En el marco del Día de las Infancias, más de mil organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, y especialistas en niñez alzaron su voz en contra de la iniciativa del Gobierno Nacional que propone bajar la edad de punibilidad a los 13 años. El proyecto, presentado ante el Congreso para su tratamiento, busca modificar el régimen penal para adolescentes, una medida que, según las organizaciones, vulnera gravemente los derechos de los jóvenes y consolida la criminalización de las infancias más desfavorecidas.
El reclamo central de estas organizaciones apunta a los peligros de que adolescentes de 13, 14 y 15 años sean sometidos a procesos judiciales por delitos, lo cual generaría un aumento exponencial de causas penales y la posibilidad de encarcelamiento en prisiones junto a adultos. El proyecto permitiría condenas de hasta 20 años de prisión para adolescentes, algo nunca antes legalizado en Argentina. Esta legislación, advierten los firmantes, vulnera principios fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño y las leyes nacionales de protección de la niñez y adolescencia.
“Repudiamos que se emplee la cárcel como lugar de cumplimiento de penas para adolescentes, ya que está demostrado que el encierro en contextos carcelarios profundiza la violencia y no genera cambios subjetivos positivos”, expresa uno de los documentos presentados por las organizaciones.
Además, denuncian que esta medida no aborda las causas estructurales de la inseguridad, como la pobreza y la falta de oportunidades educativas y laborales. En un país donde siete de cada diez niños y niñas viven en condiciones de pobreza, las organizaciones argumentan que la estigmatización de los jóvenes como responsables de la delincuencia es una simplificación injusta que oculta la falta de políticas públicas orientadas a proteger los derechos de la infancia. Desde la llegada de Javier Milei al poder, las políticas de niñez han sufrido un recorte presupuestario del 75%, agravando la situación de vulnerabilidad de miles de niños y adolescentes.
Los datos oficiales, a los que se refieren las organizaciones, muestran que la participación de adolescentes en delitos es extremadamente baja: apenas el 0,057% de los jóvenes entre 13 y 17 años han cometido algún delito. En cambio, denuncian que son los adolescentes quienes más sufren la violencia institucional, el gatillo fácil, y las consecuencias de las políticas de ajuste económico.
El proyecto, que desoye observaciones de organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, promueve una regresión en los derechos adquiridos, reinstalando figuras jurídicas derogadas como el «patronato de menores», que habilita la internación indefinida de menores de 12 años en dispositivos residenciales.
En lugar de medidas punitivas, las organizaciones proponen la sanción de un régimen penal juvenil que respete los derechos humanos y que se enfoque en la inclusión social de los jóvenes en conflicto con la ley, garantizando su educación y reintegración en la comunidad. «Para nuestros pibes y pibas exigimos pan y educación, no cárcel y pobreza», concluye, llamando a la sociedad a unirse en defensa de los derechos de las infancias.
Este rechazo colectivo no solo es una crítica al proyecto de ley, sino una demanda urgente para revertir las políticas que han dejado a más de un millón de niños y niñas sin acceso a educación, oportunidades, y, en muchos casos, incluso a una comida diaria.