Cada tercer domingo de agosto, en Argentina, se celebra el día de la niñez. La fecha busca celebrar y promover sus derechos; sin embargo, en Latinoamérica, muchas niñas pierden su derecho a jugar y son obligadas a gestar.
Desde la organización “Niñas no madres”, destacan que “este problema resalta la exacerbada asimetría de poder que opera en la violencia sexual contra niñas”. Y agregan: “los embarazos forzados siguen siendo una de las formas de violencia más ocultas. Hablamos de una epidemia regional silenciosa”.
Niñas madres en cifras
Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), América Latina es el segundo rincón del mundo con las tasas más altas de partos de niñas menores de 15 años y la única con tendencia en aumento. En 2020, el 80% de las agresiones sexuales tuvieron como víctimas a niñas de entre 10 y 14 años, y aproximadamente 5 de cada 100 niñas dentro de este grupo etario dieron a luz.
Según datos del Ministerio de Salud, en 2021, había 700.000 nacimientos por año, de los cuales más de 3000 eran de niñas menores de 15 años. Sólo en 2017, 2493 niñas se convirtieron en madres, 506 tenían entre 10 y 13 años, mientras que 1987, apenas 14. En 2015, se registraron 45.968 egresos hospitalarios por causas relacionadas con abortos, de los cuales 414 fueron en niñas entre 10 y 14 años.
El porcentaje de mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años con hijes se redujo a la mitad entre 2010 y 2022. Los datos fueron publicados por el INDEC, a partir de los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022.
El censo también revela que el 42% de las chicas de 14 años que son madres no van al colegio. En cambio, el 95,3% de las adolescentes de esa edad que no tienen hijes sí asisten. Si se tiene en cuenta la actividad económica, se observa que el 28,6% de las chicas de 14 años que son madres, son mujeres económicamente activas: trabajan al menos una hora o buscan activamente un empleo.
En un país que habla de ajustes y recortes, cabe mencionar que el embarazo adolescente significa más gasto que su posible prevención. Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Estado argentino destina 200 millones de dólares para afrontar los costos asociados a la atención de embarazos y partos en adolescentes.
Mientras tanto, la gestión libertaria también desfinanció la compra de anticonceptivos. El presupuesto de este año del Programa de “Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable”, del Ministerio de Salud, presenta una disminución del 74% en términos reales en comparación con el año 2023. Además, el Ministerio de Salud ejecutó menos de lo que tiene disponible para gastar.
La importancia de la ESI
Si se trata de prevenir embarazos no deseados o de informar sobre violencia sexual, la Educación Sexual Integral (ESI) cumple un rol fundamental . Esta es un derecho de niñas, niños y adolescentes de todas las escuelas del país, según lo establece la Ley 26.150 sancionada en 2006.
La norma establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, propiciar un enfoque basado en derechos y el cuidado del cuerpo y la salud son algunos de sus ejes principales.
En la niñez, la principal causa de embarazo es el abuso sexual y, según las especialistas, el acceso a una Educación Sexual Integral de calidad puede ser una gran herramienta no solo para la prevención, sino también para generar espacios seguros. Según un relevamiento del Ministerio Público Tutelar porteño, el 80% de los niñes y adolescentes que denunciaron abuso sexual lo hicieron después de tener una clase de ESI en la escuela.
Las consecuencias de maternidades forzadas
La organización “Son niñas, no madres”, trabaja desde hace 5 años para visibilizar esta situación. “Cuando ponemos las necesidades de las niñas sobrevivientes de violencia sexual en el centro, somos capaces de comprender que una maternidad forzada no sólo tiene implicaciones en el presente, sino que les quita a las niñas la posibilidad de construir el futuro con el que han soñado”, expresaron.
Para la organización, en los embarazos en niñas menores de 14 años “se ha comprobado que la mayoría son resultado de la violencia sexual”. A su vez, afirman que “las agresiones sexuales son perpetradas principalmente por miembros de la familia o por personas de su círculo cercano”.
Según “Son niñas, no madres”, los embarazos en niñas menores de 14 años pueden traer diferentes consecuencias. Dentro de los impactos en la salud, un estudio regional determinó que la mayoría de niñas embarazadas sufrió complicaciones como anemia, náuseas, vómitos, infecciones urinarias o vaginales, entre otras.
En paralelo, estiman que niñas y adolescentes que dieron a luz informaron síntomas de depresión, ansiedad y estrés postraumático, en particular aquellas que han sido abusadas sexualmente. También afirmaron que 8 de cada 10 niñas y adolescentes embarazadas abandonan la escuela.
La importancia del Plan ENIA
Hacer que las niñas y adolescentes tengan más oportunidades depende, en gran parte, de sostener políticas para prevenir el embarazo no intencional. Entre ellas, en Argentina se destaca el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que cuenta con la participación de escuelas, servicios de salud y la comunidad.
En una entrevista con Página 12, Patricia Sotile, integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, explicó que “si bien el gobierno afirma que va a dar continuidad al Plan, preocupa cómo lo sostendrán sin el recurso humano, ya que fueron despedidas 619 personas que trabajaban en el ENIA en todo el país”. Del mismo modo, agregó: “a los despidos se suma un fuerte desfinanciamiento para la compra de insumos y una situación de restricción presupuestaria en las provincias”.
Frente al vaciamiento del Plan ENIA, en la Cámara Baja se presentaron dos proyectos para convertir el programa en ley. Una de las iniciativas es de la socialista Mónica Fein; la otra fue presentada por Silvia Lospenatto, con la firma de varios compañeros del PRO.
Si bien las dos iniciativas tienen diferencias, ambas determinan que desde Nación se establecerán los lineamientos generales que regirán el ENIA, se encargará de capacitar a los equipos técnicos de las provincias y municipios donde se desarrolle el Plan y les enviará los insumos necesarios para garantizar el acceso a anticonceptivos. Por su parte, en el Senado, el justicialista Oscar Parrilli también presentó un proyecto con el mismo espíritu, pero aún no fue tratado.