En el marco del primer aniversario de la gestión del presidente Javier Milei, Amnistía Internacional presentó un informe acerca de la situación de los derechos humanos en Argentina durante 2024. A continuación, te compartimos algunos de las 12 áreas clave donde se reveló un preocupante retroceso.
La organización explicó que a lo largo de este año, las políticas de ajuste económico y reformas promovidas por el gobierno impactaron de forma negativa en la vida de millones de personas, sobre todo en las más vulnerables, exacerbando las desigualdades y restringiendo libertades fundamentales. Entre los principales puntos señalados por el informe se destaca:
Pobreza
Basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el estudio sostiene que el índice de pobreza aumentó del 41,7% al 52,9% desde el último trimestre de 2023, cuando La Libertad Avanza (LLA) asumió el poder, al primer semestre de 2024. Esto, detallaron, equivale a una suba de 11.2 puntos. Las cifras se traducen a más de 15 millones de personas bajo la línea de pobreza, y más de un millón de niños sin acceso a una cena diaria.
Al respecto, desde Amnistía denuncian que, lejos de cumplir con la promesa de ir contra la “casta”, la gestión de LLA perjudicó al habitante medio, quien soporta la carga de la austeridad económica. “El gobierno justificó la austeridad y los recortes presupuestarios como necesarios para alcanzar el equilibrio fiscal, al tiempo que redujo los impuestos progresivos y aumentó las exenciones fiscales para las grandes empresas”.
Por otra parte, aseguran que las políticas de ajuste económico recayeron desproporcionadamente sobre mujeres y sectores de bajos ingresos.
Jubilados
El informe afirma que las jubilaciones mínimas no alcanzan a cubrir la Canasta Básica, dejando a millones de adultos mayores en situación de extrema vulnerabilidad. Se hace mención, además, que desde que el INDEC implementó una nueva metodología de medición en 2016, los haberes mínimos de las personas mayores alcanzaron mínimos no observados: sólo cubrieron la mitad de la línea de pobreza.
En ese sentido, el estudio resalta que este 2024 este año se consolidó un ajuste fiscal con más de 3.000.000 de jubilados se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Asimismo, asegura que el impacto en las mujeres adultas mayores es todavía más alarmante debido a que sólo el 12,1% de las mujeres en edad de jubilarse, entre 55 y 59 años, cuenta con más de 20 años de aportes jubilatorios requeridos por la ley argentina para acceder a una pensión.
Por último, en este apartado Amnistía enfatiza en el veto presidencial a una ley de actualización previsional, la cual profundizó la crisis en este sector, y los recortes en medicamentos.
Libertad de expresión
El informe hace hincapié en la confrontación violenta e intolerante que lleva adelante el Gobierno de LLA mediante discursos de odio y desinformación. Dicha estrategia busca silenciar y censurar a quienes piensan diferente, incluyendo periodistas, referentes de la oposición y organizaciones sociales.
En esa línea, Amnistía asegura que “estos mensajes liderados o multiplicados por integrantes del gobierno nacional encuentran un poderoso vehículo en las plataformas digitales, especialmente en X y TikTok, generando aluviones de agresión y odio que lesionan la libre circulación de ideas y erosionan el debate democrático”. “Se despliega una abierta cacería contra todo aquel que critique o señale al gobierno o sus funcionarios”, agregan. Así, aseguran, el debate democrático se ve afectado. Un apartado especial recupera el impacto de la violencia digital en las periodistas mujeres.
Libertad de reunión y manifestación
El derecho a la protesta pacífica está en peligro por medidas como el Protocolo para el mantenimiento del orden público y por la actuación de las fuerzas que incluyó el uso desproporcionado de balas de goma y gases lacrimógenos, causando graves lesiones. También se denuncian detenciones arbitrarias, criminalización de manifestantes y agresiones a periodistas, incluso identificados con credenciales de prensa.
En este apartado se recuerda que el día 26 de julio de 2024, el Ministerio de Seguridad de la Nación publicó en el Boletín Oficial la Resolución 704/2024 que dispone un Reglamento General para el empleo de Armamento no letal de inmovilización e incapacitación de agresores por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad, los funcionarios de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. “Esta resolución no adecua la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. En efecto, el monitoreo y relevamiento de testimonios e imágenes audiovisuales refleja el uso inadecuado de las armas menos letales en las manifestaciones”, sostuvieron.
