Este jueves, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció tareas ilegales de inteligencia durante el abrazo a la ex ESMA. A través de un comunicado, detallaron que el viernes 27 de diciembre detectaron, en el marco del monitoreo de la represión a la protesta social, la presencia de personal policial de civil sin identificación y de policías filmando a los manifestantes.
Frente a esto, la CPM solicitó a la justicia federal que se investiguen los hechos ocurridos durante la protesta contra el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La denuncia fue asignada por sorteo al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10.
Según la denuncia presentada por el organismo, el personal de civil caminaba entre los convocados en las inmediaciones del sitio de memoria ex ESMA y luego interactuaba con los agentes de la Policía de la Ciudad que se encontraban en el lugar. Y agrega que al requerir información a los encargados del operativo sobre esta situación respondieron que “todo el personal de la Policía de la Ciudad se encontraba identificado y que esas personas no estaban a su cargo”. Asimismo, señala que las filmaciones ocurrieron en el interior y exterior del edificio.
El organismo adjuntó como material de prueba las fotografías y videos realizados por la CPM que dan cuenta de la presencia de personal de civil y de policías realizando filmaciones de los y las manifestantes. De acuerdo a la Comisión, las tareas de inteligencia pudieron tener como objetivo “la reunión de información de orden política y social, en el contexto de una manifestación pública realizada por los trabajadores de la Ex ESMA y las organizaciones sociales que los acompañaban”.
Al respecto, en la denuncia agregaron que estas actividades podrían encuadrarse en las disposiciones y prohibiciones de la Ley Nacional 25.520 que regula y limita los alcances de las tareas de Inteligencia para proteger los derechos y libertades de las personas. “Más aún si dichas tareas no fueron ordenadas por ningún órgano judicial de manera fundada, situación que deberá corroborarse en la investigación”, señalaron.
Por último, expresaron que estas acciones forman parte del cercenamiento del derecho a la protesta y de las políticas de memoria y derechos humanos que implican el despido masivo de trabajadoras y trabajadores, y el cierre de programas y del Centro Cultural Haroldo Conti.