Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis Reproductive Health, analizó la implementación de la política de interrupción del embarazo hasta diciembre de 2023 y el escenario que recibió el gobierno de Javier Milei.
El informe anual llamado “Logros de la política de acceso al aborto y amenazas actuales” sostuvo que desde que se sancionó la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y Atención Posaborto, se ampliaron los derechos en materia de salud sexual y reproductiva. Al respecto, señaló que el escenario recibido por el Gobierno nacional debe ser un piso y no un techo sobre el aborto. Según relevó, en 2023 se reportaron 86.565 abortos en el sistema de salud público, en su mayoría realizados con medicamentos y antes de la semana 12 de gestación.
En ese sentido, el estudio informó que la tasa nacional de IVE e Interrupción Legal del Embarazo (ILE) fue de 8 abortos cada 1000 mujeres. Sin embargo, aseguraron que dicha cifra varía a escala provincial: las tasas más altas se registraron en San Luis y Jujuy.
De acuerdo al reporte, el acceso oportuno al aborto, con tecnologías adecuadas, con equipos capacitados y con menos estigmas y barreras se traduce en una mejora para el bienestar, la salud y la vida de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar. Para ejemplificar, se destacó la disminución de las muertes por aborto ocurrida, sobre todo, a partir de la sanción de la ley, al igual que los fallecimientos de mujeres por causas indirectas, ocasionadas por enfermedades preexistentes que se agravan por el embarazo.
Mercedes Krause, socióloga e investigadora del CEDES e IIGG-UBA, explicó: “Este comportamiento lleva a hipotetizar que un entorno normativo más habilitante, como el que se da al despenalizar social y legalmente la interrupción del embarazo, permite la búsqueda de atención más temprana y prácticas más seguras en las instituciones”.
Desde la sanción de la normativa se duplicaron los servicios de salud que garantizan abortos en Argentina, aunque es muy variable la cantidad de instituciones según las provincias, con un rango que varía entre provincias que tienen entre 2 y 4 servicios de IVE ILE cada 100.000 mujeres (Chaco, Santiago del Estero y Tucumán), y provincias que tienen entre 53 y 57 servicios de IVE ILE cada 100.000 mujeres (La Pampa y Mendoza). Además, en 2023 la gestión nacional distribuyó 166.164 tratamientos para el aborto con medicamentos, cuando en 2020, previo a la legalización, fueron 18.590.
Embarazo adolescente
Por otro lado, el proyecto registró un descenso de magnitud inédita en América Latina de la tasa de la fecundidad de las niñas de 10 a 14 años, embarazos donde intervienen situaciones ligadas al abuso sexual del entorno familiar cercano. La reducción fue del 57% para ese rango etáreo, mientras que en las adolescentes de 15 a 19 años disminuyó en un 50%, ambas situaciones observadas entre 2018 y 2022.
Al respecto, Silvina Ramos, socióloga e investigadora titular del CEDES, indicó que “este comportamiento es en buena medida resultado de la aplicación de políticas públicas articuladas entre sí, como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que fue desmantelado por el gobierno nacional actual, la Educación Sexual Integral (ESI) y la implementación de los servicios de IVE ILE”.
Un contexto que atenta contra los derechos
Sobre el contexto actual se expresó Mariana Romero, médica y directora ejecutiva del CEDES e investigadora de esa institución y del CONICET, quien sostuvo: “A nivel nacional, se perdió la rectoría en la política de aborto, lo que exige una mayor incidencia y un trabajo más dedicado en las provincias y con las autoridades locales”. “Observamos que la gestión actual significó un giro rotundo en la agenda de las políticas de género y un contexto político, cultural y mediático en el que se reavivaron discursos conservadores radicalizados”, detalló.
Esa situación se vio reflejada en el reporte anual del proyecto mirar según los datos que brindaron 18 provincias, en el que también analizaron el escenario político y jurídico del acceso a la IVE ILE. Ninguna autoridad nacional confirmó el compromiso con la continuidad de la provisión de insumos de salud sexual y reproductiva.
En tanto, en el ámbito judicial persiste la tendencia a preservar la constitucionalidad de la Ley 27.610. Si bien entre 2018 y principios de 2024 se presentaron 38 demandas contra el derecho al aborto legal, 35 fueron resueltas a favor de mantener las normas vigentes y las tres las restantes siguen pendientes de respuesta sobre su admisibilidad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En referencia a ello, Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora asociada del CEDES, manifestó: “Sobre estas últimas es relevante señalar que, si la Corte aceptara estas demandas, implicaría que se relajen los requisitos de ‘interés legítimo’ y ‘existencia de caso’. En consecuencia, cualquier persona podría solicitar la inconstitucionalidad de cualquier norma solo porque no está de acuerdo, sin tener una afectación directa de un derecho o un interés en juego”.