En una nueva escalada del conflicto en la Secretaría de Derechos Humanos, 15 delegados y miembros de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Justicia, con mandatos vigentes, fueron despedidos este jueves. Entre los afectados se encuentra la secretaria general adjunta de la Junta Interna.
El ingreso al edificio central del organismo, ubicado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), fue bloqueado por efectivos de la Policía Federal Argentina, quienes impidieron el acceso de los trabajadores despedidos.
Desde ATE denunciaron que esta medida forma parte de un plan sistemático de desmantelamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, impulsado por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños.
Hostigamiento y persecución sindical
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) señaló que estos despidos representan un intento por disciplinar a quienes lideran las luchas gremiales contra las políticas de ajuste y vaciamiento del organismo.
Este hecho se suma a una serie de acciones intimidatorias, como el reciente incendio del vehículo de Rubén López, secretario de Acción Política de ATE Capital, y las denuncias por la criminalización de medidas de fuerza sindical.
«Estamos siendo perseguidos por defender las políticas públicas de Derechos Humanos y oponernos al desguace del sector», expresaron desde el sindicato.
Exigencias y reclamos
En un comunicado oficial, ATE exigió al Ministerio de Justicia el cese inmediato del hostigamiento y la apertura de una mesa de diálogo para tratar la situación de los trabajadores despedidos.
«Despidos masivos, extorsiones, persecución y violencia no pueden ser tolerados en democracia. Exigimos respuestas concretas y la reincorporación de nuestros compañeros», reclamaron.
El sindicato alertó que el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos pone en peligro programas fundamentales de Memoria, Verdad y Justicia, así como la conservación de sitios emblemáticos como el Espacio Memoria y Derechos Humanos.
El contexto del conflicto
Desde fines de 2024, la Secretaría de Derechos Humanos ha ejecutado despidos masivos, especialmente en áreas relacionadas con políticas de memoria y la gestión de sitios de memoria. Según cifras gremiales, más de mil trabajadores han sido desvinculados, afectando a numerosas familias y comprometiendo el funcionamiento de programas esenciales.
«MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA» fue el mensaje final del comunicado, que llamó a la sociedad a movilizarse en defensa de los derechos de los trabajadores y de las políticas públicas que buscan garantizar la memoria histórica del país.