La oposición irá por el quórum en la sesión especial de mañana en la Cámara de Diputados para tratar 10 proyectos relacionados a la criptoestafa difundida por Javier Milei. El temario incluye desde la creación de una comisión investigadora hasta el pedido de informes al Poder Ejecutivo.
Por otra parte, un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó una denuncia penal contra el Presidente de la Nación y todos los firmantes del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autorizan un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En tanto, el pedido de sesión especial mañana en la Cámara baja fue realizado por el diputado Pablo Juliano de Democracia para Siempre y se espera que inicie a las 12.
Para su inicio, se necesita la presencia de al menos 129 diputados, lo cual asoma como muy probable con la cifra de 136 opositores con presumible intención de abrir el recinto.
Para la causa, Unión por la Patria podría aportar hasta 98 legisladores, Encuentro Federal 15, Democracia para Siempre 12, Coalición Cívica 6 y el Frente de Izquierda otros 5.
Ahora bien, el tratamiento de los proyectos no significa que estén cerca de su aprobación, ya que al no haber pasado por comisiones necesitan dos tercios de los votos, algo prácticamente descartado.
Ante esta situación, la oposición buscará un emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para dar fecha a su tratamiento correspondiente.
De este modo, de los diez proyectos que se impulsan tienen alguna participación todos los bloques opositores con intenciones a dar el quórum. Entre las iniciativas, se encuentra la creación de una comisión investigadora, tal como ocurrió en el Senado pero que finalmente fue rechazada con el polémico giro del radical Eduardo Vischi.
Además, se incluyen pedidos de informes al Ejecutivo, puntualmente a la Secretaría General de la Presidencia de Karina Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y al vocero presidencial, Manuel Adorni.
Lo que finalmente no ingresó en el temario es el pedido de juicio político debido a la poca convicción de buena parte de la oposición.
Por otra parte, no se descarta que se pueda debatir sobre la declaración de emergencia de Bahía Blanca.
Diputados y una denuncia penal por el DNU que acuerda con el FMI
El gobierno de Javier Milei hizo oficial el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, lo que valió una denuncia penal por diputados de Unión por la Patria.
El DNU, cuestionado por su ilegalidad, no brinda detalles del acuerdo con el FMI, ni de montos ni de plazos, por lo que no se sabe cuales son los términos del acuerdo.
El DNU se limitó a comentar que el objetivo es el de “cancelar parte de la deuda que el Tesoro mantiene con el Banco Central de la República Argentina”, para “afrontar vencimientos de créditos tomados con el organismo internacional en el marco del acuerdo firmado en 2022”.
Esta situación provocó la denuncia de un grupo de diputados nacionales de UP, donde figura Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio César Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz y Brenda Vargas Matyi, con el patrocinio del letrado Eduardo Barcesat.
En la denuncia, destacan que el DNU viola los artículos 75 y 76 de la Constitución Nacional, que establecen que un endeudamiento con organismos internacionales debe tener la aprobación del Congreso.
Así, el artículo 75 de la CN en su inciso 7 indica que al Congreso le corresponde “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. A su vez, el inciso 22 establece que el Poder Legislativo es quien tiene la potestad de aprobar o rechazar tratados y concordatos con las organizaciones internacionales.
En tanto, el DNU de Milei tampoco cumple con la Ley 27.612, la cual dice que todo programa de financiamiento con el FMI, como cualquier ampliación de los montos de dichos programas “requerirá de una ley del honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
En resumen, se le solicita a la Justicia que impida la consumación de un delito, por tanto, que cualquier acuerdo con un organismo internacional debe ser por aprobación del Congreso.
Asimismo, se denuncia que el Gobierno se arroga funciones exclusivas del Poder Legislativo por lo que el DNU califica constituye un abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, conforme a los artículos 248 y 249 del Código Penal.