El viernes por la tarde Javier Milei publicó en sus cuentas de X e Instagram un mensaje promocionando la criptomoneda Libra. Este acto de publicidad por parte de un usuario, al mismo tiempo Presidente de la Nación y con cerca de 3,8 millones de seguidores, provocó un aumento inmediato en el valor del token, que minutos después se desplomó.
Esa acción, típica de los esquemas Ponzi de estafas, causó pérdidas significativas para quienes habían invertido. La contraparte es que generó ganancias millonarias para unos pocos.
Tras horas de silencio, Milei borró los mensajes y se defendió alegando que «no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión». Sin embargo, la polémica no ha cesado y ya hay pedidos de juicio político.
La noticia se difundió rápidamente, generando críticas y repudios de diversos sectores políticos. Legisladores como Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sugirieron que Milei podría haber violado la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, y que los hechos podrían configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa.
«Esto no fue libre mercado. Fue una maniobra especulativa que podría estar apalancada en el poder político del Presidente y en el uso de información privilegiada», afirmó Ferraro, quien solicitó la creación de una Comisión Especial Investigadora para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
El presidente de Libres del Sur, Humberto Tumini, analizó que «este Presidente, que se dedica a bajarles el sueldo a los trabajadores, quitarles ayudas a los pobres, joderlos a los jubilados, fundir la industria nacional, mientras agiganta la timba financiera. Ahora, además, es promotor de las estafas con las criptomonedas». Lo hizo en su cuenta de X, con el #HayQueEcharlo.
El director del Instituto Consenso Federal y exministro bonaerense, Alejandro Topo Rodríguez, hizo una detallada descripción en sus redes de las posibles responsabilidades penales de Milei.
«Una posibilidad es que el propio Milei sea parte interesada y activa en la maniobra que perpetró la estafa. Puede formar parte de una asociación más amplia. Una asociación formada para perpetrar delito. Eso deberá ser investigado por la Justicia. Pero, como mínimo, ya estaría violando la Ley de Ética Pública (Artículo 2, inciso g) e incursionando en negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (Art. 265 del Código Penal)», detalló.
Además, aseguró que «si dice ser inocente, entonces debería él mismo someterse a una investigación profunda de la Justicia, poniendo a disposición todos los elementos que permitan esclarecer la situación. Lo primero que debería hacer es entregar su teléfono celular, sin borrar ni alterar nada de nada, para que sea peritado con urgencia».
Son cada vez más en las últimas horas las expresiones en ese mismo sentido y se anticipan acciones judiciales y legislativas.
Secuencia de la posible estafa de la que Milei sería parte
El tuit original de Milei, publicado a las 19:01 del viernes, decía: «La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina». El mensaje incluía enlaces a la página de Libra y al token promocionado.
La página de la criptomoneda, Viva La Libertad Project, describe a Libra como un token diseñado para fortalecer la economía argentina, apoyando el emprendimiento y la innovación. Sin embargo, la volatilidad en su valor ha dejado a varios inversores con pérdidas significativas, mientras que los creadores de Libra se encuentran entre los ganadores.
El diputado Esteban Paulón anunció que presentará un pedido de juicio político contra Milei, calificándolo como «Javo Ponzo Milei» en referencia a la polémica situación.
El Código Penal argentino establece en su apartado de los delitos contra la Administración Pública las posibles implicancias de las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
- ARTICULO 265. – Será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.
Son los aspectos técnicos de un escándalo que sacude la agenda política de estas horas.
Habrá que ver, en lo próximos días, si la cobertura mediática alcanza para que esto quede en el olvido.