Tras el avance feroz contra el aumento de las jubilaciones y las universidades, el Gobierno libertario avanza con la desestabilización de Aerolíneas Argentinas en busca de su privatización, excusándose en las últimas medidas de fuerza del sector aeronáutico.
El conflicto entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos va en aumento, a punto tal que el Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich denunció de forma penal al secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, por “amenazas y extorsiones”.
El gobierno tomó las declaraciones que se refirieron al conflicto como “grave y se va a poner mucho peor”. Desde el oficialismo consideran que las palabras podrían exceder el derecho a huelga que es el amparado por la Constitución Nacional, por lo que lo tomaron como el presunto delito de “amenazas extorsivas”.
En un comunicado, APLA sostuvo que “el conflicto finaliza cuando se acuerde el monto de recomposición salarial, y todos/as los compañeros sancionados (apercibimientos, suspensiones, despidos) se encuentren en sus puestos laborales y se retrotraigan esas medidas disciplinarias”.
En tanto, como defensa a Aerolíneas Argentinas, ayer se conformó una Mesa Nacional de Transporte donde confluyeron distintos gremios de transporte que integran la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT).
Así lo informó la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), donde precisaron que quedan en “estado de alerta y movilización” ante las políticas de ajuste del gobierno nacional. Además, adelantaron sobre una próxima reunión para “establecer un Plan de Lucha General que no descarta la posibilidad de medidas de fuerza de alcance nacional”.
De este mesa fueron parte Juan Pablo Brey (Aeronavegantes); Omar Maturano (La Fraternidad); Mario Caligari (UTA); Pablo Moyano y Omar Pérez (camioneros); Juan Carlos Schmid (Fempinra); Pablo Biró (APLA); y Raúl Durdos (SOMU).
Denuncian un “cierre autoinflingido”
En medio de la tensión en aumento, el gobierno aprovechó las últimas medidas de fuerza que mermaron la actividad aérea para imponer la privatización de Aerolíneas Argentinas.
En este sentido, la gestión libertaria declaró como servicio esencial a la aeronáutica civil y comercial, cuestión que dificulta la fuerza del reclamo de los trabajadores. Por esto, pese a las medidas de fuerza, se debe cumplir con el 50% de la operación.
En este contexto, a través de un comunicado, el sindicato de Aeronavegantes, APLA, la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), apuntaron contra el Presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo.
“El Gobierno busca un cierre autoinfligido de Aerolíneas Argentinas”, se titula el escrito donde acusan a Lombardo de ser funcional al oficialismo con un “rol de marioneta itinerante”.
“Se calzó sin dudas ni objeción de conciencia alguna el traje de libertario ortodoxo”, afirmaron, al tiempo que concluyeron que el desfile del Ceo de Aerolíneas por los “canales oficialistas” dejó en claro que el enfrentamiento “excede los motivos salariales”.
En consecuencia, el escrito señala que Lombardo busca promover un “lock out patronal” para que se paralice el funcionamiento de la compañía para “culpar a los sindicatos y a sus trabajadores”.
Por otro lado, los gremios puntualizaron sobre la renuncia del gerente de operaciones de Aerolíneas: “Con esa posición acéfala, la empresa no puede volar”.
Finalmente, aseguraron que el presidente de la empresa “eliminó por completo y corrió del medio a cualquier instancia o persona que aún trabajara en favor de los intereses y el funcionamiento virtuoso de la aerolínea”. En ese sentido, afirmaron que muchos fueron “salvajemente descartadas por no alinearse devotamente al inescrupuloso plan oficial”.
El plan del gobierno y el apoyo de Macri
El gobierno libertario no abandona su idea privatizadora para con Aerolíneas Argentinas, tras tener que descartarla del listado aprobado por la Ley Bases. En esta ocasión, se plantean enviar un proyecto que fue presentado por Hernán Lombardi (PRO) en los primeros días de septiembre, y que lleva la firma de 20 legisladores.
La propuesta busca que se pueda autorizar al Poder Ejecutivo la venta de Aerolíneas, y para ello, deberá juntar las voluntades que perdió al momento de modificar el listado de las empresas a privatizar en la Ley Bases.
Quién se refirió al tema a través de un extenso escrito por X fue Mauricio Macri, quien pidió “un plan de desarme urgente”, de Aerolíneas Argentinas, “por el bien de todos los argentinos”. En tanto, se plegó a las exigencias oficialistas: “El mandato social pide responsabilidad fiscal y la reducción del Estado exagerado al que nos sometió el kirchnerismo por años”.
Por otra parte, postuló tres posibilidades para el futuro de la empresa donde menciona “iniciar un proceso de quiebra”; la “escisión de la empresa en dos”, o la “rápida reducción de la empresa y la liquidación de sus activos”.
De cualquier modo, el oficialismo tiene un largo camino por recorrer mientras loa trabajadores luchan por sus puestos de trabajo.
Cuando Aerolíneas Argentinas fue privatizada
La solución a los problemas que presenta el gobierno de Javier Milei no son inéditos y tienen un antecedente que no terminó de la mejor manera.
En la década del ’90, bajo el mandato de Carlos Menem y en un contexto de reforma del Estado, Aerolíneas Argentinas fue transformada en una sociedad anónima para luego ser vendida a Iberia. A pesar de la venta, el Estado se hizo cargo de la deuda de la empresa.
Ya en mano de Iberia comenzó una etapa de desmantelamiento de Aerolíneas que incluyó la venta de la flota de 28 aviones y los simuladores. Además de desmantelaron los talleres y cerró decenas de rutas comerciales.
La situación económica de la empresa fue insostenible para 2001 con suspensiones de vuelos y la ya entrada del Grupo Marsans a partir de una convocatoria de acreedores.
Lejos de levantar la aerolínea, para 2008 Aerolíneas Argentinas quedó con números negativos de 81 millones de pesos, lo que derivaría en ese mismo año, en un proyecto de ley enviado y aprobado para la estatización de la empresa, bajo el gobierno de CFK.
Un viejo camino que podría volver a recorrerse de la mano del gobierno libertario.