Tras la masiva movilización universitaria, Javier Milei oficializó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y la oposición solicitó una sesión especial en la Cámara de Diputados para rechazarlo. Además, el gobierno impulsa un proyecto para arancelar la educación para extranjeros no residentes.
Este camino recorre los pasos de la malograda Ley de Movilidad Jubilatoria, donde el gobierno logró sostener el veto con la ayuda de la oposición amigable. En este caso, el panorama es diferente y el oficialismo está lejos de asegurar el votos de los “87 héroes” que celebraron con asado de por medio la derrota de los jubilados.
En consecuencia, el miércoles 9 de octubre a las 11 habrá una sesión especial en Diputados, donde se necesitará de dos tercios de los votos para anular el veto presidencial. Es decir, se requieren de 172 adhesiones en caso que se presenten la totalidad de los 257 diputados.
Como antecedente, la vetada Ley de Financiamiento Universitario que pretende incrementar los fondos destinados a la educación superior y a los salarios docentes viene de ser aprobada en Diputados por 144 votos a favor y 77 en contra, mientras que en el Senado obtuvo 57 afirmativos, 10 negativos y una abstención.
El gobierno necesita impedir los dos tercios de los presentes en ambas cámaras para sostener el veto, objetivo que se le presenta complicado. A diferencia de la reforma jubilatoria, la Unión Cívica Radical (UCR) trabaja en una posición en común para todos sus integrantes, que es la del rechazo al veto.
En esa línea de disputa, aparecen los cinco radicales que se dieron vuelta para sostener el veto que rechazó el aumento en jubilaciones: Martín Arjol, Mariano Campero, Pablo Cervi, Luis Picat y José Federico Tournier. Por otra parte, está el principal aliado del oficialismo, que es el PRO que dirige Mauricio Macri, cuyo líder mantiene un hermetismo que incomoda al oficialismo.
Ante esta situación, el diputado Héctor Baldassi se pronunció a favor del financiamiento universitario a través de X. Además, el espacio amarillo cuenta con integrantes como Álvaro González, cercano a Horacio Rodríguez Larreta, quien asistió a la marcha universitaria.
De este modo, el oficialismo negocia a contrareloj por los votos necesarios para blindar el veto pero ante la duda, ya tiene un plan B, la judicialización.
Sin veto, el gobierno podría recurrir a vías judiciales
En la previa a la sesión especial en la Cámara de Diputados que buscará dejar sin efecto el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, el gobierno ya adelantó la posibilidad de recurrir a la Justicia.
El oficialismo se sabe acorralado ante una posible derrota en el Congreso por lo que ya se empieza a deslizar el tema de la judicialización contra la ley. En ese sentido, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó, durante su conferencia de ayer, la posibilidad de entrar en vías legales aunque aclaró: “No sabemos cuál va a ser el futuro del veto».
En tanto, aseguró que la ley de financiamiento universitario “incumple el reglamento” porque «no especifica de dónde se sacan las partidas presupuestarias». En esa línea, expresó: “Para nosotros la ley está viciada de incumplimiento de la norma».
Y justificó: “Es una herramienta que tiene el Gobierno cuando ve una ilegalidad, es recurrir a la Justicia”. Por último, Adorni aclaró que si bien no es un hecho la potencial judicialización, si “es una posibilidad”.
El gobierno envía un proyecto para arancelar a universitarios extranjeros
La gestión de Javier Milei no se detiene y continúa con la educación bajo su mira, en este caso, en los extranjeros no residentes que podrían ver arancelados sus estudios.
Se trata de un proyecto de ley que estaba contemplado dentro de la versión original de la Ley Bases, donde se modifica la Ley de Educación Superior para que las universidades públicas puedan cobrarles a estudiantes extranjeros.
Cabe resaltar, que este proyecto afectaría a los extranjeros no residentes, por lo que quienes ya posean la residencia en el país no se verán afectados de ninguna forma.
De igual modo, resta por conocer como sería la implementación de esta medida aunque quedaría en potestad de cada facultad la implementación o no de la normativa. En caso de prosperar este proyecto, podría ser de rápida implementación para inicios de 2025.
Por otra parte, el gobierno podría modificar la distribución de los recursos a las diferentes facultades, teniendo en cuenta una relación entre cantidad de alumnos y graduados de la misma.