Durante el inicio del ciclo lectivo para cadetes de Policía y Bomberos, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, exigió a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la presentación de un plan urgente y con fechas definidas para trasladar a los presos alojados en comisarías porteñas a cárceles federales. La situación ha alcanzado niveles críticos: actualmente, hay más de 2.400 detenidos en dependencias policiales que fueron diseñadas para albergar apenas 1.000 personas.
«No podemos seguir teniendo detenidos donde no deben estar y representan un peligro para todos», advirtió Macri, y agregó con contundencia: «Las comisarías no son cárceles y los policías no son guardiacárceles». En el evento también participaron el nuevo ministro de Seguridad porteño, el represor Horacio Giménez, el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y otras autoridades vinculadas a la seguridad y justicia.
El colapso del sistema: cifras alarmantes
El problema del hacinamiento en las dependencias policiales porteñas no es nuevo, pero ha crecido exponencialmente en los últimos años. Mientras que en 2020 se registraban 448 detenidos en comisarías, la cifra escaló a 1.794 en 2023 y alcanzó los 2.450 en lo que va de 2025. Esta sobrepoblación impacta directamente en el funcionamiento del sistema de seguridad: actualmente, 3.000 efectivos de la Policía de la Ciudad están dedicados exclusivamente a la custodia de presos, reduciendo la presencia policial en las calles.
Los datos también revelan que el 92% de los detenidos está bajo la órbita de la Justicia Nacional, mientras que solo 36 corresponden a la Justicia Federal. Esto pone en evidencia la falta de acción del Servicio Penitenciario Federal, que debería absorber a estos detenidos y permitir que las fuerzas policiales cumplan su rol de prevención del delito.
El costo millonario del problema
El Gobierno porteño destinó en 2024 más de $70.161 millones para la gestión de los detenidos en dependencias policiales, con un costo diario de $83.576 por persona. En un contexto de crisis económica, el gasto en seguridad se vuelve insostenible si no se implementan medidas estructurales.
Para enfrentar la problemática, Macri anunció una inversión de más de $26.000 millones en equipamiento y tecnología, incluyendo la adquisición de 120 camionetas, 60 motos, 40 cuatriciclos y 4 minibuses blindados con lector de patentes y cámaras 360°. Sin embargo, sin una solución de fondo en el manejo de la población carcelaria, estas inversiones podrían no ser suficientes para mejorar la seguridad en la Ciudad.
Una demanda que no puede esperar
La crisis penitenciaria en la Ciudad de Buenos Aires requiere respuestas urgentes del Gobierno Nacional. Con comisarías desbordadas, policías sobrecargados y un gasto millonario insostenible, la exigencia de Jorge Macri a Patricia Bullrich no es solo una demanda política, sino una necesidad para garantizar la seguridad de los porteños. La falta de acción del Servicio Penitenciario Federal pone en jaque el sistema y requiere soluciones inmediatas.