En el cuarto aniversario de la aprobación de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, Amnistía Internacional alerta sobre el notable aumento de barreras en el acceso a la práctica. La cantidad de consultas que recibió la organización por obstáculos en el acceso al aborto aumentó un 215% en comparación con el 2023.
“El incremento en las denuncias por barreras en el acceso al aborto evidencia que no se trata de casos aislados, sino una tendencia preocupante que refleja el impacto negativo ante el desfinanciamiento de la política pública y la paralización de la compra de insumos esenciales que pone en riesgo la salud de niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar en todo el país”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Esto ocurre en un contexto en el que el presidente ha calificado la interrupción del embarazo como parte de una “agenda sangrienta del aborto” y un “asesinato agravado por el vínculo”. Estas declaraciones no solo desconocen el marco normativo vigente, sino que desinforman a la población y fomentan el estigma en torno al acceso al aborto.
Esto puede generar intimidación y temor tanto en las mujeres y personas con capacidad de gestar, como en los profesionales de la salud que, en cumplimiento de sus obligaciones legales, garantizan esta práctica.
Detrás de las cifras: la vida de miles de mujeres a las que el Estado les da la espalda
Entre los numerosos testimonios que recibió la organización a través del formulario de denuncias por barreras se encuentra el caso de “María” (nombre ficticio para preservar su anonimato) de Misiones que, cursando seis semanas de embarazo, decidió interrumpirlo. María tiene cuatros hijos y un salario de un empleo no registrado.
“Fui a dos hospitales públicos y no había medicación. Pedí ayuda al municipio, pero me dijeron que no tenían. La doctora me dijo que el Ministerio de Salud de la Nación no envía más medicación y que debía comprarla. Estoy desesperada porque no tengo los recursos”, relató a Amnistía Internacional.
Tras enterarse de su embarazo, María acudió al hospital de su localidad, donde no recibió respuesta. Desesperada, viajó al hospital de El Dorado, a más de una hora de su hogar. Allí participó en una consejería grupal con otras diez mujeres que buscaban acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Los médicos informaron que no podían garantizar el procedimiento por falta de insumos, debido a la interrupción intempestiva del suministro desde Nación, y les indicaron que debían comprar el misoprostol por su cuenta.
En agosto, el costo de la medicación era de 100.000 pesos, una suma inaccesible para María y muchas otras mujeres. Conforme información suministrada por el Ministerio de Salud de la Nación desde el comienzo de su gestión, el gobierno nacional paralizó la compra de Misoprostol y Mifepristona, insumos esenciales para el acceso al aborto lo que pone en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes
Ello representa un retroceso en materia de acceso a la salud sexual y reproductiva, en tanto en el año 2023 se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos combinados de Misoprostol y Mifepristona.
En virtud de ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó en el mes de noviembre al Estado argentino, a su sede en Washington DC, para explicar la grave regresión en políticas de género y en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Amnistía Internacional junto a otras organizaciones de la sociedad civil habían solicitado la audiencia con el fin de exponer evidencia sobre este retroceso en materia de derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en Argentina.
Aunque finalmente, tras el contacto de Amnistía Internacional, María logró acceder a la práctica, su testimonio demuestra el impacto de la falta de envío de insumos a las provincias en el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
Prácticas ilegales que obstaculizan el acceso al aborto en San Isidro
Amnistía Internacional alerta sobre prácticas coercitivas y violaciones de derechos en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, donde se han implementado mecanismos para disuadir y obstaculizar el acceso al aborto.
En 2024, «Camila» (nombre ficticio) fue derivada a un consultorio de «Maternidades Vulneradas», donde sufrió maltratos, preguntas invasivas y un uso indebido de sus datos personales para presionarla a cambiar su decisión.
Ante esta situación, tuvo que buscar atención en otra jurisdicción, algo que muchas no pueden hacer, enfrentando barreras económicas, demoras y riesgos para su salud. Amnistía Internacional envió una carta al director del hospital exigiendo explicaciones y medidas concretas para garantizar el cumplimiento de la Ley 27.610.
A cuatro años de la sanción de la ley los avances en salud pública son innegables: entre 2021 y octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud, logrando una reducción del 53 % en las muertes por aborto entre 2020 y 2022.
No obstante, casos como el de María y el de Camila exponen retrocesos preocupantes que deben ser atendidos con urgencia para garantizar en forma igualitaria los servicios de salud sexual y reproductiva que el Estado nacional está obligado a garantizar a través de diferentes leyes nacionales y tratados internacionales para proteger la salud y los derechos reproductivos de todas las personas en Argentina.
Información complementaria
Amnistía Internacional cuenta con un formulario de consulta, asesoramiento y denuncia para aquellas personas que desean abortar y encuentran barreras en el acceso. A través de dicho formulario, la organización no solo acompaña casos, sino también contribuye a que se adopten medidas para remover las barreras que impiden su acceso efectivo.
Ante barreras en el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, Amnistía Internacional recibe denuncias acá.