El Gobierno Nacional oficializó el pasado viernes el Decreto 1112/2024, que establece una nueva normativa para el Sistema de Defensa Nacional, ampliando el alcance y las capacidades de las Fuerzas Armadas frente a amenazas contemporáneas como el «terrorismo y los ciberataques». La medida también habilita su actuación en zonas del interior del país en una coordinación de los militares con las fuerzas de seguridad.
El nuevo decreto deroga la normativa 727/2006, que restringía la acción militar a agresiones externas por parte de Estados. En su lugar, se adoptan conceptos más amplios de amenaza, incorporando la posibilidad de enfrentar ataques de actores no estatales, como grupos terroristas o paramilitares, y escenarios novedosos como el ciberespacio y el espectro electromagnético.
Entre las disposiciones clave, se autoriza a las Fuerzas Armadas a operar en zonas de seguridad de fronteras para tareas de vigilancia y control durante tiempos de paz. También podrán brindar apoyo logístico ante emergencias, según lo establecido en el artículo 17 del decreto.
El plan incluye la implementación de un Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional, diseñado para mejorar la actuación conjunta y la interoperabilidad con fuerzas internacionales. Además, se prioriza la modernización tecnológica mediante el uso de inteligencia artificial y sistemas no tripulados.
La iniciativa también busca “fortalecer la respuesta a actividades ilícitas, como el narcotráfico, en áreas estratégicas”. Aunque por motivos de seguridad no se divulgaron detalles específicos, se informó que se identificarán zonas del interior clave para proteger infraestructura crítica, como represas y centrales nucleares.
Una gestión de Gobierno a puro decretazo
Uno de los primeros lineamientos del gobierno de Javier Milei fue el uso intensivo de los Decretos de Necesidad y Urgencia, como el que cumplió un año hace pocos días y sigue vigente: el DNU 70/2023. En ese instrumento legal, apenas rechazado por el Senado y sin tratamiento de Diputados, se avanzó en normas y desregulaciones que son propias del Congreso.
El DNU, también fue cuestionado sobre todo por el fuero laboral del Poder Judicial. En su articulado, que incluía modificaciones parciales y hasta totales de cientos de leyes, venía inserta cual Caballo de Troya una especie de Reforma Laboral. Obviamente de carácter antiderechos y antipopular.
Primer gran decreto del gobierno de Javier Milei:
- Objetivo: Derogar 300 normas nacionales.
- Contrato de alquiler con Bitcoins: Se firmó el primer contrato de este tipo.
- Sociedades anónimas deportivas: Apertura legal para su creación y funcionamiento.
- Figura del trabajador independiente con colaboradores: Introducción de esta nueva categoría laboral.
En cuanto a los temas militares, otra bandera libertaria sobre todo de Villarruel, la reciente normativa habilita a las Fuerzas Armadas a realizar tareas tradicionalmente reservadas a las fuerzas de seguridad, como actuar en casos de flagrancia sin autorización del Congreso, lo que ha generado críticas por presuntas violaciones a las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, así como a resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El Decreto 1112 redefine los «objetos de valor estratégico», delegando al Poder Ejecutivo la facultad de enumerar las instalaciones y entidades que deben ser protegidas. Sin embargo, el artículo 3º del texto ha sido señalado como contrario a la Ley de Defensa Nacional, al disponer que las Fuerzas Armadas colaboren con policías provinciales, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y fuerzas federales en la custodia de esos objetivos.
Adicionalmente, un segundo decreto permite a los militares portar armas para garantizar su propia seguridad durante actividades de entrenamiento o servicio. También los autoriza a repeler agresiones y realizar aprehensiones transitorias en casos de delitos flagrantes, lo que refuerza su involucramiento en tareas de seguridad interna.
El especialista en Defensa y docente de la Universidad de Buenos Aires, Sergio Eissa, advirtió sobre el impacto de estas disposiciones. «Lo que se hace ahora es volver a incluir el terrorismo, grupos paraestatales, narcotráfico y organizaciones criminales como hipótesis de empleo de las Fuerzas Armadas», explicó al sitio La Política Online.
Eissa también vinculó estos decretos con iniciativas legislativas en curso, como el proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior y la Ley Antimafia, que ya cuenta con media sanción y contempla medidas excepcionales similares a un estado de sitio sin control parlamentario.
Si en algo la democracia argentina, que acaba de cumplir sus primeros 41 años, tenía ciertos consensos básicos es en los temas de Defensa, Seguridad e Inteligencia. Un acuerdo que variaba de formal a real, de acuerdo a cada gobierno de turno.
La Ley de Defensa es de la gestión del presidente Raúl Alfonsín. Eran los años de la inicipiente democracia y la presencia militar se había hecho notar en los diversos alzamientos carapintadas, que le arrancaron al radicalismo las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, para frenar el juicio y castigo a los responsables del Terrorismo de Estado.
Luego, ya con Carlos Menem “pacificando” a través de los indultos, llegó la Ley de Seguridad Interior. La Ley de Inteligencia, vino con el gobierno breve de Fernando De la Rúa, en 2001.
Es decir, tres gestiones diferentes y una línea que se mantuvo, con altibajos, hasta el presente.
Hasta la llegada de Milei-Villarruel, que van más allá que nadie en eso de llevar hasta las últimas consecuencias el regreso al pasado. Queda claro que el Protocolo Antipiquetes de Patricia Bullrich no les alcanza. Por eso esta iniciativa, que proyecta un escenario en el cual sigue más viva que nunca la fórmula que plantea que no hay ajuste sin represión.