de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa.
“La tarea de los ERyA ha sido reconocida regional e internacionalmente por ser un caso paradigmático de tarea de archivo realizadas por civiles en dependencias de las FFAA”, señalaba ATE.
Y agregó que esas tareas que se desempeñaban permitían “el aporte a causas judiciales que investigan delitos de lesa humanidad en todo el país”.
Desconfianza sobre el anuncio del Gobierno
Si bien el gobierno de Javier Milei anunció la desclasificación de los archivos de las fuerzas armadas en el período de la última dictadura militar, existe escepticismo sobre dicho anuncio.
En 2010, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner avanzó con la desclasificación de dichos archivos a través del decreto 4/2010. En el anuncio del gobierno, Adorni dijo que “nunca se implementó completamente”.
Pero además, quien se pronunció ahora fue la interventora de la AFI (actual SIDE) durante el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Caamaño: “La desclasificación ya está dada desde mi gestión por orden de Alberto Fernández y estaba todo a disposición de quien lo pidiera”, expresó a C5N.
Y agregó: “Lo que pasa es que ahora no entregan más información, no cumplen y salen a decir que desclasifican ellos”. Además, detalló que habían hecho un convenio con la Casa de la Moneda para digitalizar todo el material de la última dictadura pero que “ellos cerraron la Casa de la Moneda. Todo el anuncio de hoy es puro humo”.
Por otra parte, empleados del Espacio de Memoria y Derechos Humanos, que se desempeñan en lo que es el ex centro clandestino de la ESMA, aseguraron que el propósito del gobierno es el de “garantizar la impunidad” en los crímenes de la dictadura.
Además, se refirieron a la intención del gobierno ante la CIDH: “No pueden decidir si un crimen es de lesa humanidad o no. Eso está establecido por acuerdos internacionales y, además, fue rechazado por la Justicia argentina. No todo crimen es un crimen de Estado”.
Por último, en diálogo con Noticias Argentinas, aseguraron que “es pura demagogia la desclasificación. ¿Quién va a hacerla? Echaron a todo el personal especializado en ese tema”, concluyeron.