Un 19 y 20 de diciembre, hace 23 años, el país estallaba en lo que luego sería denominado el “Argentinazo”, donde millones de personas salieron a protestar por la delicada situación económica que vivía cada uno, con el grito de “¡Que se vayan todos!”. Situación causada por los más de diez años de políticas neoliberales, durante la década del 90, que fueron continuadas por el Gobierno de la Alianza (Unión Cívica Radical – Frepaso).
El 19 de diciembre de 2001 a las 19 horas, el presidente Fernando De la Rúa, a través de una cadena nacional, decretó el estado de sitio. La implementación del Corralito por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo había exacerbado la crisis social. El estado de sitio no pudo evitar que miles de personas salieran a protestar. “Piquete y cacerola, la lucha es una sola”, era uno de los cánticos que se escuchaba en la calle. La reacción por parte del Gobierno fue una represión que dejó un saldo trágico de 38 muertos, cientos de heridos y más de 4000 detenidos a lo largo del país.
¿Cómo se llegó al estallido?
No se puede hablar de la crisis del 2001 ni de la caída del gobierno de Fernando De la Rúa sin tener en cuenta lo ocurrido durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. En 1991, Domingo Cavallo creó la Ley de la Convertibilidad, que significaba que un peso argentino era igual a un dólar estadounidense. La consecuencia de esta medida era que por cada peso que se emitiera desde el Banco Central debía haber un dólar que lo respaldara.
Estos dólares no salieron de la nada, sino que necesitaron de medidas neoliberales, que se están repitiendo o están intentando repetirlas en estos días: ajuste, privatizaciones de empresas estatales, entrada libre de empresas extranjeras, emisión de deuda de lugares como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Si bien, en un principio, parecía que las cosas mejoraban, a medida que fueron avanzando los ‘90 se notó que la mejora era superficial y la desocupación y la pobreza crecieron a niveles agigantados. Eso llevó a que empiecen a aparecer distintos puntos de resistencia a lo largo del país, que, junto con la sabida corrupción del gobierno de Menem llevó a la victoria de la Alianza en las elecciones presidenciales de 1999, un frente que unía a la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario.
De la Rúa se empeñó en mantener la convertibilidad y propuso un plan de ajuste desarrollado, entre otres, por dos nombres que son importantes en el gabinete de Javier Milei, como Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. La actual ministra de Seguridad, en ese entonces ministra de Trabajo, llevó a cabo un recorte del 13% al salario de les estatales y a jubilades del Estado nacional. Medida que alcanzó al 16% del total de jubilades.
La Alianza dependía de la ayuda del FMI que se fue agotando, con medidas como el Blindaje Financiero y el Megacanje. Esta última desarrollada por Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado. A causa del Megacanje de deuda del 2001 él fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Las similitudes con el presente argentino no se quedan ahí, cuando desde La Libertad Avanza buscan un nuevo préstamo con el FMI. Los arreglos con el Fondo en 2001 significaron un ajuste más profundo, reducción de salarios y una reestructuración de organismos públicos como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
También hubo un intento en recortar el presupuesto educativo cuando Ricardo López Murphy asumió como ministro de Economía en reemplazo de José Luis Machinea. Ese intento no fue muy bien recibido por el pueblo y llevó a la renuncia de varies funcionaries del Gobierno e incluso de Lopez Murphy, que debió dejar su puesto tan solo 15 días después de haber asumido.
El estallido final
La elección de Domingo Cavallo para reemplazar a López Murphy fue el principio del fin. La gente se juntaba cada vez más en la calle. Hubo piquetes y movilizaciones en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires y el país, donde se destacó el “Matanzazo”, el corte de la Ruta 3, que duró varias semanas.
Finalmente, la gota que derramó el vaso fue la implementación del Corralito. El 3 de diciembre del 2001, Cavallo estableció que durante 90 días solo se podrán retirar 250 pesos semanales, lo que significaba 1000 pesos mensuales. A partir de ese momento, fue la clase media quien empezó a salir a las calles y fue a los bancos a reclamar la plata que le retenían.
“¡Qué se vayan todos!”, era el grito que se escuchaba en las calles de Argentina ese 19 y 20 de diciembre, por parte de miles de personas a quienes no les importó el Estado de sitio declarado por Fernando De la Rúa. Consecuencia de una crisis social y económica exacerbada por los diez años de políticas neoliberales que habían empobrecido al pueblo.
La multitudinaria manifestación con un epicentro en Avenida de Mayo, frente a la Casa Rosada, duró dos días y fue respondida con una represión que se llevó la vida de 38 personas. El 19, cuando habían llegado a Plaza de Mayo, el Presidente ordenó al ministro de Interior Ramón Mestre que se reprima a les manifestantes con gases lacrimógenos. La represión alcanzaría también a quienes pudieron replegarse al Congreso donde se encontrarían las primeras víctimas.
Al día siguiente, De la Rúa, tras la renuncia de Domingo Cavallo y al ver que las manifestaciones no paraban y que la gente empezaba a pedir por su renuncia ordenó que se despejara Plaza de Mayo. El comisario Ramón Santos, de la Policía Federal fue quien estuvo al mando y utilizó todos los medios disponibles para cumplir la orden, incluyendo la caballería.
El 20 de diciembre a las 19 horas, mientras la policía disparaba balas de plomo a les manifestantes, el presidente presentaba su renuncia y se iba en helicóptero. La crisis política continuó con cinco presidentes en una semana que luego llevó a la elección de Eduardo Duhalde como presidente de la Nación argentina.
A 23 años del estallido, el presente parece repetir el pasado, con un presidente que idealiza a Carlos Saúl Menem y repite algunas de las políticas que se llevaron en esa década y que fueron causales para la crisis del 2001, como la privatización de empresas estatales, el endeudamiento con el FMI y una búsqueda de un achicamiento del Estado.