Tras la aprobación en primera lectura del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires (CUR), y las recientes ocho jornadas de exposiciones que dictaron el final de las audiencias públicas, el proyecto avanza aunque con cuestionamientos.
El Código Urbanístico es el que regula el desarrollo y crecimiento de una ciudad, por lo que marca las pautas de construcción pero teniendo en cuenta su entorno general. El Código que se busca modificar se aprobó en 2018 en reemplazo del antiguo Código de Planeamiento Urbano.
En este sentido, la premisa del gobierno porteño es la de “proteger el patrimonio en barrios residenciales y desarrollar el Sur de la Ciudad”, con el plan de ajustar las alturas de construcciones y limitar la edificación en áreas de baja densidad. Además, busca regular la mixtura de usos del suelo y modificar urbanizaciones específicas para definir áreas de desarrollo prioritario.
El jefe de gobierno, Jorge Macri, había adelantado: “No vamos a permitir más que en las zonas residenciales se construyan edificios que no cuiden la esencia de cada manzana y vamos a promover desarrollos solo en avenidas con la infraestructura adecuada”. A la vez que ponderaba un crecimiento de la ciudad de manera “equilibrada y sostenible”.
Pese a la propuesta, las organizaciones vecinales salieron al cruce el proyecto que reforma el CUR al considerar que carece de una “visión integral” por enfocarse únicamente en la construcción sin contemplar las ideas que presentaron los vecinos.
Además, denunciaron que hubo una falta de participación en el debate, debido a que faltó una discusión real con consejos consultivos, juntas comunales y vecinos en general. Por otra parte, se cuestionó la ausencia de un Código Ambiental y la no actualización del Plan Urbano Ambiental (PUA).
Las críticas al Código Urbanístico
A la hora de recopilar las críticas al proyecto que modifica el Código Urbanístico en CABA, hay coincidencia en el diagnóstico que el mismo se enfoca principalmente en la construcción, sin atender sus consecuencias.
Por su parte, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, expresó en un comunicado que la aprobación de la primera lectura del Código Urbanístico “se lo quiere vender como resultado de la escucha de los vecinos”, pero que el mismo “no resuelve ninguno de los problemas que llevaron a la ciudadanía a organizarse y resistir”.
La resistencia que cita el Observatorio, es la que se formó en contra del CUR aprobado en 2018, y que pese a las ahora potenciales modificaciones, los problemas del mismo podrían “agravarse”, ya que se refleja “muy parcialmente los cambios propuestos por vecinos”.
Asimismo, denunciaron como ilegalidad la falta de actualización del Plan Urbano Ambiental aprobado en 2008: “No se cumplieron sus actualizaciones, y el PUA no cuenta con su modelo territorial aprobado. No se aprobó el Código ambiental. Tampoco contamos con un plan de tránsito y transporte que es una obligación legal”, aseguraron.
Por otra parte, señalaron que no se siguió el proceso institucional de participación ciudadana prevista por ley: “No hubo información previa a la ciudadanía sobre el Código y no se abrieron instancias de participación institucional en la fase inicial antes de la aprobación del proyecto en la Legislatura en primera lectura”.
En lo referente a los límites de constructibilidad, según datos del Gobierno porteño, existen 183,7 millones de m2 edificados en la ciudad mientras que el Código vigente habilita la construcción de hasta 309 millones.
La revisión actual, propone una reducción pero que es menor al 4% de los establecido en el CUR de 2018: “Este aumento desmedido de la constructibilidad no tiene sustento en la evolución demográfica de la ciudad cuya población está estable desde los años 40”, argumentó el Observatorio.
En tanto, la sobreconstrucción que se denuncia pone en riesgo de colapso a servicios públicos cómo el agua y cloacas, pluviales, electricidad, transportes, salud, educación, cultural, deportivo, espacios públicos y espacios verdes, entre otros.
“El Plan Urbano Ambiental establece que se debe planificar considerando la correspondencia entre población residente y usuaria, y la disponibilidad de servicios básicos”, señala el comunicado.
En esa línea, concluyeron que el gobierno porteño desde hace décadas “decidió abocarse únicamente a estimular la constructibilidad sin analizar las consecuencias”.
Por último, hacen mención a los espacios verdes, que deben ser públicos y de suelo absorbente. Asimismo, señalan la existencia de grandes espacios públicos completamente pavimentados que se podrían reconvertir en espacios verdes.