A principios de julio, un grupo de pediatras, preocupados por la creciente crisis alimentaria en Argentina, emitió una carta abierta dirigida al Gobierno Nacional instando a la urgente revisión de sus políticas en materia de distribución de alimentos. La misiva, que contó con la adhesión de cientos de profesionales de la salud de todo el país, resalta la necesidad imperiosa de liberar y distribuir la mercadería almacenada en galpones, asegurando un acceso continuo y seguro a alimentos nutritivos para toda la población, especialmente para niñas, niños y adolescentes (NNyA).
La situación es alarmante. Según los pediatras, las consecuencias de la falta de acceso a alimentos adecuados se reflejan en los hospitales pediátricos, donde se observan internaciones por déficit de nutrientes esenciales. UNICEF ha documentado una preocupante disminución en la ingesta de carnes y leches en las infancias, un problema que también afecta a madres gestantes y lactantes. Los profesionales de la salud advierten que NNyA con enfermedades crónicas, como cardiopatías o afecciones neurológicas, están sufriendo descompensaciones debido a la interrupción en la entrega de alimentos específicos.
Los consultorios pediátricos reciben cada vez más pacientes que, cansados y sin energía, informan haber saltado comidas o no haber comido la noche anterior. Este cuadro, según los médicos, es solo la punta del iceberg. La falta de una alimentación adecuada y prolongada no solo afecta el desarrollo biológico, cognitivo y emocional de los individuos, sino que también pone en riesgo la salud de futuras generaciones, aumentando la probabilidad de enfermedades crónicas no transmisibles a edades tempranas.
La carta abierta también denuncia la inacción del Poder Ejecutivo Nacional, que, en lugar de distribuir los alimentos acumulados, ha optado por recurrir repetidamente al Poder Judicial para evitar o retrasar su entrega. Esta situación, afirman los pediatras, está causando un daño irreparable que debe ser abordado de inmediato.
Llamado urgente
Ante este panorama, los pediatras hacen un llamado urgente a quienes tienen el poder de decisión, para que asuman su corresponsabilidad y actúen de acuerdo con la Ley de Protección Integral de los Derechos de NNyA (Ley 26061). Exigen la implementación inmediata de políticas públicas que garanticen el acceso a la alimentación básica para niñas, niños, adolescentes y sus familias, y solicitan a los Poderes Legislativo y Judicial que intervengan para asegurar el cumplimiento del derecho constitucional a la alimentación.
Finalmente, los pediatras concluyen con una advertencia clara: «El hambre es una violencia que no debemos naturalizar.» Con esta contundente declaración, buscan sensibilizar a la sociedad y a los responsables políticos sobre la urgencia de detener esta crisis alimentaria que amenaza con convertirse en una hecatombe sanitaria.