El Decreto 873/2024, publicado en las últimas horas se produce en el contexto de fuertes reclamos salariales por parte de los gremios aeronáuticos, busca trasladar a manos privadas la aerolínea de bandera, considerada por el Ejecutivo como “altamente deficitaria”.
El texto marca el primer paso formal para la venta de la empresa estatal. Según los términos de la norma, la decisión deberá ser ratificada por el Congreso de la Nación, que tendrá la última palabra sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, el oficialismo avanza con firmeza, impulsado por la crisis fiscal que atraviesa el país y el “conflicto sindical” que viene escalando en las últimas semanas.
La justificación del Gobierno para la privatización de la aerolínea se centra en el “déficit financiero que genera la empresa”, el cual, según el Ejecutivo, es insostenible para las arcas públicas. En el texto del decreto, se destaca que “el Tesoro Nacional no puede seguir financiando una compañía ineficiente”, en referencia a los millonarios aportes que Aerolíneas recibe del Estado.
Según los cálculos oficiales, este flujo constante de fondos compromete el uso de recursos fiscales en un país donde la pobreza afecta al 52,9% de la población, y la indigencia al 18,1%.
El decreto, además, se alinea con la estrategia de otros sectores políticos que ya habían presentado iniciativas similares. Entre ellos, el diputado Hernán Lombardi (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica), quienes también proponían la privatización de la compañía bajo la Ley 23.696, la de Reforma del Estado, que regula los procesos de venta de activos públicos.
Con la firma del decreto, el gobierno de Milei busca tomar la delantera en un debate que ya comenzó en el Congreso y que promete intensas discusiones en las próximas semanas.
El anuncio es otro golpe para los gremios aeronáuticos, que vienen llevando adelante paros y protestas en rechazo a los despidos y en reclamo de mejoras salariales. La decisión del Gobierno de avanzar con la privatización profundiza las tensiones y no se descartan nuevas medidas de fuerza por parte de los sindicatos.
Manuel Adorni, vocero presidencial, había adelantado la postura oficial días antes, señalando que la aerolínea de bandera “arrastra un déficit crónico” debido a las gestiones de gobiernos anteriores, a los que calificó de “populistas”. Según el portavoz, esta situación ha obligado al Estado a realizar “constantes transferencias de recursos públicos”, algo que, en su opinión, pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del país.
Por su parte, el oficialismo planea avanzar con un dictamen favorable a la privatización en el plenario de comisiones de Transporte y Presupuesto, donde se espera que el tema sea debatido el próximo mes.