Córdoba enfrenta una catástrofe ambiental de magnitud devastadora. Según cifras oficiales, el fuego ha consumido cerca de 16.000 hectáreas, mientras cuatro focos continúan activos en diversas regiones de la provincia. Las llamas avanzan sobre el bosque nativo y han obligado a la evacuación de familias en localidades como Intiyaco, San Marcos Sierras, Villa Berna, Chancaní y Capilla del Monte.
Emergencia ambiental y la solidaridad de la población
El incendio es combatido tanto por bomberos voluntarios como por brigadas organizadas de pobladores, quienes, ante la ausencia del Estado en los momentos más críticos, han actuado para prevenir un desastre mayor. La solidaridad de las comunidades ha sido clave en la protección de viviendas y animales, especialmente en zonas rurales donde el fuego avanza con mayor rapidez.
Denuncias contra el ETAC y posible intencionalidad
Diversas organizaciones locales y brigadistas lanzaron graves denuncias contra el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), un grupo dependiente de la Policía de Córdoba. Acusan al equipo de prender y direccionar los focos hacia zonas de monte nativo, basándose en relatos y videos donde el ETAC aparece trabajando en áreas que posteriormente arden. Estas prácticas, según aseguran, estarían favoreciendo la expansión del fuego en lugar de combatirlo, algo que generó indignación entre los bomberos voluntarios, quienes ya se habían manifestado en desacuerdo con la creación de dicho equipo por parte del gobierno provincial.
Intereses detrás del fuego
Los incendios forestales en Córdoba no son fenómenos aislados ni simplemente fruto del descuido o del cambio climático, aunque este último agrava la situación. En la provincia ya se han quemado 40.000 hectáreas en lo que va del año, y según diversas organizaciones ambientales, detrás de los incendios hay intereses del agronegocio y la especulación inmobiliaria.
La ley 27.604, sancionada en 2020, prohíbe el cambio de uso del suelo en terrenos quemados por un período de entre 30 y 60 años, con el objetivo de frenar la especulación.
Sin embargo, muchos critican la falta de aplicación efectiva de esta normativa y señalan que la justicia no está actuando con la rapidez necesaria para investigar los verdaderos responsables detrás del fuego.
Respuesta del gobierno y politización de la crisis
A pesar de la gravedad de la situación, la vicegobernadora de Córdoba, Miriam Prunotto, minimizó las demandas de declarar la Emergencia Nacional. En una entrevista televisiva, afirmó que “en Córdoba estamos acostumbrados a estos incendios” y sugirió que el tema se está “politizando”. También destacó la capacidad de los bomberos locales y la colaboración del gobierno nacional, aunque sus declaraciones generaron críticas por parte de la oposición y de quienes consideran que no se está tomando la situación con la seriedad que merece.
En paralelo, legisladores como Vanina Biasi (Frente de Izquierda) y Walter Gispert (Frente Cívico) han presentado proyectos en el Congreso para declarar la Emergencia Nacional en Córdoba. Biasi argumentó que la medida es fundamental para asignar fondos específicos que permitan tanto combatir el fuego como restaurar las zonas devastadas.
La urgencia de una acción coordinada
Mientras el fuego sigue avanzando, la provincia de Córdoba se encuentra en un punto crítico. La emergencia ambiental que viven sus habitantes y los daños a su patrimonio natural han puesto en evidencia la necesidad de una respuesta coordinada entre el Estado y las comunidades. Las denuncias de intencionalidad detrás de los incendios y la falta de aplicación efectiva de la Ley de Manejo del Fuego ponen en juego el futuro de los ecosistemas cordobeses y la seguridad de sus pobladores.