Un plan que divide opiniones
La ministra de Seguridad del gobierno nacional anunció hace semanas el “Plan Güemes”. Sobra decir que no hay nada que emparente a Bullrich, Milei y a este “plan”, con el Libertador General Martín Miguel de Güemes, asesinado por los colonialistas españoles gracias a la traición de parte de la oligarquía salteña realista. Mientras el General Güemes dedicó su vida a la lucha por la independencia de América y nuestra patria, la actual administración de Milei-Villarruel, de impronta rivadaviana, ha venido a acabar con toda posibilidad de una Argentina industrial, técnica, científica, independiente y soberana.
A los pocos días de implementado este plan anunciado con bombos y platillos como parte de “la lucha contra el narcotráfico y el contrabando”, se supo de la muerte de Fernando Gómez, en Orán, en una situación que involucra a personal de la Gendarmería Nacional Argentina. En otro episodio, en el que también está involucrado personal de Gendarmería, otro joven, Ariel Arnaldo Gareca, resultó gravemente herido en la cabeza. Estos hechos recuerdan otros producidos por la ministra Bullrich, durante su gestión durante el gobierno del Ingeniero Macri.
Las rutas del narcotráfico y la complicidad internacional
No hay ningún dirigente político, menos aún quienes están en funciones en el Estado Nacional o provincial, que no sepa que el contrabando del narcotráfico se realiza principalmente a través de los ríos interiores de América del Sur que derivan en el Río Paraná, el que desemboca en el estuario del Río de la Plata.
Por allí salen los buques con droga al Atlántico Sur, pasando por el puerto de Buenos Aires y luego por el puerto de Montevideo. Este es un camino controlado por completo por la DEA (EEUU), con la colaboración de otras agencias de inteligencia de potencias imperialistas occidentales. No vamos a enumerar los buques que se decomisaron en Europa, con una, o una y media tonelada de cocaína, que partieron del puerto de Buenos Aires, donde estuvieron amarrados, a veces, hasta más de un mes, sin que nadie “se percatara” de qué estaban llenas las bodegas.
Es muy hipócrita y peligroso alambrar la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia, en la localidad de Aguas Blancas, como supuesta solución al problema del narcotráfico. El trabajo de los imperialismos y colonialismo por la balcanización de toda América del Sur, se vale de cualquier recurso con el fin de llevar a nuestro continente a la fragmentación total. Esta propuesta impulsada por Bullrich, va en esa dirección.
Contrabando, corrupción y lavado de dinero
El gobierno de Milei viene de realizar un blanqueo de 30 mil millones de dólares, sin que a los “blanqueadores” se les exigiese ninguna declaración. No cabe dudas que esto permitió que fondos provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico, pudiesen ser lavados en la Argentina sin ningún inconveniente.
Asimismo, en el propio gobierno nacional y entre sus funcionarios, hay quienes sostuvieron conocidas relaciones con narcotraficantes. El caso del diputado Espert es más que conocido. Su relación fue con Federico “Fred” Machado, detenido en Neuquén por pedido de la justicia de los EEUU, acusado de participar de una banda dedicada al tráfico de droga y al lavado de activos proveniente de ese negocio.
El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, por su parte, fue abogado de condenados por narcotráfico, como Mario Segovia, “el rey de la efedrina”, hombre fuerte del negocio de la droga en Rosario antes de la irrupción de Los Monos, y del ex intendente de Paraná Sergio Varisco, sentenciado a seis años y medio de prisión por comercialización de estupefacientes. Además, representó al abogado Mateo Corvo Dolcet, acusado de lavar dinero del narcotráfico colombiano, según documentación de la causa de 2020 publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ).
Clarín informó en 2017 que, patrocinado por Cúneo Libarona, Corvo Dolcet pagó diez millones de pesos para salir de la cárcel y que documentación que se le secuestró en un allanamiento daba cuenta de que Corvo Dolcet habría recibido un pago de la viuda del capo narco Pablo Escobar Gaviria. En ese caso intervino, entre otras áreas de investigación del Estado, la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado que hoy está dentro de la órbita del Ministerio de Justicia que dirige Mariano Cúneo Libarona.
La seguridad nacional y la defensa de nuestras fronteras
Hace ya muchos años que la Gendarmería y la Prefectura argentinas han sido apartadas de la custodia real de nuestras fronteras por decisiones de los distintos gobiernos que se sucedieron, desde Menem a esta parte. Su entrenamiento ha sido centrado en la represión a manifestaciones populares, desde el “Proyecto X” a otros similares que le sucedieron.
Hace muchos años que Argentina dejó de ser un país de tránsito de la droga, para ser un país de tránsito, producción y consumo. Escándalos como los de Southern Winds, el de Eduardo y Gustavo Juliá, o el del triple crimen de General Rodríguez (vinculado al contrabando de efedrina a través de la triangulación China-Argentina-México), son demostrativos de esta situación que pretende ser mal disimulada con planes que no atacan a los verdaderos responsables y beneficiarios del flagelo de la droga.
Ahora asistimos a la proliferación del brutal fentanilo para consumo masivo, etc., sin hablar de la marihuana que ha sido santificada por distintos sectores. Como complemento, el gobierno de Milei, a través de su ministra Pettovello, ha desarticulado todos los programas dedicados a la lucha contra el narcotráfico, tráfico criminal que las más de las veces va unido a la trata de personas para la esclavitud sexual y laboral y al tráfico de órganos. Vale agregar que este gobierno también desmanteló todos los sistemas destinados a la lucha contra la trata de personas.
Una verdadera contribución a la defensa de nuestras fronteras pasa por la eliminación de todos los latifundios en manos extranjeras, como el que posee Joseph Lewis, hoy asociado con multimillonarios árabes, tanto en la frontera marítima (Bahía Lobos, provincia de Río Negro), como en la frontera oeste, al pie de los Andes, en el Lago Escondido.
La expropiación de tierras de los terratenientes latifundistas extranjeros, que suman casi 20 millones de hectáreas en sus manos y que se establecen como Estados dentro del Estado Nacional, debe ser complementada con la entrega de esas tierras a productores propietarios para establecer numerosas nuevas ciudades donde la misma población será garante de la soberanía nacional y en las que pueda realizarse plenamente la producción nacional de bienes de todo tipo.
También con el respeto e implementación total de la Ley 26.160, que apunta a resolver el problema de las tierras ancestrales de los pueblos originarios, siguiendo el camino trazado por nuestros padres fundadores: Belgrano, San Martín, Güemes, Artigas, etc., uniendo la reparación a sus derechos históricos a la lucha común por la soberanía e integridad territorial de Argentina.
Solo uniendo a todos los que habitamos este suelo es que se puede pensar en una base sólida para una defensa nacional, patriótica, popular, integral e integrada, en la que el instrumento militar, las fuerzas armadas y las fuerzas de frontera cumplan cabalmente con su verdadera misión, y no se vean comprometidas en acciones represivas por las que sus inspiradores y mandantes nunca rinden cuentas.
El autor de esta nota es Coordinador Nacional del Foro Patriótico y Popular