“Debe ser un derecho sostenido en la Argentina, que todo niño, niña, adolescente que está haciendo un tratamiento prolongado, que tiene una enfermedad crónica, pueda acceder al boleto sanitario gratuito para trasladarse, ya sea en transporte aéreo, ferrocarril, subte o colectivo”, afirmó el diputado nacional Daniel Arroyo, durante la presentación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
La iniciativa, surgida de la Red Boleto Sanitario Ya, busca garantizar el acceso a servicios de salud para menores de edad en situación de vulnerabilidad socioeconómica. “Para no ser pobre, una familia necesita $900.000, mientras que el salario mínimo es de $274.000. Con el aumento del transporte, muchas personas en situación de pobreza no pueden trasladarse sostenidamente. Esto debe ser universal para garantizar el acceso a todos los que lo necesiten”, destacó Arroyo.
El proyecto aborda las dificultades que enfrentan las familias para trasladarse a centros de salud, sobre todo en casos de enfermedades crónicas o tratamientos prolongados. Cabe mencionar que el mismo nació de la propia experiencia cotidiana de trabajadores sociales y profesionales de la salud y de la Justicia.
El Boleto Sanitario alcanzaría a niñas, niños y adolescentes de hasta 18 años de edad más un acompañante, y se aplicaría a recorridos nacionales, provinciales y municipales de corta, media y larga distancia. Para su acceso, está prevista la creación de un registro nacional que requerirá la presentación de un certificado.
Del acto, realizado este lunes 26 de agosto, participaron además representantes de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED), la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF), profesionales de los hospitales Garrahan y Gutiérrez, colegios de trabajadores sociales, el Frente por la Niñez y organizaciones defensoras de derechos de las infancias.
El boleto sanitario, un paso crucial
Alejandra Parrota, de la Red Boleto Sanitario Gratuito, destacó el esfuerzo de las trabajadoras sociales en impulsar este proyecto desde el 2020. “Desde entonces, observamos cómo el aumento de la pobreza y los costos de transporte afectan el acceso a la salud de niños y adolescentes. Este boleto no resolverá todo, pero es un paso crucial para garantizar ese derecho”, afirmó.
El alcance y las características del proyecto suscitaron el intercambio entre los asistentes. Mauro Stefanizzi, miembro de la AAdED, subrayó las dificultades que enfrentan las familias que deben trasladarse largas distancias para recibir atención médica, “Las personas electrodependientes necesitan energía eléctrica continua para vivir, y muchas veces no pueden costear viajes largos o en avión para recibir atención en hospitales especializados como el Garrahan”, explicó.
Soledad Arce, también integrante de la AAdED, compartió su experiencia como madre de Joan, un niño de 6 años electrodependiente. “Aunque tener una obra social es crucial, a menudo no garantiza el traslado, y la universalidad del servicio es vital”, sostuvo. En ese sentido, criticó la falta de adaptación en el transporte público y los desafíos económicos y logísticos que enfrentan las familias, como los cupos limitados en micros y trenes.
Por su parte, la directora de la FADEPOF, Luciana Escati Peñaloza, aportó datos sobre la complejidad de las diversas patologías. “Estamos hablando de 5.885 enfermedades distintas clínicamente definidas, según lo reconoce el Estado Oficial del Ministerio de Salud de la Nación”, detalló. Asimismo, enfatizó en la necesidad de coordinar estrategias nacionales para asegurar diagnósticos y tratamientos oportunos, y abogó por simplificar el proceso de certificación para mejorar el acceso a tratamientos y servicios esenciales.
En tanto, Anina Cabrera, de la Asociación Sin Fronteras a la Discapacidad (ASFAD), hizo hincapié en la importancia de considerar el contexto socioeconómico al tratar la discapacidad: “Trabajamos en la periferia del conurbano bonaerense, donde las enfermedades crónicas y la pobreza se entrelazan, agravando las desigualdades”. También destacó que el boleto sanitario gratuito es esencial para “saldar una deuda con los sectores más vulnerables”.
Marcelo Kowalczuk, en representación de los trabajadores sociales del conurbano bonaerense, advirtió: “El beneficio debe extenderse también a quienes tienen obra social, ya que la precariedad laboral afecta a muchos trabajadores registrados”. Además, resaltó la necesidad de abordar la reducción en la frecuencia del transporte público, que complica el acceso a estos centros médicos.
Laura Di Bella, presidenta del Consejo de Trabajo Social de la Ciudad de Buenos Aires, puntualizó: “El proyecto tiene que ver con el acceso a derechos”. En esa línea, instó a ampliar el debate a nivel nacional para fortalecer la legislación y asegurar su eficacia en todo el país. Luego tomó la palabra Ana María Álvarez, referente de la Red de Profesionales Celeste y Blanca, quien reflexionó: “Cuando hablamos de la dificultad de la accesibilidad, no es cierto que todos nacemos con derechos. Entonces, hay que trabajar mucho en la conciencia general”.
Para finalizar, el diputado Arroyo manifestó su confianza en que el proyecto pueda ser aprobado por unanimidad. El siguiente paso será la presentación formal del proyecto en el Congreso, con el objetivo de obtener el respaldo de legisladores de distintos espacios políticos para su tratamiento en comisiones y posterior debate en el recinto.