El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 y le destinará apenas $3,8 billones de los $7,2 que exige el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para el mínimo funcionamiento de las Universidades Públicas.
El gobierno nacional continúa su cruzada contra las universidades nacionales tras la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario por el Senado con la confirmación de veto por parte del Presidente.
Asimismo, se reafirmó la decisión de mantener la suspensión del Fondo de Incentivo Docente (FONID) que rige desde enero ante una Cámara de Diputados que intentó restituirlo sin éxito.
De este modo, Milei reafirma su postura en contra del financiamiento de la educación, que se suma a la decisión del veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria con represión incluida para los jubilados.
Como consecuencia del ataque del gobierno nacional contra las universidades, rectores, docentes y no docentes contemplan una posible movilización para que el Congreso vuelva a votar y deje sin efecto el veto presidencial.
Una nueva movilización de las universidades
Las universidades públicas se preparan para resistir al ataque del gobierno de Javier Milei y se define la posibilidad de una movilización de la comunidad universitaria, tal como la masiva convocatoria del 23 de abril.
Tras la escasa partida presupuestaria del Ejecutivo para con las universidades, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) encendió las alarmas. La cifra destinada para la educación universitaria es de $3,8 billones mientras que se solicitaban $7,2 billones para el funcionamiento del sistema educativo.
En este sentido, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, expresó: “Pudimos acceder a las planillas y hacer un análisis pormenorizado. Advertimos que hay una diferencia enorme y se explica, porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios».
Y agregó: «No hay intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación”. En tanto, consideró que la única certeza es que “los docentes y no docentes en este 2025 van a tener los mismos salarios que hoy, ni siquiera se contempla la inflación, que se estimó del 18%”.
Ante esta situación, se empezó a gestar la resistencia: “Nos reunimos con las federaciones y decidimos que el martes que viene, tras la reunión del CIN, anunciaremos las medidas a tomar”, contó Moriñigo.
En consecuencia, adelantó que la medida sería “una nueva marcha para octubre”, al menos que el gobierno se preste a modificar la situación, cuestión que visualizan “poco probable”, debido a la falta de “voluntad para el diálogo”.
Vale remarcar que durante el año, el Gobierno asignó actualizaciones de partidas presupuestarias (consideradas insuficientes) pero que fueron para gastos de mantenimiento, el cual representan un 5% del total. En tanto, los salarios de docentes, investigadores, directivos y personal no docente alcanzan el 85% del presupuesto universitario.
La judialización del desfinanciamiento en educación
La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver un amparo del gobierno de Rio Negro contra el Estado Nacional por la suspensión de fondos destinados al sistema educativo provincial.
Así lo decidió la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca al confirmar la incompetencia del Juzgado Federal de Viedma por la existencia de un interés federal.
De este modo, el tribunal de apelaciones conformado por Richard Fernando Gallego y Mariano Roberto Lozano rechazó el recurso interpuesto por el fiscal del Estado de Río Negro.
En consecuencia, el destino para la resolución del caso está en la Corte Suprema: “La cuestión en debate reviste un nítido contenido federal, en la medida que el derecho que se pretende hacer valer está directa e inmediatamente fundado en artículos de la Constitución Nacional, en leyes sancionadas por el Congreso y en un decreto dictado por el Poder Ejecutivo Nacional”, confirmaron los jueces.
Ante lo citado, es que la competencia del caso entra en terreno de la Corte Suprema a causa del manifiesto contenido de carácter federal.
El origen de la demanda de la provincia radica en “el arbitrario incumplimiento” por parte del Estado nacional. En ello, se apunta a la “intempestiva suspensión de la remisión de fondos con destino a solventar el sistema educativo, que venía efectuando la Nación a la provincia de Río Negro hasta el 1 de enero de 2024”.
En tanto, la denuncia considera que se viola «el derecho a la educación previsto por el artículo 14 de la Constitución Nacional”, junto a la obligación de Nación por “garantizar” y “asistir financieramente” a las provincias.