Diferentes organizaciones denuncian el recorte del presupuesto 2025 para la prevención y atención de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis. El gobierno de la Libertad Avanza pretende recortar el 76% del presupuesto destinado a la Dirección de Respuesta a estas enfermedades.
Ya durante este año, organizaciones como el Frente Nacional VIH, Hepatitis y Tuberculosis, vienen denunciando que a causa de la paralización de compras públicas se enfrentan a faltantes de algunos medicamentos, lo que ha provocado cambios forzados de tratamientos, como también faltantes de preservativos y de reactivos para estudios de carga viral.
Presupuesto 2025 para VIH y ITS
Desde hace más de 20 años el Ministerio de Salud de la Nación realiza las compras para asegurar la provisión en forma gratuita de tratamientos de alto precio a personas que se atienden en el sistema público de salud.
Para el año 2023 (último presupuesto aprobado), la asignación fue de $21.242.070.001. El presupuesto propuesto para 2025 es de apenas $23.052.000.000, un recorte de 75,72% en términos reales. La propuesta actual es también 54,31% menor que los $42.451.555.000 propuestos, aunque no aprobados, para 2024.
Del mismo modo, el presupuesto para el Programa 22, “Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual” ha crecido sólo un 8,51% en comparación con el último presupuesto aprobado (2023), mientras que la inflación interanual acumulada de septiembre 2023 a septiembre 2024 ha sido del 209%.
Este programa se encarga de controlar y distribuir los medicamentos antirretrovirales destinados a personas que no tienen cobertura social. Además, incluye testeos, diagnóstico, consejería, atención médica, tratamientos, entrega de preservativos, materiales de prevención y promoción y del Programa de Asistencia Alimentaria para personas que viven con VIH (PAAI).
En paralelo, del presupuesto total del Ministerio de Salud en 2023, el Programa 22 significaba el 4,8% y para 2025 se prevé que el porcentaje de ese Programa descienda al 0,89% del total de los recursos asignados a la salud pública.
El repudio
Al respecto, la Federación Argentina LGBT+ manifestó: “En 2024 ya enfrentamos faltantes debido a la paralización de compras públicas, y con este recorte las consecuencias podrían ser terribles”. Además, agregó: “la vida de miles de personas está bajo amenaza”.
En sintonía, el Frente Nacional VIH, Hepatitis y Tuberculosis publicó un comunicado en el que aseguró: “repudiamos esta medida y hacemos un llamado a les diputades y senadores de la Nación a que rechacen el presupuesto asignado al Programa 22”.
Para este frente, el proyecto del presupuesto, “pone en evidencia que su voluntad es no seguir comprando medicamentos ni insumos para estas el próximo año”. Y agregan: “El recorte presupuestario propuesto no solo es un retroceso en la lucha por la salud pública y los derechos humanos, sino que también pone en riesgo la vida de miles de personas que dependen del sistema público de salud para continuar sus tratamientos, en cumplimiento de la Ley 27.675”.
La Ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales y otras ITS
A fines de 2022, el Gobierno nacional reglamentó la Ley de Respuesta Integral al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Hepatitis Virales y Tuberculosis, que actualiza la Ley Nacional de SIDA, vigente desde 1990.
Según datos de ese año (2022), en Argentina 140 mil personas viven con VIH, aunque un 13% de ellas lo desconoce. El Boletín sobre el VIH, SIDA e ITS del Ministerio de Salud, además, afirmó que por año se notifican un promedio de 5.300 nuevos casos y que más del 98% de las infecciones se producen por relaciones sexuales sin protección.
En el Capítulo I, la norma establece de interés público y nacional la respuesta integral e intersectorial a la infección por el VIH, las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis. También los medicamentos, vacunas, procedimientos y productos médicos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura de estas enfermedades.
Del mismo modo, declara de interés la investigación y el desarrollo de tecnologías locales para la producción pública nacional de medicamentos e insumos que garanticen la sustentabilidad de las políticas públicas y la utilización de las salvaguardas de salud.