Mediante el Decreto 833/2024, recientemente publicado en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei tomó la decisión de intervenir la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
Este organismo fue creado bajo el marco de la Ley 27.669, que regula parcialmente la actividad del cannabis en Argentina, permitiendo su cultivo con fines medicinales e industriales. La intervención busca reactivarse luego de que la agencia estuviera prácticamente paralizada desde diciembre pasado.
¿Por qué intervenir la ARICCAME?
La ARICCAME tiene un rol fundamental en la regulación de todo el proceso relacionado con el cannabis: desde la importación y exportación hasta la producción y comercialización. No es nada más ni nada menos que la encargada de emitir licencias y supervisar la actividad vinculada al cáñamo y el cannabis medicinal.
Según el Gobierno, se ha detectado una “falta de personal, inoperatividad y la ausencia de emisión de licencias que han frenado el desarrollo del sector”. De esta forma, la gestión de La Libertad Avanza argumentó que la intervención es necesaria para mejorar la eficiencia administrativa de la agencia, reducir la carga burocrática y facilitar el acceso a la información.
Mientras tanto la industria cannabica en la provincia de Jujuy anunció el jueves pasado que se realizó la primera exportación de más de media tonelada de Cannabis de grado farmacéutico a Europa y Australia.
Esta medida fue criticada meses atrás debido a que se autorizó la venta de las inflorescencias (flores), que produce el país a granel y sin procesamiento. Según el nuevo decreto, la medida incluye un “rediseño organizativo” que se extenderá por un año, con la posibilidad de prorrogar hasta septiembre del año 2025.
En este sentido, se pretende unificar procedimientos administrativos, regularizar los programas en marcha y reordenar los proyectos vinculados al cáñamo y al cannabis medicinal.
Un oftalmólogo con experiencia en medicina cannabica como interventor
Al frente de esta intervención fue designado Ignacio Ferrari, un oftalmólogo con experiencia en medicina cannábica, quien además preside la empresa de servicios especializados en el uso del aceite de cannabis, Cannaradix y el Instituto Argentino de Endocannabinología.
A partir de ahora, Ferrari tiene la tarea de elaborar un informe sobre la situación actual de la ARICCAME, que incluirá la regularización de los permisos provisionales y la organización de programas estratégicos para la industria.
Ferrari tendrá amplias facultades dentro de la Agencia, permitiéndole operar con total autonomía en lo que respecta a la emisión de licencias y permisos habilitantes. Su participación como interventor involucra no solo el área industrial, sino también el ámbito médico.
La estructura de la ARICCAME
La intervención también otorga amplias competencias al Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo, para supervisar la ejecución presupuestaria y garantizar el control administrativo.
Además, Juan Pazo, secretario de Coordinación de la Producción, tendrá un papel activo en la reestructuración de la ARICCAME, asegurando que el organismo funcione de manera eficiente y que se cumplan las metas fijadas por el decreto.
Cabe mencionar, que a partir de ahora la gestión de esta agencia clave en la industria del Cannabis pasará a estar controlada temporalmente por el Ministerio de Economía en lo que respecta a compras, recursos humanos y el manejo financiero hasta que la agencia vuelva a operar con normalidad.
De esta forma, se busca generar un mayor control sobre las decisiones presupuestarias y su implementación. Originalmente, la ley había establecido una estructura organizativa para la ARICCAME que incluía un Directorio conformado por representantes de los Ministerios de Economía, Salud, Seguridad y Ciencia y Tecnología, junto con la Secretaría de Agricultura.
A su vez, un Consejo Federal de carácter consultivo debía representar a las provincias, la Nación y la Ciudad de Buenos Aires en el desarrollo de la industria del cannabis.
Sin embargo, la intervención parece modificar la composición del organismo. Uno de los cambios más significativos es la eliminación del Consejo Consultivo Honorario, una herramienta de participación que permitía la interacción de ONGs y especialistas en la creación de políticas públicas.
Este consejo era clave para programas como el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), que facilitaba el acceso a productos medicinales a pacientes con prescripción médica.
El futuro de la ARICCAME queda en manos de las autoridades designadas y de la intervención gubernamental, que pretende poner en funcionamiento una “agencia estancada por la falta de recursos y personal”.
Aunque no hay más información oficial de las verdaderas intenciones del gobierno, la intervención gubernamental será quién decida la emisión de licencias para aquellos proyectos que ya han recibido permisos provisionales.
La industria del cannabis medicinal y el cáñamo es vista como una oportunidad para el desarrollo de negocios, la especialidad del gobierno de Milei.