Cada 24 de marzo tenemos la tarea de hacer memoria. De arrojar un poco de luz sobre algún aspecto del período más oscuro de nuestra historia, iniciado en 1976. Mantener viva la memoria es nuestro acto colectivo de resistencia, de pedido de justicia, de reclamo de nunca más sufrir el terrorismo de Estado.
Por esto no hay que olvidar que uno de los objetivos de la inhumana represión que ejerció la dictadura fue poder implementar una política económica regresiva, sin el condicionamiento de una clase obrera que no pudo organizarse, porque la desaparecieron.
Así como todas las dictaduras latinoamericanas marcaron profundamente a las sociedades por la magnitud de su dolor, en muchos casos también significaron un antes y un después en la historia económica.
En la Argentina, el manejo de la economía por parte de la Junta Militar, con el ministro de José Alfredo Martínez de Hoz a cargo, dejó secuelas casi irreversibles: la contracción de una enorme deuda externa, la reprimarización de la economía, la destrucción de la industria argentina y su reemplazo por un modelo de acumulación financiero.
Una transformación anhelada por los sectores poderosos
Desde la génesis del Estado argentino, entre la dirigencia política se debatía cuál debía ser el papel de nuestro país en el mercado internacional, en qué se especializaría la producción y a qué sector debía beneficiar la política económica.
Tras las primeras décadas de una economía basada en la exportación de bienes primarios, donde la riqueza se acumuló en manos de un puñado de terratenientes, durante el siglo XX hubo varios intentos de industrializar el país. Todos estos intentos, así tuvieran menor o mayor éxito, fueron interrumpidos por dictaduras militares.
Sin embargo, fue la última dictadura cívico-militar, de 1976 a 1983, la que realmente logró transformar profundamente la estructura productiva del país: el ingreso pasó de ser distribuido entre les trabajadores a concentrado en unos pocos beneficiarios y la especulación financiera reemplazó a la producción industrial.
La política económica de Martínez de Hoz, acompañada del disciplinamiento social de las fuerzas de seguridad, benefició concretamente a ciertos sectores: los grupos agropecuarios poderosos, los conglomerados industriales multinacionales, el capital internacional y el sector inmobiliario.
Los ejes principales del programa económico
Desindustrialización y ajuste a los trabajadores
El ajuste y la desindustrialización fueron dos herramientas para romper la alianza entre la burguesía nacional y los obreros industriales, sector donde consideraban que residía una amenaza que no había sido eliminada por los gobiernos militares previos.
Es por esto que las primeras medidas de Martínez de Hoz fueron de carácter regresivo, para revertir la participación de les trabajadores en el ingreso nacional. Congelamiento de salarios, reducción de retenciones, eliminación de controles de precios, devaluación… (nótese la similitud entre las cuatro M del neoliberalismo: Martínez de Hoz, Ménem, Macri y Milei).
Posteriormente, con la reducción de aranceles de importación de bienes industriales que competían con la producción nacional, comenzó el proceso de desindustrialización. En todo el proceso el volumen de producción disminuyó considerablemente.
Modelo de acumulación financiera
La reforma financiera de 1977 buscaba eliminar las regulaciones estatales sobre el capital financiero, otorgando al mercado la libertad de fijar las tasas de interés, para fijar sucursales de instituciones financieras y para manejar el crédito bancario.
En consecuencia, el mercado de capitales se volvió volátil y altamente especulativo, debilitando aún más a la industria porque la rentabilidad de las tasas de interés superaba a la rentabilidad de la actividad productiva.
La toma de deuda se relacionaba con este punto, ya que los especuladores contraían créditos en el exterior a bajas tasas de interés y la invertían con un interés mucho más alto.
Deuda externa
Durante la dictadura, la deuda externa se quintuplicó. Hasta 1979, los compromisos eran contraídos por el gobierno para aumentar las reservas. Posteriormente, se endeudaron las empresas públicas y privadas, y el 60% del capital fue destinado a la fuga de capitales.
No sólo la Junta dejó una deuda de más de 44 mil millones de dólares, habiendo recibido tan sólo 8 mil millones, sino que el Banco Central implementó un sistema de cambios en 1982 que significó la estatización de la deuda privada.