Cada acto que se produzca en la esfera mediática tiene una noción de la política, que se puede ver de manera directa o percibirse de modo implícita. Es el caso de la difusión de imágenes y chats de WhatsApp entre Fabiola Yáñez y la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero.
Pero lo peor que se puede hacer es practicar esa estrofa del gran tango Cambalache de Enrique Santos Discépolo: «en el mismo lodo, todos embarrados». Desde luego que cualquier situación que rodea la vida de un presidente en ejercicio escapa, como primera definición, a la idea de actos de la vida privada. No se hace de primer mandatario, se tiene esa condición, al menos durante 4 años.
Por lo tanto cada acción, omisión, silencio o dicho, forma parte de la mirada pública que se debe tener sobre quien ocupe ese lugar.
Pero la conducta de un mandatario, en este caso Alberto Fernández, no puede se atribuido a los miembros de su partido, de su frente político ni siquiera a la política en general.
La violencia de género, una de las derivaciones del patriarcado y al mismo tiempo un efecto de las relaciones de poder de una sociedad desigual, es transversal a todos los ámbitos sin diferencias. Para decirlo en término muy sencillos: hay tipos que fajan a mujeres en countrys, en las villas, en los barrios de la «clase media urbana» y en las poblaciones rurales, tanto en estancias de patrones como en ranchos de los peones.
Las causas de Alberto
Hay una serie de hechos que forman parte, a esta altura, ya no solo de una operación mediático-empresarial sino también de una causa judicial.
A Alberto Fernández se le imputan, en principio, lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género, una causa que tiene prevista una pena de 6 meses a 2 años de prisión. Como se sabe a esta altura, las fotos habrían sido tomadas entre el 12 y el 13 de agosto de 2021. Fueron las horas en las que se conoció la foto de la fiesta de cumpleaños de Fabiola en la Quinta de Olivos el 14 de julio de 2020, en pleno aislamiento producto de las medidas de cuidado impuestas por la pandemia de Covid-19.
De operar algún efecto prescriptorio, cuya aplicación depende de, por ejemplo, no tener otra condena, una lectura posible es que esa causa hasta podría darse por terminada. Pero en la Argentina judicial, la creatividad es parte de los procesos y nunca nada termina de ser extraño.
Los materiales conocidos en los últimos días, entre ellas dos fotos que en Nota al Pie no se publican, son derivaciones de una causa en la que se investigan tráficos de influencias y eventualmente actos de corrupción en torno a los seguros de organismos estatales.
La causa «de los seguros» la tiene el juez federal Julián Ercolini y de la revisión del celular de la secretaria de Alberto, cuyo marido es el personaje que «gestionaba» la intermediación de seguros con organismos del Estado, surgieron las fotos y chats en cuestión.
Pero una vez conocidas las imágenes y conversaciones, ocurridas en el mes de junio, se abrió una carpeta paralela y desde el juzgado se le propuso a Yáñez ampliar el tema con una declaración. Esa idea no fue aceptada por ella en un primer momento, pero luego de publicarse una nota periodística en el diario Clarín el domingo 4 de agosto, Yánez abrió el juego de la denuncia, que se formalizó el viernes con la designación (por sorteo), del mismo juez Ercolini.
Este magistrado federal fue denunciado por Alberto mientras era presidente, por la historia del viaje secreto a Lago Escondido, del que Ercolini fue parte e ideólogo del ocultamiento.
Alberto y Ercolini compartieron cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y ahora, de no mediar cambios en la dirección de la gestión de la causa, estarán de distintos lados del mostrador del pleito judicial.
Se supo que Alberto quiere que el caso esté en la justicia federal de San Isidro, que tiene jurisdicción sobre la Quinta de Olivos. Allí está la jueza Sandra Arroyo Salgado, expareja de Alberto Nisman, el fallecido fiscal especial de la Causa AMIA. Pero también es cierto que, al margen de la condición presidencial, el tipo de delito cuadra más para una investigación de la justicia ordinaria que de la federal.
Los próximos pasos serán las declaraciones de ambos y el comienzo formal de la causa. Por ahora lo que hay son notas cruzadas (una de Infobae a Fabiola Yánez y dos de Alberto que al momento del cierre de esta nota no fueron publicadas: al diario español El País y al sitio El Cohete a la Luna).
Además, desde luego, una especie de cadena nacional en la que se mezclan los especialistas con las posturas histéricas de la lógica panelista.
Lo que la foto de Fabiola dice y lo que tapa
El impacto de la violencia de género no puede limitarse a la obscena repetición de una imagen, que no aporta absolutamente nada más que revictimización de la propia Fabiola y el morbo que los empresas de medios creen necesario para ganar ratings y clics.
Pero una escena sola no explica la secuencia, como una situación tampoco tapa a otra. La política es también eso, la idea de explicar la vinculación entre los fenómenos que se presentan como aislados.
Si en esta época el discurso dominante se monta sobre hechos repudiables como la violencia de género, perdemos de vista que no es con menos política que se sale de esas situaciones. No es con menos Estado, con menos debate, ni con menos participación popular. Justamente ese es el camino, para que la disputa de sentido sea amplia y horizontal y no el revoleo de causas, en este caso de golpes de un hombre que fue presidente a su pareja y mamá de su pequeño hijo.
Porque también queda claro que, mientras se desarrolle la causa y que ojalá, por Fabiola y simbólicamente por todas las víctimas de la violencia machista, patriarcal y de poder se haga justicia, los piñazos del brutal ajuste, que está configurando una de las peores crisis socio-económicas de la historia argentina, nos lo comemos las mujeres, los hombres, los viejos y los pibes del pueblo.