El decreto 194/2025, publicado en el Boletín Oficial este lunes 17 de marzo, y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Guillermo Francos, generó una nueva ola de preocupación en el sector cultural. Con esta disposición, las plataformas CINE.AR, CINE.AR Play y CINE.AR Estrenos, hasta ahora bajo la órbita del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), fueron transferidas a Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal, dependiente de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, a cargo del vocero presidencial Manuel Adorni.
Este cambio no sólo redefine el control del cine argentino en términos administrativos, sino que también abre interrogantes sobre el destino de una de las pocas herramientas de difusión y acceso gratuito a la producción nacional.
CINE.AR, una plataforma clave en riesgo
CINE.AR es una plataforma argentina de streaming que ofrece películas, series, documentales y cortometrajes nacionales. Lanzada en noviembre de 2015 bajo el nombre de Odeón, fue creada por el INCAA con soporte tecnológico de ARSAT. Su objetivo principal es acercar el cine argentino de manera gratuita a un público masivo, permitiendo disfrutar de los contenidos desde cualquier dispositivo.
La plataforma permite crear hasta cuatro perfiles de usuario, para que cada uno personalice sus preferencias, realice su propia lista de contenidos favoritos y consulte el historial de navegación. Además, cuenta con una sección denominada Estrenos, que permite visualizar películas en simultáneo a su estreno en cines, a un costo accesible. Su importancia radica en la posibilidad de acercar el cine argentino a un público masivo sin las barreras económicas que suelen imponer otras plataformas comerciales. Sin embargo, con esta nueva transferencia, su continuidad y su modelo de acceso gratuito están en peligro.
Centralización del control y riesgo de privatización
La primera consecuencia directa de este decreto es el desplazamiento del INCAA como entidad reguladora y promotora del cine nacional en favor de un organismo que responde directamente al Poder Ejecutivo.
El INCAA, a pesar de su crisis actual y los recortes presupuestarios que lo afectan, fue históricamente el ente encargado de fomentar la producción y difusión de contenidos audiovisuales argentinos. Ahora, al quedar bajo el mando de un organismo ligado a la comunicación gubernamental, las decisiones sobre qué contenidos se visibilizan podrían estar condicionadas por intereses políticos antes que culturales.
Además, el nuevo esquema de administración a través de Contenidos Artísticos e Informativos S.A.U. deja abierta la posibilidad de una privatización parcial o total de las plataformas, en línea con las políticas de desregulación y reducción del Estado promovidas por la gestión de Milei.
Si bien el decreto no menciona explícitamente un proceso de venta o concesión, el antecedente de otras áreas afectadas por medidas similares sugiere que el riesgo es real. La privatización de CINE.AR implicaría que las películas argentinas, que hasta ahora tenían un espacio gratuito y accesible, pasen a estar bajo una lógica de mercado que podría restringir su difusión y encarecer su acceso.
Impacto en la industria cinematográfica nacional
El cine argentino ya enfrenta un panorama sombrío con el virtual congelamiento de la actividad del INCAA, los recortes a los subsidios y la falta de políticas activas de promoción. La transferencia de CINE.AR agrava aún más la crisis, ya que la plataforma se consolidó como un canal esencial para que las producciones nacionales lleguen al público, sobre todo en un escenario donde la exhibición en salas se ve cada vez más restringida y dominada por los grandes estudios internacionales.
Al quedar en manos de un organismo ajeno a la gestión cultural, los cineastas argentinos podrían perder una de sus principales vitrinas de difusión. La incertidumbre sobre el modelo de gestión que aplicará la nueva administración genera temor entre los realizadores, quienes ya manifestaron su preocupación por la posible reducción del catálogo nacional o la imposición de criterios editoriales que afecten la diversidad y la libertad de expresión en las producciones.
El riesgo de la censura, el vaciamiento y el uso político
Otro de los aspectos más preocupantes de esta medida es el control directo que la Secretaría de Comunicación y Medios tendrá sobre el contenido disponible en CINE.AR. La concentración del manejo de medios y plataformas de difusión cultural en un órgano ligado a la comunicación gubernamental abre la puerta a posibles casos de censura o elección arbitraria de los contenidos. En el entorno político actual, donde la administración adoptó un discurso abiertamente crítico hacia el sector cultural y artístico, el temor a una depuración ideológica de los contenidos no es infundado.
Asimismo, esta nueva estructura podría permitir el uso de la plataforma como un medio de propaganda gubernamental, desplazando contenidos culturales para dar lugar a producciones alineadas con el discurso oficialista.
En los últimos meses, se afianzó una estructura mediática favorable al gobierno, donde los principales medios de comunicación y canales televisivos presentan un sesgo alineado con la narrativa oficial. La eliminación de la pauta oficial y el cierre de la agencia Télam redujeron el acceso a fuentes de información con mayor diversidad de enfoques, mientras que en redes sociales se observa un aumento en la actividad de cuentas afines al oficialismo que no hacen más que amplificar esta cuestión. En este contexto, la transferencia de CINE.AR a un órgano gubernamental genera incertidumbre sobre su independencia editorial y su posible uso como herramienta de propaganda.
Por otro lado, existe también la posibilidad de que, lejos de potenciar la plataforma, la misma sea progresivamente desfinanciada hasta quedar inoperativa. La experiencia reciente con otros programas estatales sugiere que este tipo de transferencias pueden ser el primer paso hacia la desaparición de iniciativas públicas estratégicas.
De concretarse este escenario, el cine argentino perdería no solo una plataforma de exhibición clave, sino también un espacio de construcción de identidad cultural y de acceso democrático a sus producciones.
El riesgo de privatización, censura o vaciamiento es alto, y sus consecuencias podrían ser devastadoras para una industria que fue históricamente una de las más reconocidas de América Latina. Frente a este panorama, resulta fundamental que la comunidad audiovisual, las asociaciones de cineastas y la sociedad en su conjunto se mantengan alertas y movilizadas en defensa de un cine nacional autónomo, plural y accesible para todos.