Ante el esperable veto de la Ley de Financiamiento Universitario y el acotado Presupuesto de 2025 la comunidad educativa, las organizaciones estudiantiles, y organizaciones sociales reactivaron medidas de fuerzas por la emergencia de fondos. Esto desembocará en una marcha masiva el 2 de octubre.
En ese sentido, organizaciones sindicales como la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), resolvieron por unanimidad una protesta entre el 25 y 26 de septiembre. Esto implica el establecimiento de un paro de 48 horas, sin concurrencia a los lugares de trabajo.
“Es importante la decisión de los docentes expresada en el Plenario de no bajar los brazos y responder con contundencia a las provocaciones de un presidente que gobierna por decreto y a través de vetos y a sus intenciones de destruir la universidad pública”, comentó Carlos De Feo, Secretario General de CONADU.
Asimismo, el miércoles 25 de septiembre a las 16 la Confederación General del Trabajo (CGT), realizará una convocatoria a la marcha federal universitaria, donde expresarán su adhesión a la protesta.
Por otro lado, la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), expresó su apoyo y compromiso con las autoridades universitarias para la defensa de los derechos de trabajadores y estudiantes.
En ese marco, Jorge Henn, Defensor del Pueblo de Santa Fe, comentó que la asociación anunció una declaración dirigida a la presidencia de la Nación en la que sostienen como elemental la recomposición del presupuesto universitario nacional.
“Es esencial que nuestras universidades cuenten con los recursos adecuados para enfrentar los desafíos actuales. La educación superior es un pilar del desarrollo social y económico de nuestro país, y debemos trabajar juntos para asegurar su sostenibilidad” afirmó el defensor.
Ley de Financiamiento
La Ley de Financiamiento tiene el objeto de declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional, con el fin de paliar con los aumentos de los costos de los bienes y servicios esenciales. Además, de atenuar el impacto en los salarios y gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales.
El Senado aprobó y convirtió el proyecto de financiación en Ley el 13 de septiembre y la comunicación del mismo fue el 19 de septiembre. A partir de esta fecha queda a espera la decisión del presidente Javier Milei para el veto o promulgación de la norma.
En este sentido, el 3 de octubre es una fecha límite para el veredicto presidencial, que por las últimas acciones como el veto jubilatorio, la ley de financiamiento también sería vetada. Esto porque el gobierno de la Libertad Avanza no está dispuesto a disponer el 0,14 % del PBI para la educación argentina.