Cibervigilancia y privacidad
La creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) plantea riesgos de vigilancia masiva y perfilamiento discriminatorio. “Preocupa que, en nombre de la seguridad, el Estado avance en una serie de regulaciones que combinan el uso de tecnologías y la inteligencia artificial con el objetivo último de vigilar de manera masiva e indiscriminada a las personas, poniendo en riesgo su privacidad, libertad, igualdad e intimidad”, resalta el informe.
En este sentido, desde Amnistía recuerdan que “la información disponible en línea no pierde, por su publicación, su naturaleza de información personal privada o sensible”. “Que algo sea público no habilita la recolección, el procesamiento y el uso de estos datos para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial ni mucho menos el perfilamiento, especialmente cuando se trata de datos personales protegidos en Argentina con el más alto nivel constitucional”, explicaron. “Si se quiere consultar, procesar y almacenar dicha información se debe, entre otras cosas, seguir las normas que protegen la privacidad y los principios de la legislación concerniente al tratamiento de datos personales y la preservación de su autodeterminación informativa”, concluyeron.
Restricción al acceso a la información pública
El Decreto 780/2024 restringe el derecho de acceso a la información pública. El decreto reglamentario amplía la información que queda por fuera del “interés público”; es decir, a partir de esta normativa, hay menos cuestiones que se engloban dentro de la noción de interés público y que pueden quedar en la sombra y la opacidad gubernamental: ingresos en la Casa Rosada, visitas oficiales, contrataciones, por nombrar algunas cosas que podrían no divulgarse bajo este nuevo paradigma. En segundo lugar, el decreto expande el secreto en manos del Estado, lo que significa que hay cierta información que éste podrá clasificar de tal manera que podría permanecer oculta. Del mismo modo, el decreto sustrae de la difusión la entrega de los documentos preparatorios o que forman parte del proceso de toma de decisiones, o donde podrían figurar los fundamentos de la implementación de las políticas públicas.
“Esta medida no solo afecta a medios, periodistas y organizaciones no gubernamentales, sino a toda la sociedad, que de ahora en más tendrá menos información y conocimiento sobre temas de interés público por un criterio discrecional dispuesto en el nuevo reglamento”, sostienen.
Derechos de las mujeres y diversidad
El estudio revela un retroceso en políticas de igualdad de género, derechos reproductivos y la protección contra la violencia hacia mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+. En ese sentido se destaca que el programa AcompañAr, cuyo objetivo es reforzar la independencia económica de las personas que sufren violencia de género, redujo su alcance en un 98,63% en el primer trimestre de 2024 y su presupuesto fue un 82% menor que en 2023; la Línea 144 sufrió recortes y tuvo un presupuesto un 28% menos que el año pasado; el Programa Acercar Derechos (PAD), dispositivo creado con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia y el acompañamiento psicológico a víctimas de violencia de género a través de un abordaje integral, fue desmantelado por completo en 5 provincias, solo por mencionar algunas políticas.
Crisis climática y pueblos originarios
La falta de políticas efectivas frente al cambio climático y los conflictos territoriales dejó a comunidades indígenas expuestas y desprotegidas. Además, se enfatiza en la negación del cambio climático por parte del Gobierno: “Ha anunciado su oposición rotunda a la Agenda 2030. Esto comulga con la falta de compromisos de Argentina en la esfera global. De acuerdo con el Climate Action Tracker los objetivos y políticas climáticas de Argentina son “críticamente insuficientes”, lo que significa que no están en absoluto coherentes con el límite de temperatura de 1,5°C comprometidas en el Acuerdo de París”.
El informe sostiene que en el sentido opuesto, el gobierno introdujo reformas legislativas regresivas, autorizando la deforestación en áreas actualmente protegidas, ampliando la autorización de actividades mineras en la zona periglacial, que echan por tierra el sistema de protección del ambiente y territorio dispuesto en la ley de bosques, ley de fuego, ley de glaciares, ley de tierras, entre otras.