Este viernes 18 de octubre, se llevó a cabo el XI Encuentro Nacional de Escritura en Cárceles (ENEC), en Buenos Aires. El primer panel del evento se destacó por el debate clave sobre la defensa de la educación pública y el proyecto de ley que propone reducir la edad de punibilidad a los 13 años.
El encuentro estuvo organizado por el Departamento de Letras, el Programa de Extensión en Cárceles (PEC) y el Centro Cultural Paco Urondo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en colaboración con la asociación civil Dar Margen.
Defensa de la educación pública
Juan Pablo Parchuc, director del PEC y uno de los organizadores del ENEC, expresó en su intervención inicial: “Estamos llevando a cabo este encuentro en un contexto muy particular, marcado por ataques a la universidad y a la educación pública, en términos de financiamiento, junto con otras 100 que ya van en todo el país”.
En esa línea, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Ricardo Manetti, subrayó la relevancia de este encuentro anual y abordó los desafíos que enfrentan las universidades en la actualidad, calificando el panorama como «muy difícil».
Manetti advirtió que “hoy un alto porcentaje de los salarios docentes en la comunidad universitaria nacional se encuentra por debajo de la línea de pobreza”. También resaltó el desfinanciamiento de las políticas de investigación, afirmando: «Estamos hablando de políticas educativas y de investigación que también están desfinanciadas, sin mencionar el estado de la infraestructura». En ese sentido enfatizó en la necesidad de preservar los espacios destinados a garantizar las acciones educativas y de investigación.
Asimismo, Manetti hizo hincapié en la importancia de seguir luchando por un presupuesto que otorgue sentido a la universidad, destacando el papel crucial de las tomas estudiantiles y los paros programados para visibilizar las consecuencias del cierre de facultades. Estas acciones invitan a la sociedad a reflexionar sobre el impacto en el conocimiento crítico y la memoria colectiva. «Este año, nuestra facultad conmemora los 30 años de la creación de la Cátedra Libre de Derechos Humanos», a pesar de las restricciones impuestas por el gobierno sobre jornadas históricas. Respecto a la pelea que está dando la comunidad universitaria sentenció: «Es una lucha que vamos a ganar».
Estatalidad y reforma penal
Romina Piccirillo, secretaria de Comunicación y referente en el área de niñez de ATE Capital, fue la primera moderadora del encuentro. La además miembro de la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires (APIABA) indicó que el organismo al que pertenece, creado por la Ley 114, inspirado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, perdió legitimidad desde la presidencia de Mauricio Macri en 2015.
«Hay una pérdida de roles y funciones asignadas por las leyes», acentuó, destacando que el organismo fue creado para poner fin con el patronato y la judicialización de la pobreza, promoviendo políticas públicas que garanticen los derechos de la infancia. Esto requiere: «repensar la estatalidad y cómo intervenir en el sentido común que propone como única solución para los pibes y pibas privarlos de la libertad», resaltando la importancia de un Estado basado en la igualdad, capaz de ofrecer respuestas efectivas a los jóvenes no punibles.
La dirigente gremial también afirmó: “Lo fundamental es la necesidad del reconocimiento a los y las estatales en términos de salario y condiciones de trabajo. Se hace cuesta arriba la restitución de derechos de les pibes en las condiciones actuales. En esta línea, hay que plantear nuevas políticas públicas, valorizar el rol de les estatales y trabajar por un proyecto de futuro para niños, niñas y adolescentes”.
Dani Fernández, del (PEC) y segundo moderador, habló desde su experiencia en contexto de encierro, señalando que cualquier reforma a la ley 22.278 debe incluir las voces de los jóvenes afectados. A su vez, indicó que lo importante es que “cualquier reforma esté alineada con los principios internacionales de derechos de la niñez y adolescencia”, y recordó la obligación del Estado argentino de garantizar estos derechos según la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Discusión sobre la responsabilidad penal juvenil
La legisladora porteña Victoria Montenegro relató un caso reciente en el que la policía detuvo a un niño de 13 años, y destacó que el ministro de Seguridad respondió en sus redes sociales: «Es un niño de 16 años con más de 70 entradas». Precisó que el ministro mostró documentación que no debería poseer, ya que no debe existir un registro de menores. Según la expositora, tal respuesta refuerza la represión policial hacia las infancias y elude su responsabilidad como funcionario del Estado al prometer mano dura y orden.
