El pasado lunes se confirmó un nuevo capítulo en el debate político que tienen enfrentados al Gobierno Nacional y al fútbol argentino sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). En este caso, la resolución fue positiva para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en su incansable lucha por rechazar el modelo europeo de privatización. Resulta que la Justicia manifestó la suspensión de las leyes y decretos que permiten la transformación de los clubes.
Como sucedió a inicios de septiembre, el juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, apareció en escena para ratificar su postura y comunicar la novedosa medida. Con una maniobra judicial que va contra lo planteado por el presidente Javier Milei, el conflicto entra en un tiempo de espera para ver cómo continúa en los próximos días. De hecho, la Cámara Federal de San Martín tomará el asunto en sus manos para proseguir con la evaluación.
Una buena para el fútbol
Ante tantas acciones opresivas por parte del Gobierno para la inclusión de las SAD en el fútbol, era tiempo de una buena noticia para la AFA. La entidad encabezada por Claudio Tapia sostiene la negación a la iniciativa de la privatización y apunta a que los clubes se mantengan como sociedades civiles sin fines de lucro. Incluso, es por el mismo objetivo que la Justicia pretende disolver la cuestión bajo sus fundamentos y decisiones.
Bajo ese panorama, Tezanos Pinto fue quien confirmó la suspensión de aquellas normas que permitían la conversión en SAD. Su metodología se basó en denegar dos presentaciones del Gobierno de Milei para revalidar su fallo del mes pasado en el que decretó una medida cautelar que pausó la habilitación de las mismas. Asimismo, fue la propia AFA la que inició la causa que se debate a todo pulmón en el ámbito judicial del país.
Mientras que, diversas fuentes judiciales señalaron el accionar del juez federal la semana pasada al rechazar las exhibiciones del presidente. La primera indicaba una invalidación del fallo del magistrado; mientras que, la segunda apuntaba a encaminar efectos suspensivos en una apelación solicitada. Esa alternativa mantenía la vigencia de las leyes en cuestión durante la revisión de la causa.
Por tal motivo, Pinto dio luz verde al requerimiento del Ministerio de Justicia de la Nación, encomendado por Mariano Cúneo Libarona y de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra. Además, dio otro paso en su apoyo al fútbol argentino al elevar la causa a la Cámara Federal de San Martín para que analice a detalle la medida cautelar. Dicho tribunal ya está abocado en el caso que concierne tanto al Gobierno como a la AFA.
Un clima tenso desde hace tiempo
Con menos de un año de mandato, Milei alteró varias estructuras sociales y económicas del país y el fútbol es su próximo gran objetivo. El conflicto inicial se dio en diciembre de 2023 cuando las máximas autoridades nacionales legitimaron a las SAD en dos artículos del Decreto de Necesidad y Urgencias (DNU) 70. Esa medida fue una de las primeras del Poder Ejecutivo Nacional bajo el régimen de desregulación de la economía argentina.
En tanto, en agosto de este año dictaron el decreto que encausó la reglamentación de las SAD. Asimismo, implementó el plazo de un año para aquellos clubes que adopten la transformación del nuevo sistema mediante sus socios. Como contramedida, la AFA presentó un amparo ante esa situación y el juez Pinto encaminó la medida cautelar para suspender sus efectos hasta que se solucione la inconstitucionalidad como la mayor problemática.
“La entrada en vigencia de la normativa impugnada, altera negativamente el estado de situación de un colectivo de incidencia social como son las entidades deportivas”, señaló Pinto. “Debido a que impide desarrollar en libertad su vida asociativa, con la imposición de conductas a los asambleístas”, añadió sobre los efectos de las SAD en el fútbol. Asimismo, resaltó que “modifican sustancialmente una ley, la 20.655 del deporte, emanada del Congreso Nacional en uso de sus facultades legislativas”.
Por su parte, el Gobierno planteó diversas apelaciones contra el fallo del juez, a quien desestimó y expresó que su juzgado no es el apropiado para intervenir. Incluso, solicitó que la apelación de Pinto sea revocada o que sea concedida bajo efectos suspensivos. “Pone en riesgo la implementación de las políticas públicas trazadas por el Poder Ejecutivo en legítimo y legal ejercicio de la administración del país”, comunicaron los abogados del Estado Nacional.
Una tercera opinión
La justificación de las autoridades argentinas apuntaban a que el fútbol también sufre la crisis económica del país y que la inserción de capitales privados podría mejorar sus ingresos. En tanto, el magistrado rechazó dos de los planteamientos y aclaró sobre la revocatoria del fallo que “la resolución atacada fue dictada conforme a los hechos y derecho invocados en la resolución recurrida”. Esto implica que ese segmento no requiere ninguna revisión externa.
Sin embargo, Pinto también fue contundente en torno a conceder la apelación con la suspensión de la resolución al mencionar que debe ser “con efecto devolutivo”. Por tal motivo es que tomó cartas en el asunto la Cámara Federal de San Martín que analizará en profundidad el fallo en cuestión pero con la suspensión de las leyes. Bajo la misma línea, solo resta que se resuelva el planteo de incompetencia que implementó el Poder Ejecutivo.
La postura se centra en que sostiene que la justicia federal de Mercedes no debe involucrarse porque la AFA como el Gobierno Nacional poseen sus sedes en la ciudad de Buenos Aires. Frente a ese pensamiento, se inclinan a que debe ser un tribunal de esa jurisdicción la que busque una solución al asunto. De hecho, su mayor intención es que el propio Gobierno actúe como fuero civil y comercial federal.
Frente a una fuerte puja de intereses por la llegada de capitales externos, la implementación de las SAD se mantiene en pausa por el momento. La AFA se aferra de manera férrea que el arribo del modelo europeo cambiaría y dañaría de forma negativa la estructura del fútbol argentino. En las próximas semanas se espera que la Cámara Federal de San Martín defina si la medida cautelar continúa activa y el incierto futuro de las SAD en el deporte rey del país.