Tras constatar serias irregularidades administrativas, internaciones compulsivas y condiciones de vida gravosas, la Justicia intervino una comunidad terapéutica de la localidad bonaerense de Moreno.
El Juzgado de Familia 1 de Moreno, encabezado por la jueza María Alejandra Galati, dictaminó la prohibición de nuevos ingresos a la Fundación Despertar, en la zona de La Reja.
Un sistema en crisis: vulneraciones y negligencia
La comunidad terapéutica Despertar quedó bajo el escrutinio judicial luego de que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizara una inspección en la que constató múltiples irregularidades. Entre los hallazgos más alarmantes se encuentran la falta de habilitación municipal y provincial, el suministro irregular de medicación disuelta en líquidos sin consentimiento informado, y la ausencia de atención médica adecuada.
Dicha inspección se realizó el 10 de diciembre de 2024, y a partir del primer diálogo con el director y responsable de Despertar se observaron las irregularidades. Ni siquiera contaban con un listado actualizado y completo de las personas internadas, por lo que procedieron a realizar la enumeración en ese mismo momento.
Se registraron 23 personas, entre ellas un menor de edad y varias provenientes de otras provincias (Córdoba, Santa Fe y Corrientes). Sin embargo, la CPM pudo constatar que en realidad había dos personas más que las relevadas por las autoridades de la comunidad terapéutica.
Para esa cantidad de pacientes, el dispositivo sólo contaba con cinco profesionales como equipo técnico: una psicóloga, un psiquiatra y tres operadores socio terapéuticos. De acuerdo al registro de las historias clínicas, la atención individual en psicología es cada 20 días o 30 días y en el caso de psiquiatría la atención suele ser más espaciada en el tiempo.
A esto se le suma que el tratamiento farmacológico es completamente irregular y suministrado por operadores que no están capacitades para hacerlo: los medicamentos son entregados de manera molida y disuelta en lo que denominan como “jugo”. La mayoría de las personas manifestaron que ni siquiera saben qué medicamentos le suministran. Asimismo, descubrieron que se utiliza la posible aplicación de medicación inyectable como forma de amenaza.
Las irregularidades documentadas constataron un régimen de vida restrictivo, violaciones a la Ley de Salud Mental, y la convivencia de menores con adultos en condiciones críticas.
El panorama se agrava con la realidad nacional: recortes presupuestarios del gobierno de Javier Milei afectan al sistema sanitario. Disminuciones de entre el 20% y el 40% en el financiamiento de hospitales como el Garrahan y el Posadas, y la eliminación de programas esenciales, como el de prevención del embarazo adolescente, exponen la vulnerabilidad del sistema de salud pública y de las políticas de cuidado.
Repercusiones y próximos pasos
Frente a las paupérrimas condiciones, la jueza Galati determinó que no se admitirán nuevos ingresos en la Fundación Despertar hasta que se obtengan las habilitaciones correspondientes. Además, se implementó un plan de acción consensuado con la CPM y el Órgano de Revisión Local. El mismo buscará garantizar la salud y dignidad de los alojados, un derecho básico consagrado en la Constitución Nacional.
“Atento el grado de certeza y gravedad de las irregularidades descriptas en el ámbito de la FUNDACIÓN DESPERTAR, entiendo que las mismas no admiten ser desconocidas, toda vez que se pone en juego la dignidad de la persona humana, el acceso a la salud y a recibir trato digno en dichos ámbitos; todos derechos fundamentales con rango convencional y constitucional”, señala la reciente resolución de la jueza María Alejandra Galati.
La decisión llega en un contexto donde el presupuesto para salud pública presenta reducciones significativas. Por ejemplo, la partida destinada a medicamentos esenciales para el tratamiento de tuberculosis, VIH y hepatitis C sufrió un descenso del 76%, afectando a los sectores más vulnerables.
Una alerta para el sistema sanitario argentino
Este caso evidencia las consecuencias del abandono estatal en la regulación y financiamiento de instituciones que deberían velar por los derechos de las personas más vulnerables. En un sistema que enfrenta recortes y precarización, la justicia se erige como un último bastión en defensa de la integridad y salud de los ciudadanos.
La intervención de la Justicia subraya la urgencia de una acción estatal coordinada para evitar que situaciones como esta se repitan. La salud y la dignidad de las personas no pueden ser moneda de cambio en el ajuste presupuestario.