En Argentina desde hace 30 años se inventaron las prepagas, una propuesta única, que no existe en ningún otro país y que tienen como objetivo comercializar diversos planes de salud que brindan prestaciones médicas asistenciales, un sistema creado con un buen fin, que propone que una persona pague una cuota mensual y el privado tome ese dinero y lo vaya administrando, con ese volumen de pago, (que son muchos por mes y pocos los que lo usan), se socializa el esfuerzo, y ante un evento de salud o gravedad el costo de esa atención lo asume la empresa.
Reconozco que en momentos de responder ante la emergencia las grandes prepagas cumplen lo pactado, siendo serios y legales en sus funciones porque el problema acá no son las prepagos, el problema acá es el rol del Estado.
La salud en nuestro país está muy fragmentada, con muchos sistemas, nacional, provincial, municipal, obras sociales, privada, etc. Y es cada vez más un comercio y no un derecho.
Por ejemplo, en algunos negocios donde pagas 200 a 300 dólares durante 30 años te dan una montaña de dinero, acá pagas exactamente lo mismo en ese periodo de tiempo y están esperando que te mueras o te vayas, esto sucede porque en definitiva la lógica de maximizar ganancias y someterse solamente a la relación costo / beneficio que es lo que plantea la iniciativa privada, no aplica a la salud, la salud está mucho más en la esfera de la condición humana, es más compleja que la ecuación de la relación costo-beneficio de un privado. Es allí, donde el Estado debe intervenir y debe ordenar mecanismos para que una persona o grupo de personas que pagan ese dinero durante 30 años al final del camino no se conviertan en una carga para el empresario.
Es por esto, que si el Estado no puede cumplir con esa garantía de la salud, debería arbitrar organizaciones de carácter solidario sin fines de lucro, que sean las encargadas de llevar adelante este tipo de acciones. que tengan criterio de accesibilidad, que la gente lo pueda pagar, pero además debe reglarse que la primera condición es la LEGITIMIDAD DE SERVIR.
Estas organizaciones sin fines de lucro deben compartir la misma mirada de bien común que tiene el Estado, con estructuras que brinden espacios para la sociedad civil y cuenten con la representación de miembros de colegios, clubes, grupos religiosos y de la comunidad en general, que puedan tomar decisiones en conjunto generando un mix entre lo público y lo privado sin estar bajo la órbita del Estado pero compartiendo un mismo fin, donde la financiación y la administración serían igual que en el sector privado, pero la cabeza de conducción contendría de una manera más atractiva las necesidades en materia de salud.
Una mirada que comparte la Casa de Auxilio de Ramos Mejia, donde buscamos la participación activa de la sociedad civil para que sean protagonistas de la toma de decisiones en pro de garantizar un servicio distintivo, que destaque no solo en la calidad de sus prestaciones y su accesibiidad, sino en la atención humanizada para todos los miembros de la localidad.
Por esto, el Estado necesita establecer las reglas de juego, la ley está mal y en consecuencia entender que la salud no se debería manejar como si se tratase de un negocio, como poner una pizzería por ejemplo, no se le puede pedir a alguien que quiere poner un emprendimiento privado que busca maximizar sus ganancias que asuma ese rol, por el contrario debería transferirse a instituciones sin fines de lucro que asuman el compromiso de servir hasta las últimas consecuencias, hasta el último minuto de sus vidas garantizando las mejores prestaciones por un criterio de bien común.
No está legislado lo que estoy diciendo, habría que pensarlo, como encauzarlo, porque no es correcto que un empresario que hace 30 años atrás vio un nicho de mercado y encontró un negocio que es legal y el que no crítico esté esperando que me muera o que me vaya cuando no cumplo con su lógica de rentabilidad. Esto debe modificarse, porque sencillamente ese pensamiento NO ES HUMANO.