“Nada que no deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”, señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni. La frase recuerda a la emitida hace más de 30 años por uno de los arquitectos jurídicos de las privatizaciones del menemismo, Roberto Dromi.
“El Presidente de la Nación ha firmado el decreto que convierte a Yacimiento Carbonífero de Río Turbio en una Sociedad Anónima”, anunció Adorni en su cuenta de X, concluyendo con su característico cierre: “Que todos tengan un gran inicio de semana. Fin”.
YCRT es una de las nueve entidades estatales incluidas en la versión final de la Ley Bases, que las designa como organizaciones públicas sujetas a privatización o concesión. Este lunes el decreto fue publicado en el Boletín Oficial.
Actualmente, YCRT emplea a unos 2.100 trabajadores, y la ciudad de Río Turbio depende en gran medida del funcionamiento del yacimiento y de la Central Termoeléctrica.
Un informe de la SIGEN correspondiente al tercer trimestre de 2024 reveló un resultado económico negativo de $8.728 millones para YCRT, a pesar de haber recibido fondos nacionales por $53.837 millones. Esto implica un déficit operativo de $62.565 millones en los primeros nueve meses del año, en comparación con los u$s140 millones registrados en 2023.
Los trabajadores del sector rechazaron la conversión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio a Sociedad Anónima y en un comunicado plantearon que el Gobierno “quiere abrir el proceso de privatización”.
“Intentos similares existieron en los ‘90, también en el 2008 y no pudieron. Hemos resistido permanentemente las propuestas de concesionarla, desguazarla y hasta dividirla en unidades económicas y pudimos mantenerla siempre en pie”, manifestó Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Desde el sindicato también destacaron que el artículo 8 de la Ley Bases obliga al Estado nacional a mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
La base legal que permite este avance del sector privado
El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, rechazado en el Senado pero vigente por el silencio de Diputados, contenía la fundamentación a la que ahora apela el Gobierno para estos cambios.
Lo explica con toda claridad esta publicación de Marval, O’Farrell y Mairal, que se presenta como “la firma de abogados más grande de Argentina y una de las líderes de Latinoamérica”. Esa empresa de abogados, participó en la redacción de ese texto, que al igual que la Ley de Bases, fue elaborado por las corporaciones a través de esos estudios.
“Se prevé la posibilidad de que las nuevas Sociedades Anónimas creadas en virtud de las disposiciones comentadas estén sujetas a un Programa de Propiedad Participada para transferir sus acciones a sus empleados o a un proceso de privatización”, aseguraron en esos días de diciembre de 2023, al comienzo de la gestión de Milei.
Desde lo técnico, explicaron que “a tal fin, el DNU 70/2023 introduce modificaciones en el régimen de Programa de Propiedad Participada de la Ley de Reforma del Estado Nº 23.696. Además, se eliminan ciertas restricciones que impedían la privatización o la cesión de las acciones que el Estado Nacional posee sobre ciertas entidades”.
Otras empresas en la mira del Gobierno
La semana pasada el Gobierno hizo lo mismo que ahora decretó con YCRT, pero con el Banco Nación, la entidad más grande de la Argentina, tanto a nivel público como privado.
Además de YCRT, la Ley Bases incluye a Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Corredores Viales y Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA). Sin embargo, el Gobierno parece tener planes más ambiciosos, con más de 60 empresas de mayoría accionaria estatal en su lista de posibles privatizaciones. Además, hay otras 59 empresas en las que el Estado tiene una participación minoritaria y 8 en proceso de liquidación.
Entre las empresas más destacadas se encuentran Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Administración General de Puertos, Concesiones Viales, varias empresas ferroviarias, ARSAT, ENARSA, IMPSA, Casa de Moneda, los bancos Nación, Hipotecario y BICE, Fabricaciones Militares, Tandanor y la Televisión Pública.