Los trabajadores del sector nuclear se convocaron en la sede de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) donde montaron un acto para denunciar las políticas de desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei.
A través de los trabajadores nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), además de CNEA, participó Dioxitek, PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada), ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear) y NA-SA (Nucleoeléctrica Argentina SA).
La jornada inició a las 9 en la puerta de la central de la CNEA ubicada en Av. Del Libertador 8250, y culminó con un acto central que inició hacia las 13:30. La misma transcurrió con la premisa de “una Argentina libre, con soberanía energética y autonomía tecnológica”.
Además del desfinanciamiento al sector nuclear por parte de las políticas nacionales, remarcaron el fuerte ajuste salarial contra el personal del área energética.
En cuanto a los organismos en riesgo, señalan la existencia de despidos en Dioxitek, la renuncia de trabajadores calificados en la CNEA por los bajos salarios y la falta de presupuesto para la puesta en marcha de la PIAP, además de su posible privatización, al igual que la de NASA.
En este sentido, Nota al Pie entrevistó a la delegada general de ATE en la CNEA, Carolina Komar, quien describió la realidad del sector y la situación de sus trabajadores.
El desfinanciamiento que somete al sector nuclear
El sector nuclear no es ajeno a las sucesivas políticas de ajuste y desfinanciamiento que aplica el gobierno nacional a las áreas dependientes del Estado.
Para entender la situación, este medio diálogo con Carolina Komar de ATE en CNEA, quien explicó la actualidad del sector.
Para poner en contexto, la CNEA es un organismo del Estado Nacional dedicado a la investigación, desarrollo y aplicación de la energía nuclear en el país. “Se hacen investigaciones sobre todo lo que implique aprovechar lo que es la reacción de fisión nuclear”, explicó Komar.
Y continuó: “A partir de eso podes generar energía, usar las aplicaciones médicas como es el tratamiento del cáncer, estudiar materiales, hacer asistencia a los centrales nucleares”, citó como ejemplo.
En cuanto al desfinanciamiento, entendió que “la situación es muy similar a la que se vive en varios de los organismos estatales”, y que la causa pasa por la utilización de un presupuesto que es prorrogado desde 2022, por lo que no tienen una “actualización por inflación”.
En este sentido, el desfinanciamiento le pone un freno a la actividad del sector, que golpea no solo a la CNEA, sino también a otros organismos. Ese es el caso de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP): “Tampoco tiene financiamiento para funcionar, por lo que estamos desperdiciando una buena posibilidad”, afirmó la delegada.
En cuanto a ello, explicó: “Es una planta que podría estar produciendo Agua Pesada para satisfacer los requerimientos nacionales, así como también para exportar”, aseguró Komar. Se trata de un insumo necesario para que los reactores puedan producir energía.
Por otra parte, se refirió a la situación de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA): “A partir de la sanción de la Ley Bases, está con riesgo de ser privatizada”; y sobre Dexitec alertó: “Estamos viendo que los despidos que está habiendo en este último tiempo también están generando una pérdida de capacidad”.
La paralización de proyectos y los magros salarios
El abandono del sector nuclear por parte del Estado se evidencia con la paralización de proyectos y la pérdida del personal calificado de trabajo.
Una muestra de ello es el Proyecto del Carem 25: “Es un prototipo de un reactor nuclear, que por la falta de financiamiento se fue deteniendo”, lamentó Carolina Komar.
Esta situación, a su vez, provoca una fuga de trabajadores: “Entre el proyecto que no avanza y los bajos salarios hace que los compañeros que trabajan en el Carem renuncien”, explicó.
En cuanto a los ingresos de los trabajadores del sector, aseguró que no están teniendo “aumento de sueldo”, y que la inflación acumulada “despreciaron mucho los sueldos”.
En este sentido, la delegada de CNEA aseguró: “Hoy tenemos casi el escalafón completo con salarios por debajo de la línea de pobreza, lo que hace que sea muy difícil retener a la gente, y significa perder experiencia acumulada”.
Y agregó: “En general son trabajadores altamente calificados, y hablo de técnicos, de ingenieros y también de administrativos, que se van a buscar trabajo otro lado, y los técnicos en particular pueden llegar a conseguir laburo afuera por dos o tres veces más de lo que cobran en la comisión”.
Esta situación de escasez salarial provocó una sangría de entre “30 a 40 trabajadores por mes en los últimos meses”, afirmó Komar.
Por otra parte, otro proyecto en riesgo por el desfinanciamiento es una planta de fabricación de polvo de uranio en Formosa, el cual se trata de un eslabón más dentro de la cadena de producción de combustibles nucleares.
“Se necesita el polvo de uranio para poder fabricar los elementos combustibles que son los que generan la energía dentro del reactor, donde se genera la fisión, que es lo que libera la energía, y así es como da energía a la central nuclear”, puntualizó la delegada de CNEA.
La soberanía energética, en riesgo
La soberanía energética se ve bajo amenaza ante la falta de financiamiento dentro del sector nuclear, ¿qué es lo que está en juego?.
La paralización de proyectos tales como Carem 25, la Planta Industrial de Agua Pesada (Neuquén), la Planta de Uranio (Formosa) y la no extensión de la vida de la Central Nuclear Atucha I, entre otros, atenta contra la soberanía energética.
“En Argentina, manejamos el ciclo de combustibles casi completo, o sea, importamos el uranio pero fabricamos los combustibles acá”, explicó Komar.
Y resaltó la importancia de tener independencia: “Al poder fabricar los combustibles no dependemos de otros países para que nuestras centrales tengan el insumo para producir energía”.
Esta situación coloca al país en una posición importante a nivel mundial, debido a que “no hay muchos países que manejen el ciclo completo”, según la entrevistada.
En consecuencia, esta soberanía energética quedó bajo amenaza a partir del desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei.