Este lunes, la fiscal federal de la Unidad Fiscal Jujuy, Lucía Orsetti, imputó a seis funcionarios públicos por fraude contra la administración pública por utilizar documentos públicos falsos en el marco de las actuaciones administrativas que fueron realizadas por varias áreas del Ministerio de Educación jujeño para la construcción de la Escuela Secundaria N°57 de la localidad Caspalá.
Los hechos
De acuerdo con la fiscalía, las maniobras investigadas ocurrieron en el marco de la iniciativa del gobierno de la provincia de Jujuy para avanzar con las obras de la escuela sobre la cancha de fútbol de Caspalá, el único terreno nivelado del pueblo ubicado a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar que constituye además parte del patrimonio cultural identitario, y en un predio privado con yacimientos arqueológicos subterráneos.
La comunidad kolla realizó protestas contra este hecho, dando lugar a una investigación en el fuero federal. En ese marco, durante noviembre se llegó a un acuerdo de reparación en el que el gobierno provincial se comprometió a retirarse de los predios ocupados y a regresar al estado de cosas preexistente.
Según detalló el portal del Ministerio Público Fiscal, los funcionarios sabían que la obra se levantaba en un lugar no adecuado, teniendo en cuenta la implementación de datos falsos en la documentación oficial y la ausencia de previsiones necesarias para la protección del patrimonio cultural.
La fiscal Orsetti señaló que esas “maniobras” causaron un perjuicio de más de $43 millones al Estado, que aportó los fondos para obras que comenzaron y no pudieron terminarse porque el lugar designado para levantar el establecimiento educativo era un yacimiento arqueológico protegido por leyes provinciales y federales, la Constitución Nacional y convenciones internacionales.
La decisión de la jueza
La jueza de garantías N°2 de San Salvador de Jujuy, Carina Inés Gregoraschuk, hizo lugar a la imputación contra la exministra de Educación provincial, María Teresa Bovi; la titular de la Secretaría de Infraestructura Educativa, María Victoria Martínez Fascio; el director de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura de esa cartera, José Raúl Torrejón; la asesora legal de ese ministerio, María Cecilia Rotondo; el exasesor legal de la Fiscalía de Estado jujeña, Diego Montenovi; y el excomisionado municipal de Caspalá, Natividad Apaza.
En su decisión, Gregoraschuk estableció que la investigación se prolongue durante los próximos 45 días hábiles. En esa fecha, además, vencerán las dos medidas cautelares que impuso a las personas imputadas: la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la actividad judicial en el caso y su sometimiento al cuidado o vigilancia de una institución. A su vez, la jueza rechazó el pedido de la fiscalía para que se prohíba la salida del país de los imputados.
Datos falsos en el Plan de Manejo Ambiental
La fiscal Orsetti también indicó que en el documento de Plan de Manejo Ambiental se insertaron declaraciones falsas, “fácilmente advertibles a través de contradicciones internas burdas reflejadas en el propio documento”.
De acuerdo con la fiscalía, las maniobras consistieron en insertar en el Plan de Manejo Ambiental los siguientes datos:
- Que el lugar no era “un parque o una zona utilizada habitualmente para recreación de la población”.
- Que no se trata de “puntos culturales, religiosos o históricos del país”.
- Que no se trata de “sitios con características arqueológicas o paleontológicas”.
- Que no “existen pueblos indígenas en el área del proyecto o [que] se realizará el mismo en una comunidad indígena”.
- Que no “existen actividades no vinculadas con el proyecto que se estén desarrollando con o sin permiso en el sitio y que deban ser desplazadas a consecuencia del desarrollo del proyecto”.
Al respecto, la fiscal sostuvo que “no sólo el pueblo actual de Caspalá se encuentra total o parcialmente sobre un yacimiento arqueológico, sino que toda la zona es considerada como un área de alta sensibilidad arqueológica”
En este contexto, la fiscal remarcó que ello “impone a la autoridad pública competente extremar recaudos específicos”, como “un estudio de impacto ambiental tendiente a identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto de obra o actividad puede causar al ambiente en el corto, mediano y largo plazo”, con el objeto de proteger el patrimonio cultural, identitario y estrictamente arqueológico.