El informe “La SIDE no reconoce el rechazo del Parlamento Nacional al DNU656/24”, elaborado por Jaime Farji y Claudio Lozano, revela que el crédito presupuestario asignado a la Secretaría de Inteligencia del Estado continúa vigente pese a no contar con ninguna norma válida que lo respalde.
El estudio indica que durante septiembre se publicaron en el Boletín Oficial las resoluciones de la Cámara de Diputados y del Senado que formalizaron el rechazo del Congreso Nacional al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656/24, el cual asignaba cien mil millones de pesos ($100.000.000.000) a la SIDE.
En esa línea, los autores explican que la norma que regula el trámite de los decretos de necesidad y urgencia es la Ley 26122, cuyo artículo 24 establece que “el rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”.
El gasto millonario de la SIDE
Por otra parte, el informe sostiene que durante agosto de este año, mientras el DNU estuvo vigente, se registró “el devengamiento de 80.180 millones de pesos, en concepto de gastos reservados, en el Servicio Administrativo Financiero (SAF) de la Secretaría de Inteligencia del Estado”. Sobre esta cuestión, señalan que según la Ley 24.156 “el registro del devengamiento de un gasto supone la ejecución definitiva del crédito presupuestario” y agregan que “en el caso de los servicios, inciso al cual pertenece la partida de gastos reservados, ello implica que el servicio (previamente contratado) ya está prestado y ya ha sido recibido de conformidad por algún funcionario competente”.
En relación con esto último, los autores recuerdan que se debió llamar la atención públicamente y solicitar una reunión con las máximas autoridades de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Control de los organismos y actividades de inteligencia debido a “la imposibilidad material de que en tan poco tiempo se hubieran podido llevar a cabo todas las operaciones correspondientes (convocatoria, selección, adjudicación, prestación del servicio, entrega, recepción, liquidación y pago) por semejante volumen de gasto”.
A raíz de esto, se convocó al secretario de inteligencia del estado, Sergio Neiffert, a una sesión para que brindara explicaciones. Según trascendió en varios medios de prensa, el funcionario informó que, aunque figuraba en los registros presupuestarios, el crédito no estaba ejecutado, el dinero no fue utilizado, y sería devuelto al Tesoro Nacional a la mayor brevedad. “Estas declaraciones implicaban el reconocimiento de irregularidades registrales, y la posibilidad de que se hubieran cometido delitos tales como falsedad ideológica en documento público, malversación de fondos, y abuso de autoridad”, manifiestan los autores del estudio. Sin embargo, los únicos que saben lo dicho por el secretario son los legisladores, quienes no realizaron una denuncia penal.
Luego, el estudio desarrolla una serie de irregularidades en la gestión presupuestaria de la SIDE. Por ejemplo, se menciona que “en julio la SIDE registró un incremento de créditos, en la partida de gastos reservados, por 101.700 millones de pesos (de los cuales 100.000 millones corresponden al DNU luego rechazado), y que hasta fin de octubre no se había producido ninguna rectificación de ese registro”.
Por lo expuesto en el documento acá adjunto, los autores llegan a la conclusión de que “la SIDE, y con ella el Poder Ejecutivo Nacional, no reconoce que el Congreso Nacional ha rechazado, y por consiguiente derogado, el DNU 656/24, sin que éste hubiera producido efecto válido alguno mientras estuvo vigente”. “Al no eliminar 100.000 millones de pesos del crédito vigente, cifra que no cuenta con ninguna norma legal que la respalde, y al no regularizar el registro falso del devengamiento de gastos reservados por 386 millones de pesos, el PEN está desconociendo al Congreso Nacional y está incumpliendo abiertamente la ley”, aseveran los autores.
Claudio Lozano, fundador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, expresó: “Los servicios de inteligencia hacen de cuenta que el Parlamento no existe. En el mes de octubre, la SIDE sigue aún disponiendo del crédito presupuestario que le fuera asignado por un decreto de necesidad y urgencia y que el Parlamento rechazara en septiembre”. El coautor del informe forma, además, parte del nuevo espacio político llamado Confluencia. Éste tiene por objetivo construir un frente amplio para enfrentar las políticas del actual gobierno de Javier Milei y terminar con los veinte años de gestión macrista en la Ciudad de Buenos Aires.