miércoles 4 de diciembre de 2024

“Viciado de origen y plagado de irregularidades”: ATE exige que el Gobierno se abstenga de implementar el examen de idoneidad

De cara al paro nacional de este jueves, la Asociación Trabajadores del Estado le exigió al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la anulación de la prueba para los estatales. Según el sindicato, la misma carece de transparencia y de una normativa que la respalde.
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Crédito: ATE.

En la previa del Paro Nacional que tendrá lugar este jueves 5 de diciembre, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) le exigió al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la anulación de los exámenes de idoneidad para los empleados estatales.

Mediante un documento, el sindicato aseguró que dicho examen está “viciado de origen y plagado de irregularidades”. Además, recordó que “tanto el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto 214/06 como los convenios colectivos de trabajo sectoriales que del mismo dependen, junto con la normativa específica vigente en materia de empleo público, contemplan sistemas, metodologías y herramientas para la selección de personal y la evaluación del desempeño laboral de los/as trabajadores/as”. 

En esa línea, desde ATE expresaron que la inmensa mayoría de los trabajadores a los que se pretende evaluar prestan tareas al Estado desde hace décadas “bajo vínculos laborales precarios”. “Con este Gobierno padecen una reprecarización ya que cada trimestre sus puestos de trabajo están bajo la lupa de una revisión contractual por decreto, que motivan despidos injustificados”. “Son años y años de competencias, habilidades y capacidades laborales ampliamente comprobadas, la idoneidad de los/as estatales ya está demostrada, y esta evaluación la desconoce”.

La palabra del secretario general de ATE

Por su parte, el secretario general de ATE,  Rodolfo Aguiar, señaló: “Las evaluaciones deben ser anuladas. Es notoria la falta de transparencia de todo este proceso y no hay garantías sobre la integridad y seguridad de los soportes digitales que se van a utilizar”. En sintonía, agregó que “el Gobierno no cuenta con la logística para un evento de semejante envergadura. Todavía no está debidamente determinado el universo de trabajadores a evaluar. Tampoco pueden asegurar un manejo confiable sobre los datos personales de cada uno de los agentes estatales”.

“Con los antecedentes de ataque, persecución y asedio hacia los estatales, está claro que estos exámenes están destinados a perjudicar a los trabajadores”, aseguró el referente estatal y cuestionó: “¿Adorni y sus 208 empleados que gastarán en un año 47 mil millones de pesos van a ser evaluados?”. “No nos quieren evaluar sobre nuestras capacidades, lo que quieren es seguir estigmatizando el empleo público”, afirmó.

Hasta el momento, los únicos detalles oficiales que difundió el Gobierno sobre el Sistema de Evaluación Pública (SEP) aparecen en el Decreto 695/24, el cual no brinda precisiones sobre modalidades de evaluación o los software que se utilizarán, poniendo en riesgo la transparencia y la seguridad de los exámenes.

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Crédito: ATE.

La medida cautelar

Por estas razones, el sindicato informó que presentó una medida cautelar para frenar la “Evaluación General de Conocimientos y Competencias”. “La evaluación es lisa y llanamente ilegal, inconstitucional y fue judicializada en el día de ayer. La medida recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 3 a cargo del Dr. Santiago Ricardo Carrillo”, detalló.

Además del mencionado pedido de suspensión inmediata de la aplicación del SEP hasta que se dicte una sentencia definitiva, desde ATE Capital reclamaron la inconstitucionalidad y nulidad del SEP y de las modificaciones introducidas por el Decreto 695/2024 en normas clave de empleo público. 

“Este sistema vulnera derechos fundamentales y contradice normas de convenios colectivos de trabajo vigentes. Al mismo tiempo, carece de transparencia, imparcialidad y garantías legales, promueve una lógica de exclusión y precarización laboral y contradice principios de evaluación progresiva e inclusiva establecidos en los convenios colectivos (CCT) del sector público”, argumentaron. 

“Desde ATE Capital, seguiremos luchando por los derechos de los trabajadores estatales y rechazaremos cualquier intento de implementar políticas que vulneren sus derechos fundamentales. Nuestra idoneidad la demostramos todos los días”, expresaron. “Los funcionarios pasan, los estatales sostenemos el engranaje del país”, concluyeron.

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