Montenegro enfatizó que el Estado no puede limitarse a reprimir a los jóvenes, sino que debe asumir la responsabilidad de garantizar su bienestar y educación desde el inicio. Teniendo en cuenta esto último, señaló que la raíz del problema radica en la falta de políticas integrales que protejan los derechos de las infancias. «Tenemos la enorme responsabilidad de entender el momento histórico y defender nuestra infancia», reiteró, recordando el legado de lucha y amor de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Por su parte, el abogado y escritor Julián Axat criticó duramente el proyecto de régimen penal juvenil presentado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Aclaró la problemática de una «infancia arrasada, empobrecida y criminalizada», y sostuvo que la propuesta de bajar la edad de punibilidad a 13 años refuerza la represión policial en lugar de ofrecer un enfoque integral. Además, cuestionó la falta de un régimen penal diferencial en el proyecto, “esto es adultizar todo el sistema penal, al aplicar las mismas penas a menores que a adultos”. Según él, esto constituye un retroceso inconstitucional de acuerdo a la Convención Americana.
Axat también señaló la urgencia de que el Congreso implemente un régimen penal juvenil que no se enfoque solo en la edad de punibilidad, sino en un sistema restaurativo basado en evidencia real, algo que actualmente no existe en Argentina debido a la falta de datos serios sobre la criminalidad juvenil. Con el 60-70% de la infancia en situación de indigencia, subrayó la importancia de evitar un sistema penal represivo que agrave aún más el frágil contexto socioeconómico. «La situación es tan crítica como en los años 90. Sumar un sistema penal veloz, criminal y cruel sería realmente muy grave», advirtió.
Al igual que los demás disidentes, la diputada Sabrina Selva también cuestionó el proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil, basado en la idea de ‘delito de adulto, pena de adulto’, argumentando que refleja un enfoque represivo y carece de fundamento, ya que menos del 1% de los homicidios son cometidos por menores de 16 años. Al recordar que la oposición cuestionó a los diputados que se oponían al proyecto bajo el argumento de que “defiende a los delincuentes, nosotros defendemos a las víctimas», Selva insistió que su perspectiva es diferente. “Claro que nos preocupan las víctimas; nosotros reconocemos los delitos. Un delito que comete un adolescente no deja de ser un delito, pero el adolescente que comete un delito no deja de ser un adolescente”, expresó.
“El primer contacto de un joven con el Estado no debe ser la justicia penal», mencionó, añadiendo que el proyecto impacta tanto a jóvenes en situación de vulnerabilidad como a chicos de clase media. A su vez, consideró que la baja de punibilidad no resuelve el problema de la inseguridad del país, sino que perpetúa un “relato estigmatizador”. En cambio, propuso actualizar el régimen penal manteniendo la edad de punibilidad en 16 años y enfocándose en la justicia restaurativa, ya que “los jóvenes no son el verdadero peligro».
Eugenio Zaffaroni, abogado y exjuez de la Corte Suprema, expuso que “la legislación penal que tenemos vigente para menores es inconstitucional”. Destacó que la ley permitirá que niños y niñas menores de 16 años estén “a disposición de un juez con poder absoluto”, tanto si se les imputa un delito como si son víctimas. Cuestionó: “¿Qué juez no tiene errores de conducta?” y criticó la “ideología tutelar” actual que elimina la necesidad de defensa y un juicio imparcial. Abogó por “garantizar la procedibilidad; al nene no se le puede hacer nada mientras no se le pruebe que cometió un delito, con la misma garantía del adulto”.
“Cuidado con meter en una institución total a un niño, niña o adolescente; sea como sea, es una cárcel de niños y toda institución total inevitablemente tiene un efecto deteriorante”, reflexiono Zaffaroni. También alertó: “Espero que el disparate no obtenga sanción, pero de obtenerla, no sé si será viable en los hechos, ya que se enfrentarán a las mismas dificultades que encontró la dictadura hace 40 años”. Finalmente, hizo un llamado a defender la soberanía, el Estado de Bienestar, así como la soberanía política, la independencia económica y la justicia social.
Expectativas del público
Antonio Piñeiro, escritor y profesor de narración en la Universidad de Flores (UFLO), calificó el evento como «excelente», destacando que los panelistas presentaron conceptos e ideas de gran relevancia, especialmente en un contexto donde, según él, el actual gobierno actúa como «un gobierno de ocupación anticonstitucional». También se refirió al proyecto de bajar la punibilidad, describiéndolo como una «barbaridad propia de un estado salvaje», y afirmó que la propuesta es aún más preocupante debido a la falta de atención que el gobierno presta a las cuestiones estatales.
Conociendo el Encuentro Nacional de Escritura en Cárceles
Este evento, que incluye paneles, lecturas, muestras, música y una feria, promueve el diálogo entre estudiantes y escritores en libertad, abordando las problemáticas del encierro y destacando la educación y la escritura como herramientas de transformación social. Según Sabrina Charaf, Coordinadora del PEC, la escritura es un medio poderoso que deja huellas y transforma realidades, facilitando la creación de comunidades y un encuentro de voces.