Los incendios que arrasaron miles de hectáreas en la provincia de Córdoba, lejos de ser meras tragedias naturales, exponen un entramado complejo donde el negocio inmobiliario, las decisiones políticas y los recortes presupuestarios juegan un papel fundamental.
Esta combinación, junto con la presión de proyectos como la Autovía de Punilla, evidencia un panorama en el que el fuego parece ser, más que un accidente, una herramienta que responde a intereses económicos.
A pesar de las repetidas alertas de ambientalistas y organizaciones sociales, las acciones del gobierno de La Libertad Avanza, parecen destinadas a perpetuar la vulnerabilidad de los bosques nativos y la expansión de proyectos cuestionados.
Recorte de presupuesto y el incumplimiento de la Ley de Bosques
Uno de los aspectos más preocupantes es el recorte significativo en el presupuesto destinado a la protección de los bosques nativos para el año 2025. La Ley de Bosques (26.331), sancionada en 2010, establece un Fondo de Conservación que debería asignar, como mínimo, el 0,3% del Presupuesto Nacional y el 2% de las retenciones agroindustriales para preservar estas áreas.
Sin embargo, el gobierno de Javier Milei asignó apenas un 2,1% del monto necesario, es decir, 9.090 millones de pesos, cuando debería haber destinado al menos 432.000 millones. Este recorte no es una novedad, sino la continuación de una tendencia de incumplimiento que caracterizó a todos los gobiernos desde la implementación de la ley.
El Fondo de Conservación, diseñado para compensar a las provincias y propietarios de tierras que no pueden poner en producción sus terrenos debido al ordenamiento territorial, fue sistemáticamente ignorado, generando un impacto económico y ambiental devastador.
La Autovía de Punilla, un ejemplo de amenaza en expansión
En este contexto de recortes y desidia, otro elemento que agrava la situación es la construcción de la Autovía de Punilla. Comunidades y organizaciones ambientales advierten que su trazado atraviesa zonas de alto valor ecológico, incrementando el riesgo de deforestación y pérdida de biodiversidad.
A pesar de ello, la iniciativa avanza en un intento de mejorar la infraestructura de la región, pero también debe tenerse en cuenta el fuerte interés inmobiliario que hay detrás de ella.
La construcción de la Autovía facilita el acceso a áreas hasta ahora preservadas, lo que abre la puerta a la especulación inmobiliaria en zonas que, por su fragilidad ambiental, no deberían ser urbanizadas.
Los incendios, en muchos casos, terminan “limpiando” el terreno para futuros desarrollos inmobiliarios, lo que genera sospechas de que el fuego no siempre es accidental.
Emergencia ambiental: ¿solución o trampa?
Frente a los incendios, el Senado de la Nación aprobó la declaración de emergencia ambiental por 180 días. Sin embargo, lejos de ser una solución efectiva, esta medida podría convertirse en una trampa.
La declaración de emergencia permite el uso de fondos y recursos extraordinarios, pero si no se acompaña de una verdadera política de control y prevención, corre el riesgo de ser un parche temporal que no aborda las causas estructurales del problema.
Este proyecto faculta al gobierno nacional a asignar una partida extraordinaria para la recuperación de infraestructura y actividades económicas afectadas por los incendios, en coordinación con el gobierno de Córdoba y las autoridades locales.
Además, contempla medidas financieras para apoyar las economías regionales y a los habitantes de las zonas afectadas, en conformidad con la Ley N° 27.287 sobre gestión de desastres .
La ley de emergencia ambiental, aunque busca dar una respuesta rápida a la crisis, no toca temas de fondo como la falta de control en las construcciones sobre zonas protegidas, ni el avance del agronegocio sobre tierras que deberían estar destinadas a la conservación.
El negocio detrás del fuego
En los últimos años, Córdoba ha sido testigo de un auge de desarrollos inmobiliarios que, en muchos casos, se construyen sobre áreas que no son aptas para la urbanización. En este sentido la ciencia aporta su mirada sobre esta cuestión, expertos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), explican las principales causas.
El doctor en Ciencias Biológicas, Juan Argañaraz, y la doctora Melisa Giorgis, afirmaron que una de las razones de los incendios en Córdoba son de origen antrópico, es decir, están relacionadas con las actividades humanas.
Entre las prácticas que destacan se encuentran el uso del fuego para fomentar el rebrote de pastos con fines ganaderos y la especulación inmobiliaria, donde se degrada el terreno intencionalmente para luego justificar su cambio de uso.
En esta línea, Argañaraz subrayó que en algunas zonas los incendios son tan recurrentes que es evidente la intencionalidad detrás de ellos, lo que genera un grave impacto ambiental en esas áreas, que se han quemado hasta 14 veces en los últimos 30 años.
La doctora Giorgis, por su parte, resaltó que las condiciones climáticas de la provincia, con vientos fuertes, altas temperaturas y una sequía prolongada, facilitan la propagación de los incendios, especialmente los llamados «mega incendios», como el que ocurre en Capilla del Monte.
Estos incendios, que afectan más de 10 mil hectáreas, no solo destruyen la flora y fauna de la región, sino que también alteran la calidad del suelo, el aire y el agua. Según los especialistas, la vegetación juega un rol crucial en la regulación del ciclo hídrico, y su pérdida provoca que el agua corra más rápido por los cauces, incrementando el riesgo de inundaciones y la escasez hídrica en épocas secas.
Incendios, silencios y un futuro incierto
La tragedia de los incendios en Córdoba, descrita con crudeza por la periodista Laura Hintze, no sólo revela un paisaje devastado, sino también la complejidad de las relaciones humanas con el entorno y la lucha constante de quienes habitan el territorio por protegerlo.
Los «venidos» y los nativos se encuentran en un terreno común, organizados en brigadas comunitarias, enfrentando un fuego que parece implacable pero que, en el fondo, responde a intereses económicos y políticas que favorecen la expansión inmobiliaria y agropecuaria.
Es así que mientras algunos luchan por salvar sus casas y vidas, otros arriesgan todo por proteger el monte nativo, esa parte esencial del ecosistema que sostiene las cuencas de agua y regula el clima.
Estos vecinos movilizados representan una respuesta colectiva frente al vacío que deja el Estado, que, como bien señalan, no parece interesado en frenar el avance de la destrucción. La lucha contra el fuego, tanto literal como simbólicamente, no es solo por los bosques.
Es una lucha por el futuro de las sierras, de sus comunidades y de un modo de vida que está siendo amenazado desde todos los frentes. El fuego, como fuerza destructiva, arrasa con todo lo que encuentra a su paso, pero también despierta una organización social que se resiste a ceder ante la tragedia.
En este contexto, es imposible no reflexionar sobre el papel del Estado y la sociedad: ¿cuánto más puede resistir un ecosistema sometido a intereses externos? ¿Cuánto tiempo más se puede ignorar que lo que está en juego no es solo tierra, sino la vida misma, en todas sus formas?
Los incendios se llevan mucho más que vegetación: también consumen sueños, memorias y una forma de habitar el mundo que parece estar cada vez más en peligro.